- La diputada Patricia Mora Castellanos pedirá se investiguen las denuncias por ocultamiento de listas de beneficiarios, préstamos otorgados a directivos y cambios en las condiciones de los contratos.
Representantes de un grupo de 60 estudiantes afectados por el festín con los recursos del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAETSUTP) denunciaron esta tarde graves hechos que constan en Actas de la Junta Directiva en su poder. Los estudiantes organizados calculan en más de 500 el total de personas afectadas.
Las denuncias incluyen casos de directivos que se adjudicaron préstamos, financiamientos dados a personas que no cumplían los requisitos, inexistencia de una lista completa de beneficiarios y principalmente, cambios en las condiciones de los contratos que tienen a muchos de ellos al borde de perder propiedades.
“Tenemos el caso de Antonio Araya Madrigal, quien era Director del Fondo y se adjudicó un préstamo por 1,600.000 colones o el de Betania Seas, quien siendo presidenta del Fondo, solicitó un beneficio por más de 3 millones de colones. Las actas también dan cuenta de personas que no cumplían con el requisito de ser de escasos recursos, pues aparecen personas que ocupan puestos de gerencias, entre otros. Tampoco existe una lista completa de beneficiaros”, dijo Mari Triny Cernas Rodríguez, una de las afectadas directas.
El festín con estos fondos salió a la luz cuando en el año 2011 la Contraloría General de la República señaló que el FAESUTP había actuado contrario a la ley al gastar 2320 millones de colones correspondientes del capital semilla, que debían mantenerse incólume a efectos de darle sostenibilidad y mantenimiento al mismo. Por este hecho, la CRG inhabilitó al Consejo Directivo, dentro del cual figuran varias personas vinculadas al Partido Unidad Social Cristiana.
Pero las anomalías no terminaron. El nuevo Director Ejecutivo del FAESUTP, Christian Porras Fernández comunicó a los estudiantes la aplicación de un Reglamento de Financiamiento de Becas, según el cual se reduce el tiempo de estudio y los plazos para pagar, pasando de 240 cuotas a 140 cuotas. También se ordena ejecutar las acciones de cobro sobre los préstamos otorgados
“Este Reglamento de Financiamiento de becas ni siquiera es legal ya que lo confeccionó el Consejo Directivo cuando por ley establecía que debía de ser el Poder Ejecutivo”, dijo al respecto Marilyn Cernas, otra de las afectadas.
Los estudiantes señalan que este Reglamento violenta sus derechos, pues les cobran sumas que no constan en los contratos que firmaron y son superiores a lo pactado. Como ejemplo, está el caso de una estudiante que recibió del Consejo Directivo la aprobación del monto solicitado por ₵6.216.800 (así consta en actas en poder de los denunciantes). Sin embargo, el FAETSUTP conduce a la estudiante a firmar un contrato por un monto de ₵9.325.200, al finalizar sus estudios dicha estudiantes recibe un documento denominado finiquito y en el cual constan los montos desembolsados por una cantidad de ₵19.715.000. En este caso, la cuota inicial pactada pasó de ₵38.855 a ₵ 235.000 a pagar de manera mensual, es decir un aumento del 580%.
Para la Diputada Patricia Mora Castellanos las denuncias son graves y los jóvenes afectados han aportado pruebas documentales que sostienen sus denuncias. “Acuerpamos esta denuncia y mocionaremos ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, para que se abra una investigación sobre el manejo de los fondos de FAESUTP. Urge sentar las responsabilidades pertinentes. Desde el Frente Amplio denunciaremos cualquier malversación y lucharemos contra el clientelismo político con los recursos del Estado”, señaló.
Los jóvenes denunciaron que debido a su interés por dar a conocer este caso han recibido llamadas anónimas donde se les amenaza con cobros judiciales, embargos de bienes y otras medidas de presión. “Formalmente nos han pedido que conciliemos, pero nosotros lo que queremos es que se cumplan los contratos que firmamos, se den a conocer las listas totales de beneficiarios, se termine la intimidación y se tomen las medidas legales correspondientes contra los responsables”, señaló Mary Trini Cernas.
