El Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, reiteró sus objeciones de fondo al proyecto de ley de “Reformas a la Ley de Marinas”, en la consulta de constitucionalidad del expediente 14.836, que firmó junto a la fracción del Partido Acción Ciudadana, y se presentó el día de hoy a la Sala Constitucional.
Según el legislador, bajo la excusa de “simplificación de trámites”, este proyecto de ley promueve “la desprotección de las zonas costeras y la eliminación de controles ambientales, en perjuicio de las comunidades, para facilitar la construcción de 22 marinas y atracaderos turísticos”. El Diputado Merino consultó los siguientes aspectos, que considera perjudiciales para el país y para la población:
-El proyecto de ley permite otorgar concesiones a particulares sobre bienes de dominio público como el mar territorial y la zona marítimo-terrestre, sin que los concesionarios cuenten con la aprobación previa de una evaluación de impacto ambiental sobre los proyectos que pretenden construir. Hoy en día no se pueden otorgar estas concesiones si los interesados no han obtenido antes la viabilidad ambiental de sus proyectos. Con este cambio se les otorgarían derechos adquiridos sobre bienes públicos antes de que demuestren que lo que pretenden hacer con nuestras zonas costeras es viable ambientalmente.
-Se trata de una reforma inconstitucional, que reproduce la redacción del tristemente célebre artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y que fue anulado por la Sala Constitucional. Lo más grave es que esta reforma favorece a los inversionistas extranjeros en la utilización del TLC para demandar al país por sumas millonarias antes tribunales arbitrales internacionales cada vez que consideren que una decisión del Estado afecta sus intereses.
-De aprobarse el proyecto, los inversionistas tendrían un arma poderosa para chantajear a las autoridades nacionales en caso de que resuelvan que sus proyectos no son ambientalmente viables. En la actualidad únicamente son titulares de una expectativa de derecho que no se ha concretado aún, por no haberse cumplido con todos los requisitos ambientales exigidos para obtener una concesión. Pero con la reforma podrán alegar que se violan sus “derechos adquiridos” o que se les está “expropiando” si la SETENA rechaza sus estudios de impacto ambiental.
-En el transitorio II del proyecto se establece que las marinas y atracaderos turísticos que en la actualidad se encuentren operando sin los permisos respectivos, es decir, de forma ilegal, quedarán eximidos de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental para ponerse a derecho, ignorando que podrían estar causando daños gravísimos e irreversibles al ambiente. De esta forma, se premia a los dueños de marinas que violaron la legislación ambiental del país.
-Solo se busca darle mayores privilegios a los inversionistas, pero no se establecen medidas para proteger a las comunidades afectadas por megaproyectos de marinas. El proyecto aumenta de veinte a treinta y cinco años el plazo máximo de duración de las concesiones de marinas y atracaderos turísticos, incrementando notablemente el tiempo en que las poblaciones locales quedarán imposibilitas de disfrutar libremente de las zonas costeras.
