-El Banco Popular y de Desarrollo Comunal financió una y otra vez la adjudicación de agencias que quebraron sistemáticamente
-Diputado Villalta exige investigaciones a la SUGEF y al Banco Popular
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, denunció la posibilidad de que existiera tráfico de influencias entre la Corporación PIPASA S. A. y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debido a un acuerdo entre ambas partes por el cual este banco de interés público financió una y otra vez la adquisición de las franquicias de esa compañía, en diversos puntos del país.
Cuando ocurrieron los hechos, esa Corporación era propiedad del Grupo SAMA, en el cual tiene una participación el Expresidente Óscar Arias y, hasta hace poco, también la Conferencia Episcopal católica. Actualmente, la empresa ha sido adquirida por la estadounidense Cargill.
En sus oficios dirigidos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y a la gerencia y Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el diputado explica que las agencias administradas por hombres y mujeres emprendedoras con los préstamos del Banco, quebraron sistemáticamente, pero aún así este continuó entregando préstamos a nuevos franquiciantes a cambio contratos que mantenían las mismas condiciones que produjeron las quiebras anteriores. Las personas emprendedoras se encuentran endeudadas con el banco y corren el riesgo de perder las viviendas que hipotecaron para respaldar estos créditos.
Incluso, siete de estas personas emprendedoras han interpuesto, ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, una demanda en la que solicitan la nulidad absoluta de los contratos de franquicia firmados.
A partir de esos contratos, la relación con la empresa terminó por demostrar las siguientes anomalías, según se argumenta en esa demanda judicial:
1- Al comenzar el negocio, varios integrantes de la cartera inicial de clientes eran quitados a la Agencia por distintas razones, sin embargo, sí eran reportados al comprador de la franquicia y al Banco, lo cual impactó negativamente en las ventas del negocio.
2- Diariamente la persona franquiciada debía depositar a la Compañía un 79% del total de las ventas, mientras que el 21% restante era, en teoría, la ganancia. Sin embargo, se logró comprobar que en realidad este sistema no generaba el resultado prometido, pues, en la práctica, las personas emprendedoras debían vender el 118% o el 121% para cubrir el costo real de las facturas.
3- Luego de varios meses de dejar acumularse pérdidas, la empresa reportó a las personas franquiciadas que debían grandes cantidades de dinero por el atraso en el pago de facturas, por lo que les exigió realizar arreglos de pagos mediante la firma de letras de cambio por montos, en algunos casos, millonarios. Es decir, entre más vendía una franquicia, la deuda aumentaba. Este parecería ser el verdadero negocio para la compañía.
4- En los contratos se establecía que el atraso del pago de facturas en un plazo de 15 días era causal de rompimiento de contrato. Sin embargo, muchas de estas
facturas tenían meses de atraso de períodos incluso superiores al año, pero la compañía lo permitió, antes de exigir la firma de letras de cambio por las deudas.
5- Por lo anterior, la rentabilidad de las franquicias rondaba realmente el 9% o el 11%, lo que hizo imposible para las personas emprendedoras obtener la ganancia prometida por la empresa al momento de adquirir las franquicias, así como les impidió cumplir con las obligaciones asumidas con el Banco Popular.
6- A las personas franquiciadas se les presentaron proyecciones según las cuales en el término de dos a tres años estarían canceladas las deudas con el Banco Popular. Sin embargo, hoy, el estado de esas cuentas con el Banco se encuentra prácticamente en el mismo nivel que al momento de adquirir las deudas.
7- De este modo, un total de 18 franquicias nunca fueron rentables, y han quebrado sistemáticamente.
El diputado Villalta demandó tanto a la SUGEF como a las autoridades del Banco Popular mantenerlo informado sobre los avances en las investigaciones que les solicitó iniciar.
“Preocupa que, en este caso, el Banco Popular haya actuado ignorando las regulaciones para financiar reiteradamente operaciones no rentables destinadas a fracasar ¿A quién buscaban favorecer las autoridades del Banco con su permisiva gestión de este mal negocio? ¿Cómo es que para un emprendedor o emprendedora es difícil obtener créditos, pero aquí se financiaron fácilmente, y en más de una ocasión, negocios que ya habían demostrado no ser rentables?”, cuestionó el parlamentario.
