El Diputado José Merino del Río presentó un proyecto de Ley para derogar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), que se tramitará en la corriente legislativo bajo el expediente número 17.266.
La DIS fue creada en 1994 y está adscrita al Ministerio de la Presidencia, pero según el Diputado Merino “es un cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas, al servicio de oscuros intereses, que poco o nada tienen que ver con la seguridad del Estado Democrático y Social de Derecho”.
“Los resultados de su gestión cada vez son más criticados por amplios y diversos sectores de la sociedad costarricense, que han llevado a cuestionar su existencia y a considerarla un peligro para la democracia”, añadió el legislador del Frente Amplio.
Sectores políticos y populares desde hace bastantes años vienen denunciando las actividades de espionaje y persecución de la DIS, no para defender la democracia, sino para perseguir a los opositores al gobierno de turno, o a las personas críticas con un orden que consideran injusto.
“Hace unos días los costarricense fuimos testigos del escándalo que estalló por haber descubierto el Ministerio Público y el OIJ, una trama criminal en la que un alto funcionario de la DIS, aprovechándose de su cargo, hizo uso de datos privados para extorsionar a ciudadanos”, recordó Merino del Río.
Incluso el propio fiscal general, Francisco Dall`Anasse, llegó a considerar a la DIS “una policía política”, que no tenía justificación en un Estado de Derecho, que además nadie sabe lo qué hace en pro de la seguridad del país y concluye en manifestar que “urge una decisión política para bien de los costarricenses: eliminar de una vez por todas la DIS”.
“El Frente Amplio comparte las manifestaciones del fiscal general en tanto los y las costarricenses merecemos policías controlados, subordinados a las autoridades y dedicados a la protección de todas las personas, garantes de las libertades individuales, los derechos humanos y del Estado de Derecho” dijo el Diputado Merino.
A la DIS se destina un presupuesto enorme: en el 2007 fue de ¢ 1.807.083.736; en el 2008 ¢2.177.535.000 y para el 2009 se le autorizó la suma ¢ 2.745.951.000. Ante la situación de inseguridad ciudadana que vive el país por el aumento de la delincuencia, no se justifica de ninguna manera destinar tanto dinero a una policía política, que no rinde informes, que no da cuentas de sus investigaciones y que es sumamente cuestionada por sus actuaciones ineficientes y delictivas, y de la que nunca se tiene información sobre los resultados de su gestión.
