Frente Amplio defiende conquistas de las clases trabajadoras. Escuche intervención del Diputado José Merino en el plenario legislativo, exponiendo las razones para votar en contra de la “interpretación auténtica” de la Ley de Propinas (24 de junio de 2008).
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:
Después de asistir al trámite atropellado de proyectos como la privatización del ICE, del INS, de las patentes sobre plantas, sobre los nuevos privilegios para las transnacionales farmacéuticas y los demás proyectos de la agenda de implementación del Tratado de libre comercio, la Asamblea Legislativa continúa sin tener noticia de la tan prometida agenda social para ayudar a los sectores perdedores de dicho Tratado.
En el Parlamento tampoco asistimos a discusiones sobre proyectos para proteger el agua, para enfrentar la crisis alimentaria o la crisis energética, o para fortalecer, en general, derechos de las clases más desposeídas, de las clases trabajadoras frente a la constante pérdida del valor adquisitivo de sus salarios.
Lamentablemente, estos temas parecen estar muy lejos de ser prioritarios para la mayoría de las fracciones políticas representadas en este Parlamento, son otros los asuntos que interesan.
No deja de causar, por eso, una mezcla no diría tanto de sorpresa, como de indignación, que el primer proyecto que algunos le pretenden poner, incluso, rostro social sea el que nos ocupa, que mediante una interpretación de la Ley de 1972, que creó la propina como un derecho de meseros, saloneros y demás trabajadores del sector gastronómico, se pretenda hoy un retroceso que calificaría de histórico para esos trabajadores, pero también de precedente funesto para otros derechos sociales de los trabajadores de Costa Rica, pues este proyecto se inscribe en la agenda y en la filosofía de los proyectos de la llamada flexibilidad laboral.
Hoy se cuestiona el derecho de miles y miles de trabajadores del sector gastronómico a recibir la propina como parte de su salario. Pero mañana se cuestionará la jornada laboral o el derecho a la maternidad o se querrán revisar las vacaciones u otros derechos sociales y laborales de los trabajadores de Costa Rica.
Quien vote este proyecto está votando la filosofía de la flexibilidad laboral y no otra, como lo han denunciado numerosas organizaciones sindicales, sociales de Costa Rica que han estudiado este proyecto, que no se les va a dar atolillo con el dedo, que hay que responsabilizarse de lo que hoy se está pretendiendo votar en este Parlamento.
En primer lugar, desde el punto de vista propiamente jurídico se está abusando de la potestad de interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa y violando claramente los artículos 121 y 129 de la Constitución Política. Se está mintiendo al país cuando se recurre a interpretar las actas de 1972 y el proyecto aprobado en el Parlamento por los diputados de 1972, cuando ese proyecto fue modificado por otra Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa posterior a la de 1972 reformó el artículo 4 de la Ley de propinas y señaló tajantemente que con relación al monto se le aplicarán al patrono las mismas disposiciones y sanciones que el Código de Trabajo establece para todo lo relacionado con el salario.
Así las cosas, es evidente que para realizar una interpretación auténtica de esta norma en su visión reformada en 1974 no es procedente…
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:
…Decía, que el objetivo de este proyecto es, que los ingresos percibidos por el pago de propinas no solamente no formen parte del salario, sino que no se tomen en cuenta, entonces, para calcular las prestaciones laborales. El patrón así no se verá obligado a reconocer el monto total del salario para calcular el aguinaldo, el auxilio de cesantía, las vacaciones, las cargas sociales, como los neoliberales llaman ahora a las contribuciones a la seguridad social.
El origen de este proyecto se remonta a las presiones que yo viví de muy cerca cuando fui Diputado del período 98-2002, a las presiones de algunos grupos empresariales, siendo su vocero en el Parlamento, en aquel momento, el ex diputado Otto Guevara, para cambiar una jurisprudencia repetida de los Tribunales de Trabajo de Costa Rica, de la Sala Segunda de la Corte que ya desde 1995 y en diversas oportunidades ha concluido tajantemente que la propina es parte del salario en beneficio de los trabajadores del sector gastronómico.
A esto se le llama reducción de derechos y reducción de garantías sociales y laborales del sector más débil de la industria gastronómica del país. A esto se le llama legislar para los que más tienen, para quitarle a los que menos tienen.
El proyecto, como decía, es parte de las reformas que en nuestro país se promueven para ¾dicen¾ flexibilizar la legislación laboral, que no es otra cosa que la paulatina reducción y eliminación de derechos conquistados por los trabajadores.
Hoy, se afecta a meseros y saloneros, quienes recibirán menos pensión cuando se retiren de su trabajo, menos ingresos por prestaciones laborales, al no incluirse para el pago de estos derechos las remuneraciones recibidas por concepto de propina.
En este sentido, la justificación de los defensores de este proyecto me recuerdan mucho, revisando la prensa de los meses anteriores a la promulgación del Código de Trabajo y de las garantías sociales, son en contextos diferentes los mismos argumentos; entonces, los enemigos de las garantías sociales y del Código de Trabajo decían que reconocer esos derechos afectaría los intereses económicos de los patronos, que muchas empresas tendrían que cerrar, que se verían obligados a despedir trabajadores, anunciaron el Apocalipsis para impedir que este país tuviera un capítulo de garantías sociales y el Código de Trabajo, y ya vemos cuáles han sido los resultados: ¡No se arruinó ningún buen empresario por las garantías sociales y por el Código de Trabajo! ¡Se arruinan los que quieren vivir sacándoles la sangre, sacándoles hasta lo último a los trabajadores, sin reconocerles sus derechos! ¡O se enriquecen de una manera innoble para la ética democrática, para cualquier sentido humanitario en este país!
Hoy como ayer, se usa el viejo, desgastado discurso de que los trabajadores deben renunciar a sus legítimos derechos para conservar su empleo, una lógica de chantaje, que concibe las garantías sociales como un castigo para la clase trabajadora. Así se pretende justificar la eliminación de los derechos más esenciales.
Hoy, decía, es la integridad de las prestaciones salariales de un sector de trabajadores, que es la parte ¾repito¾ más vulnerable del sector gastronómico. Pero mañana ya están ahí, haciendo fila proyectos de flexibilidad laboral. Con los mismos argumentos, hay patronos que cuestionan las licencias por maternidad; con los mismos argumentos, hay patronos que cuestionan la jornada legal de ocho horas; con los mismos argumentos, cuestionan el pago de horas extras, cuestionan el pago de aguinaldo, quieren reducir las vacaciones.
¡Esa es la contrarreforma social que está en marcha y la Ley de propinas es parte ineludible de toda esa maquinaria neoliberal, que quiere devorar los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica!
Lo más preocupante es que este discurso pueda ser reproducido por personas que quieren defender el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Mucho más grave es que es otro golpe, un golpe inconstitucional que se le quiere dar a la Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de ley afectará de forma severa a nuestro Sistema de Seguridad Social, la intención expresa de sus promotores es que las remuneraciones recibidas por concepto de propinas por los trabajadores del sector gastronómico, no se tomen en cuenta para calcular los montos de las contribuciones a los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte.
Como los tribunales de trabajo han ordenado que la propina sí debe contabilizarse para definir estos aportes, la aprobación de esta reforma implica que la Caja Costarricense de Seguro Social recibirá menos ingresos que los que hoy está recibiendo, es decir, menos recursos para los hospitales públicos, menos recursos para el sistema solidario de pensiones, una forma solapada, pero no por ello menos fraudulenta, de quitarle recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Es lo mismo y la Caja ya se está pronunciando lo mismo que están haciendo los clubes deportivos, cuando quieren solamente reportar lo que ellos llaman el salario de sus jugadores, y la Caja ha ordenado que se reporte como salario no solamente lo que aparece en la planilla, que se reporte lo que ganan por derechos de imagen, que se reporte lo que ganan por derechos de televisión. La Caja ha ordenado eso porque se están cometiendo fraudes todos los días, reportando menos salario a la Caja y tratando de justificar de que es un pago en especie que reciben los trabajadores.
¡De eso nada! Hay jurisprudencia, la misma Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se quiere violar, que se quiere violar y es inconstitucional con esta Ley de la propina… el mismo artículo 3 de la Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dice que las coberturas del Seguro Social son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario, y que el monto de las cuotas que por esta Ley se daben pagar, se calculará ¾óigase bien¾ sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.
Aquí están burlando la Ley constitutiva de la Caja, como están haciendo hoy sectores insolidarios de la clase patronal de Costa Rica, que les estorba los seguros sociales, que dicen que los seguros sociales les asfixia, que quieren arrastrar a miles de trabajadores a lo que ellos llaman la informalidad, para no tener que cubrir gastos sociales, para dejar después en el desamparo a los trabajadores con pensiones de hambre.
Además, como la interpretación auténtica ¾como lo ha dicho la Sala Constitucional¾ tiene efectos retroactivos, se expone a dicha institución a innumerables demandas por parte de empresas que pueden exigir la devolución de los aportes calculados con base en las propinas. ¿Quién soportará el peso de estas demandas? Como siempre, los asegurados y las aseguradas.
En el fondo, lo que se persigue, apoyando este proyecto, es burlar el principio de solidaridad de las contribuciones a la seguridad social, consignado, como decía, en el artículo 3 de la Ley constitutiva de la Caja. Esta norma ¾señalo de nuevo para que el pueblo de Costa Rica sepa de qué estamos hablando, y por qué discrepamos frontalmente con este proyecto, y por qué el Frente Amplio considera que es un ataque no solo al derecho de los saloneros, sino al conjunto de derechos de las clases trabajadoras de Costa Rica¾ porque esta norma dispone que el monto de las cuotas que, por ley, se deban pagar, se calcularán ¾repito¾ sobre el total de las remuneraciones que, bajo cualquier denominación, se paguen, con motivo derivado de la relación obrero-patronal.
Se trata de una disposición clarísima que no admite ninguna interpretación, pero que algunos pretenden, o saltárselo o ignorarlo.
Vamos a qué, a llorar por los derechos de los pobres patronos que se van a arruinar si pagan más a la seguridad social por los derechos de sus trabajadores y tienen que pagar más indemnización si hay despido sin causa justificada, si tienen que pagar más aguinaldo, si tienen que pagar más licencia de maternidad etcétera, etcétera. Por quién doblan las campanas en este Plenario.
La regla general vigente en Costa Rica es que los aportes a la seguridad social deben calcularse con base en todas las remuneraciones que reciba el trabajador sin importar la denominación que estas reciban, pero con este proyecto en cuestión se pretende quebrar este principio con consecuencias gravísimas, no solamente para este proyecto, sino a futuro.
Qué es lo que quieren algunos empresarios apoyados por la derecha parlamentaria más ultramontana, quieren con este proyecto crear un antecedente, crear un antecedente, pues cada vez son más claros y masivos los intentos por reducir los montos reportados a la Caja por concepto de salario como la ha denunciado la propia institución como una forma de evadir el pago de cuotas a la seguridad social. Para ello, los periódicos de todos los días están llenos, también, de denuncias de qué tipo de subterfugios legales se utilizan, con el fin de disfrazar, con el fin de disfrazar una parte de la remuneración que reciben los trabajadores bajo figuras distintas al salario. Aquí hay un golpe al concepto de salario, una figura, una categoría económica, jurídica que responde a una relación, efectivamente, entre clases sociales y que implica el desarrollo social del salario, ha implicado una lucha de décadas en el mundo entero, y es lo que hoy se está tratando de revisar, que lo hagan los neoliberales es comprensible, que otros sectores de la sociedad les acompañen, es menos comprensible. Porque se está abriendo, repito, un portillo para legitimar prácticas desleales con la clase trabajadora.
Tengo que decir, espero que no haya ningún problema si todos están tan seguros que de todas las fracciones nos den las firmas, si es que este proyecto, lamentablemente, fuera aprobado para llevarlo a la Sala Constitucional, pues el proyecto se tramita como una interpretación de los legisladores que aprobaron la ley de propinas…
Se tramita, repito, interpretando la voluntad de los legisladores que aprobaron la Ley de propinas en el 72, pero, en realidad, decía al principio, se trata de una reforma legal encubierta a una ley posterior.
Legisladores de otro Parlamento, de otro período legislativo, que aprobaron la ley que reformó la Ley del 72, en 1974 establecieron, como ha sido corroborado en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, establecieron que las propinas se regirían por las mismas disposiciones del Código de Trabajo en todo lo relacionado con el salario.
Por qué no se menciona aquí la jurisprudencia de los tribunales de trabajo y se quiere ignorar, por qué se le está tratando de ocultar al país que este tema ya ha sido resuelto en los tribunales de justicia, y lo han resuelto en base al derecho comparado que se ha desarrollado sobre el derecho al trabajo, los derechos laborales, en todo el mundo civilizado. Y también han dicho que fue esta reforma del 74 la que consolidó definitivamente que la propina forma parte del salario, es decir, que es, incluso, absolutamente improcedente recurrir a la figura de una interpretación auténtica para tratar de modificar una ley, si se quiere modificar que se presente un proyecto de ley, pero no mediante, repito, un instrumento que se convierte claramente en un ejercicio abusivo de la potestad de interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa.
Menciono, aquí se han referido que no formaría parte del salario, porque lo paga el consumidor, el cliente, la propina, pero, mejor es leer las sentencias, la última del 2003 de la Sala…, de la Sala Segunda, en donde no solamente dijo que este…, que la discusión sobre si la propina formaba parte del salario había quedado ya muy claramente resuelta y establecida con la reforma a la ley de 1974, sino que también dice que el patrono es el que establece las condiciones en que el servicio se desempeña, y sin lugar a dudas, si no se ejecuta cuando él o como él lo indica, el trabajador estará sujeto a las sanciones disciplinarias correspondientes.
Por ese motivo, el hecho de que precisamente este dinero no lo pague directamente el patrono, sino una tercera persona, el cliente, no impide que se considere salario, eso es elemental en un primer curso de doctrina laboral, esto quedaría claramente establecido que en la jurisprudencia más avanzada sobre derechos laborales el salario no hace distinción en cuanto a la forma en que se pague, si es en metálico, si es en especie, todas las contribuciones que recibe un trabajador en la relación obrero-patronal, ¿o es que cuando le pagan la propina a un salonero no está dentro de la relación obrero–patronal? ¿Es que es un acuerdo que hace fuera de las relaciones obrero–patronales con el cliente de un restaurante?, eso es absurdo, un retroceso en la doctrina social y en la doctrina laboral.
Me preocupa, repito, yo he hablado también con muchos saloneros, el otro día uno me enseñó lo que se le reportaba a la Caja y él no entendía, le digo, mire, se le están reportando ciento cuarenta mil pesos y sobre eso es, ¿y cuánto gana usted?, no, es que aparte me dan una parte de la propina, cuando están informados, o sea, aquí se está, incluso, haciendo alarde de que los saloneros no están organizados y se pone eso casi como una virtud de que estén desinformados, nuestra obligación como diputados sería más bien informarles de cómo está funcionando esta cuestión, eso no quita que pudieran llegar a acuerdos en restaurantes o en negocios de un determinado número de empleados.
En ese restaurant hay una buena relación obrero–patronal, el patrono que está quedando ni con un cinco de la propina, bueno, ellos pueden, obviamente, pueden negociar, pero una cosa distinta es que se pueda negociar y otra cosa es que un trabajador no sepa que tiene un derecho por el que puede luchar, por el que puede exigir, por el que puede ir a un tribunal de justicia, así ha sido.
El Código de Trabajo en Costa Rica, me decía Manuel Mora, me decía Manuel Mora Valverde, que el Código de Trabajo; también había gente que decía en aquellos años: Ah, don Manuel, pero para qué luchar por eso, mientras esos se conviertan en derechos reales, y me decía don Manuel, mi compañero, mi maestro de lucha, que se sentiría hoy indignado de que se pudiera dar un voto favorable a un tipo de proyecto de esta naturaleza.
Me decía, ese es el valor de los avances en el derecho, cuando una ley se pone por delante y es una ley justa de la sociedad, eso es un estímulo, un dinamismo para que la gente, y en este caso, la clase trabajadora sepa que ahí está el derecho y que puede luchar por él, esa es la legislación progresista, sirve para eso, cuando se dice que no se puede aprobar una reforma, porque no hay dinero se está usando la lógica conservadora, se crea la reforma, y después eso crea el dinamismo social, el estímulo del debate, la deliberación, la lucha para que la realidad se acerque a las reformas legales de carácter avanzado y progresista.
Señoras y señores, repito, espero que la consulta facultativa de constitucionalidad permita, si es que hay dudas sobre la interpretación, permita que la Sala Constitucional también dé su parecer sobre un asunto de tanta trascendencia, se ha querido esconder este proyecto por ahí, ley de propinas, como que fuera intrascendente, no que es muy relevante y es muy relevante que se esté legislando en esta materia cuando la gente todos los días está recibiendo garrotazos en aumento en el costo de la vida, cuando hay crisis de alimentos, cuando los salarios reales están perdiendo poder adquisitivo, como ha dicho el último informe trimestral del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Cuándo está creciendo la desigualdad social en este país, cuándo el auge turístico se está repartiendo en una manera absolutamente inequitativa, hay gente que está comiendo a dos carrillos, que se está atragantando de dólares y los sectores más débiles, los sectores que trabajan en los servicios turísticos no están percibiendo la bonanza de este sector que todos hemos contribuido a forjarla.
Porque los mismos que vienen aquí a presionar para que se apruebe este proyecto, muchos de ellos son los que se atragantaron con los incentivos turísticos, muchos de ellos se atragantaron con los certificados de abono tributario, pero quieren más, quieren más a costa de los trabajadores, a costa de los derechos sociales de este país.
Por eso, el Frente Amplio vota con todo orgullo y con toda responsabilidad en contra de este proyecto de ley.
