Diputado José María Villalta
El 31 de julio volvimos a marchar, esta vez acompañando a las y los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes salieron a las calles para exigir la aprobación del proyecto de ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos (18.070). Esta iniciativa busca establecer un cobro diferenciado (80% más bajo) en la valoración de los terrenos dedicados a la agricultura y la ganadería para efectos del cobro del impuesto de bienes inmuebles, y así evitar cobros excesivos y confiscatorios que están afectado a las y los pequeños agricultores de todo el país.
La posición del Frente Amplio es de total respaldo a esta justa aspiración del sector agropecuario. Eso sí, exigimos que el beneficio sea únicamente para pequeños y medianos productores no así para las grandes empresas trasnacionales, monocultivos y latifundios como las bananeras y las piñeras. El proyecto es necesario porque la nueva tabla que están utilizando las municipalidades para valorar los terrenos y definir el cobro del impuesto comete graves injusticias. Se basa en criterios urbanísticos de manera que, en muchos cantones, a las y los agricultores se les cobra como si fueran parte del negocio del “boom” inmobiliario o los megaproyectos turísticos, aunque su actividad siga abandonada y en crisis. Por eso marchamos con las y los agricultores y expresamos nuestro apoyo. Incluso denunciamos la contradicción de que no se quiera establecer un cobro diferenciado para pequeños agricultores, pero el Gobierno de los hermanos Arias si haya corrido a rebajar los impuestos a los hoteleros de Papagayo.
Sin embargo, también hemos expresado reiteradamente que el expediente 18.070, tal y como fue dictaminado, requiere de algunas correcciones y mejoras. Se estableció un cobro diferenciado para toda actividad agropecuaria sin discriminar entre pequeños y grandes productores, lo que equivale a reducir considerablemente los impuestos municipales que tendrían que pagar las grandes plantaciones y los latifundios de poderosas trasnacionales y tagarotes locales. Y eso es inaceptable. El principio de justicia tributaria exige que los ricos paguen más impuestos, no que se los rebajen. Resulta indefendible que pretendan reducir tributos a empresas como PINDECO o el Ingenio Taboga o a trasnacionales como las piñeras, que sistemáticamente violan los derechos humanos, pagan salarios de hambre, tienen deudas millonarias con la CCSS y ocasionan graves daños ambientales. Por eso hemos presentado varias mociones para que el proyecto se concentre en pequeños y medianos productores, excluyendo a los grandes.
Este debate ha monopolizado la agenda del Plenario en las últimas semanas y está polarizándose. Las peores injusticias y contradicciones del modelo neoliberal salen a la luz. En las barras hay un duelo constante entre agricultores y representantes de las municipalidades que resultarían afectadas con los rebajos impositivos. En este contexto, la posición del Frente Amplio está siendo aprovechada por algunos politiquerillos, como el diputado Gamboa del PAC, que intentan manipular a las y los agricultores diciéndoles que estamos en contra de apoyarlos. También, como denunciamos en Plenario, es lamentable ver como las trasnacionales y los grupos más poderosos se escudan en los pequeños productores para intentar obtener un privilegio injustificado. A más de uno lo están utilizando. De hecho, estamos presenciando un pleito entre “los de abajo”: campesinos desesperados peleando con municipalidades pobres, mientras los tagarotes ven “los toros desde la barrera” muertos de risa. Por eso, es muy importante que las y los compañeros del Frente Amplio tengan clara esta situación y nuestra posición y nos ayuden a explicarla en sus comunidades.
Cápsula informativa Frente Amplio en la Asamblea