-Informe de Contraloría General de la República señala graves violaciones a la ley e incumplimiento de deberes para favorecer grupo de empresarios.
-Contraloría comprueba que MINAE y AYA le ocultaron informe técnico de SENARA al pueblo de Sardinal.
El Diputado José Merino del Río presentó ante el Ministerio Público denuncia penal contra Ricardo Sancho, Presidente Ejecutivo de AYA por delitos de prevaricato, desobediencia a la autoridad, influencia en contra de la hacienda pública y ocultación de documentos por graves irregularidades y violaciones a la ley cometidas en la aprobación del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, al que se ha opuesto con razón y valentía la comunidad de Sardinal de Carrillo.
Estas irregularidades quedaron al desnudo en el más reciente informe de la Contraloría General de la República Nº DFOE-ED-22-2008 de 21 de noviembre de 2008, que confirma las denuncias del pueblo de Sardinal sobre las actuaciones ilegales de estos funcionarios para favorecer los intereses privados de un grupo de inversionistas, en perjuicio del ambiente, la hacienda pública y los derechos de las comunidades locales.
De acuerdo con el diputado José Merino es particularmente grave que el informe de la Contraloría prueba que el Ministro Dobles le ocultó al pueblo de Sardinal información esencial sobre el estado real de los mantos acuíferos de la zona, en la audiencia pública celebrada el pasado 9 de noviembre. “El Ministro Dobles fue a decirle a la gente que hay agua suficiente para los megaproyectos turísticos. Pero intentó engañar a la población ocultándole un estudio técnico de SENARA que señala que se requieren más estudios y que hay fuentes de agua que se encuentran en estado de sobreexplotación. Es una vergüenza”, denunció el diputado Merino.
Otras actuaciones ilegales del funcionario denunciado, señaladas en el informe de la Contraloría y que, en criterio del Frente Amplio, constituyen sendas conductas delictivas son las siguientes:
-El AYA autorizó las obras sin contar con estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua.
-Violando la ley, el AYA ejecutó el proyecto del acueducto “sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin.”
-El AYA no cumplió con su obligación de fiscalizar que los inversionistas cumplieran con los trámites, permisos e impuestos municipales. Por el contrario, de forma indebida gestionó permisos a favor de los inversionistas en perjuicio de la hacienda municipal.
-El AYA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto sin contar con la viabilidad ambiental, en violación de la Ley Orgánica del Ambiente y por si fuera poco, asumió obligaciones y responsabilidades ambientales de los inversionistas.
-El AYA otorgó cartas de disponibilidad de agua mediante actos ilegales, incumpliendo disposiciones de su propia Junta Directiva.
