Nemagón: una lucha actual por afectaciones de hace más de 30 años
Cerca de las 12:30md, de éste miércoles, la Fracción del Frente Amplio, representada por Patricia Mora, diputada y presidenta de Partido, junto a Edgardo Araya, actual jefe de fracción del mismo, se presentaron a dialogar con las decenas de ex trabajadores bananeros y sus familias, que desde horas de la mañana se manifestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa exigiendo su indemnización por las afectaciones que el Nemagón ha causado en su salud.
La Diputada Mora Castellanos enfatizó su preocupación por que el proyecto no cuenta con el apoyo de las otras fracciones, expresando su compromiso de pedir en el plenario del día de hoy una dispensa de trámite, invitando así, a las y los manifestantes a entrar a las barras y evidenciar quienes son las diputadas y diputados que obstaculizan su indemnización.
La Presidenta del Frente Amplio expresó, con vehemencia, que el FA ha sido firme en su posicionamiento frente a la situación actual de dichas indemnizaciones, resaltando el papel de José Merino y José María Villalta, quien elaboró el proyecto de ley 18802 en el cual se plantea una reforma a la ley actual, rechazando el examen médico como requisito para la indemnización y en su lugar proponiendo la indemnización por el solo hecho de exposición al químico por un monto único exacto, mediante proceso de demostración de haber trabajado en las bananeras durante el período que el químico fue utilizado.
Por su parte, Edgardo Araya Jefe De Fracción planteó que la posición del Frente Amplio es clara, revelando que de 11 diputadas y diputados en la Comisión de Sociales, solo los 2 representantes del Frente Amplio se manifiestan en apoyo a la reforma, a la vez desmintió las afirmaciones negativas de las que ha sido objeto el partido en relación con el tema.
Dentro de la reforma propuesta por el Frente Amplio, se plantea la responsabilidad del Estado costarricense, que permitió la importación y utilización de este químico tóxico en Costa Rica, sin cumplir con las obligaciones constitucionales de proteger la vida y la salud de las personas que habitan el territorio nacional y por ello se obliga al INS a pagar las indemnizaciones.
