- La medida, impulsada por la diputada Mora Castellanos, señala que el proceso que dio origen al CTP está plagado de vicios y acciones fraudulentas.
- Se pide declarar la inconstitucionalidad de 19 artículos de la Ley de Taxis 7969, con el consiguiente cierre definitivo del Consejo de Transporte Público y el traslado de sus funciones al MOPT.
Este jueves la diputada frenteamplista Patricia Mora Castellanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra la creación del Consejo de Transporte Público (CTP); señalando que el texto final de la Ley de Taxis que creó el Consejo violentó el principio de conexidad en relación con los derechos de iniciativa, de enmienda, de participación política, del principio democrático, del deber de consulta y del principio de publicidad.
De acuerdo con el documento, el proceso que dio origen al CTP está plagado de vicios y acciones fraudulentas. Al momento de su ingreso en la corriente legislativa en 1999, se le dispensó del trámite de publicación y posteriormente, se conformó una Comisión Especial que en cuestión de días introdujo un texto sustitutivo completamente distinto al objeto de la ley, en el cual se hace referencia a todo el transporte público, se le quitan competencias a la ARESEP y se propone el CTP, conformado por representantes de los empresarios, con un presupuesto y personería jurídica propios e independientes del Ministerio de Obras Públicas.
Para la diputada Patricia Mora, este cambio no tenía nada que ver con la Ley de Taxis y se constituyó en un ejercicio abusivo del derecho de enmienda por parte del Poder Legislativo. “Un proyecto de ley que pretendía regular aspectos concretos del servicio de taxi se utilizó para introducir cambios estructurales a la regulación de todos los servicios de transporte público remunerado de personas -servicio de autobuses incluido- afectando a cientos de miles de personas usuarias que no tenían ni idea de que servicios tan importantes para ellas se pretendían regular por esta vía”, señaló.
Con respecto al CTP, el espíritu original de la Ley es que existiera dentro del MOPT una oficina técnica e imparcial para la regulación del servicio de taxis, pero el texto sustitutivo terminó creando un órgano de desconcentración máxima y financiamiento propio, con funciones de política pública y de conformación mixta de carácter corporativo. “Lo que crearon es un adefesio que funciona como una cámara de empresarios transportistas. Los autobuseros, que debían ser regulados, terminan tomando las decisiones como juez y parte. Esa forma de trabajo corporativa ha devenido un accionar casi de mafias y es completamente opuesto al espíritu original de la Ley”, indicó la diputada.
En la petitoria de la acción, se pide a la Sala se declare la inconstitucionalidad de 19 artículos de la Ley de Taxis que dan sustento al CTP y que el personal y los recursos económicos y materiales de esta entidad, ingresen nuevamente al Presupuesto Nacional, para ser asignados de acuerdo con la planificación y necesidades del Ministerio de Transporte Público. Finalmente, se pide que en tanto la Sala Constitucional resuelva, no se emitan resoluciones vinculadas a las normas impugnadas.
“Si se valora la conveniencia y oportunidad de contar con una entidad que regule todo el sector de transporte público, pues le corresponderá a la Asamblea Legislativa emitir una nueva legislación, que deberá hacerse respetando los principios constitucionales que rigen el procedimiento parlamentario. Pero a este CTP que tenemos ahora, se le tiene que acabar la fiesta”, finalizó la legisladora.
