-Permitir donaciones de personas jurídicas o extranjeros a partidos políticos fomentaría dádivas provenientes del lavado de dinero.
-PLN usa recursos para promover la impunidad de cuestionados.
La Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad en contra de varios artículos del Código Electoral, entre ellos el que prohíbe que extranjeros o personas jurídicas hagan donaciones a los partidos políticos, lo cual sería un retroceso muy peligroso que podría permitir que se reciban donaciones provenientes de fuentes ilegales como el lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado y hasta de grupos que tienen interés específicos.
La prohibición actual es necesaria pues al permitirse estas donaciones, se permite la injerencia de otros países o intereses en la política nacional y se fomenta el ingreso del narcotráfico, del lavado de dinero, de las redes de crimen internacional. “Pareciera que al eliminar esta prohibición es lo que están buscando”, señaló el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta.
La acción la interpuso Herman Mora, apoderado del extesorero liberacionista Jorge Walter Bolaños, investigado por el Ministerio Público, tras la denuncia interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la que también figuran los diputados liberacionistas Óscar Alfaro y Antonio Calderón, este último además es Secretario General del PLN.
“Es vergonzoso que el PLN use recursos para promover la impunidad de funcionarios y políticos cuestionados por delitos electorales, están tratando de bloquear la normativa para impedir que el TSE pueda ejercer los controles sobre el financiamiento ilegal en la próxima campaña, esto es congruente con la actitud de Johnny Araya quien presentó varios recursos para impedir que la Contraloría General de la República pueda sancionar funcionarios públicos incluyéndolo a él y así parar una sanción que le han dictado; lo que va en la línea de fomentar la impunidad y abrirle las puertas a la corrupción, contrario a lo que pide el pueblo de Costa Rica”, señaló Villalta.
“Las donaciones de personas jurídicas, deben prohibirse porque cuando son sociedades anónimas se violenta el principio de transparencia y de publicidad ya que es difícil o imposible saber quién está detrás de la donación. Históricamente han usado personas jurídicas para encubrir a quien pone la plata y esto es muy peligroso porque se pueden usar para recibir donaciones provenientes de actos ilícitos o de sectores que tienen intereses en que el Gobierno”, expresó Villalta.
Comunicado del 15 de junio de 2013.
