Se terminará subsidiando un monopolio privado que desplazará a JAPDEVA
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, advirtió que existen “peligrosas similitudes” entre las concesiones de las terminales de contenedores en los puertos de Moín, Limón, y El Callao, el principal puerto del Perú, ambas adjudicadas de manera apresurada al mismo oferente, la compañía holandesa APM Terminals.
Además, el parlamentario hizo ver que, luego de las recientes elecciones generales en el Perú, se está considerando anular o revisar la concesión, atendiendo a las denuncias y argumentos en contra de lo actuado por el Gobierno del Presidente Alan García, presentadas por especialistas, gremios empresariales, autoridades políticas, militares en retiro, sociedad civil y hasta por la propia Marina de Guerra del Perú.
En el caso peruano, el 18 de marzo pasado la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) presentó una demanda de nulidad de la concesión del Terminal Norte del puerto de El Callao, argumentando que liquidará a la Empresa Nacional de Puertos, equivalente a la Junta Desarrolladora de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en el caso de Moín, Limón.
Además, la FENTENAPU ha advertido que el concesionario de otra terminal de El Callao, la empresa DP World, podría presentar una demanda multimillonaria contra el Estado peruano, debido a que el contrato pactado con su competidora, APM Terminals, “le otorga más de $100 millones en subvenciones directas, con lo cual rompe las reglas de juego de la competencia igualitaria”.
Al final, se estaría propiciando un monopolio controlado por la transnacional holandesa en el puerto más importante del Pacífico sudamericano.
“En Costa Rica se corre el mismo riesgo, porque el contrato de la Concesión establece que, en su Fase 2, todo el tráfico que esté manejando JAPDEVA pasará a ser administrado por APM Terminals”, explicó el diputado Villalta. “Esto prácticamente decretará la muerte de JAPDEVA”, agregó.
Además, mediante una suerte de adendo al contrato de la Concesión, plasmado en el Acuerdo No. 018-MOPT-H, del 1 de marzo de 2011, por la Presidenta de la República, el MOPT y el Ministerio de Hacienda, se aceptaron 15 condiciones adicionales a APM Terminals, por las cuales se le permite a esta empresa usufructuar de infraestructura pública y otras ventajas, a cambio de una rebaja de $23 en la oferta de la tarifa del servicio de contenedores, la cual de todos modos había sido criticada por el sector empresarial costarricense por ser excesivamente alta y estar calculada sobre la base de proyecciones irreales del tráfico de exportaciones piñeras y bananeras.
Entre las ventajas adicionales concedidas a APM Terminals se encuentran que esta empresa no tenga que utilizar sus propios recursos para el dragado del muelle de Moín, pues esta tarea la realizará RECOPE; además, tendrá acceso a los equipos, servicios y demás recursos de JAPDEVA; el Estado se compromete a “lograr un ágil proceso de aprobación” de los permisos que sean necesarios con las distintas instituciones públicas; el Estado otorgará un área de trabajo de 10 hectáreas al Concesionario y asumirá, para ello, “la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios”.
Adicionalmente, se aceptó permitir anticipadamente a APM Terminals la puesta en servicio provisional del primer puesto de atraque, con lo cual la afectación a JAPDEVA también se anticipará.
La Adiministración también se comprometió con APM Terminals a permitir y facilitar el cambio de lugar donde se construirá la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), según se reconoce en el propio Acuerdo No. 018-MOPT-H, porque “en la actualidad no existen estudios de suelo que certifiquen que la localización conceptual de la TCM es la más óptima de conformidad con las realidades geográficas del área de concesión.”
“Esto es una barbaridad –enfatizó el diputado Villalta-. Ya vimos las consecuencias de permitir que el Concesionario de la carretera San José-Caldera trabajara sin estudios actualizados. Y, ahora, se reconoce sin tapujos que se adjudicó una concesión millonaria en Moín, cuando ni siquiera existen estudios básicos del suelo marino. No quiero imaginar las consecuencias que esto puede tener para el país. Y sí puedo imaginarme al Concesionario pidiendo un reequilibrio financiero del contrato, cuando nos digan que el cambio de ubicación de la Terminal resultó costoso”, advirtió Villalta.
El parlamentario del Frente Amplio también comparó la diligencia y la premura con la que se terminó adjudicando la concesión a APM Terminals en Perú y en Costa Rica. “En el primer caso, el gobierno de Alan García corrió a otorgarla antes de las pasadas elecciones y, en Costa Rica, el cartel de licitación se fue modificando a la medida de AMP Terminals, que terminó siendo el único oferente interesado, luego de que ocho empresas se presentaran inicialmente”, denunció.
Finalmente, el diputado hizo ver que, con estas acciones, se favorece a la transnacional APM Terminals frente a las pocas otras que aspiran a controlar el mercado portuario mesoamericano.
Según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, en México, Centroamérica y el Caribe, únicamente cuatro “operadores globales” controlan el 50% del tráfico portuario de la región. Ellos son las transnacionales HPH, SSA, APM Terminals y Evergreen, que tienen presencia en los 16 puertos más importantes de Mesoamérica.
