El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, solicitó a la presidenta de la Comisión Nacional del Consumidor, Licda. Ileana Cruz Alfaro, hacer cumplir el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, de modo que los centros privados asuman su responsabilidad de remover y/o sustituir gratuitamente los implantes marca PIP que colocaron a 1.506 mujeres, según datos del Ministerio de Salud.
Dicha norma establece que: “(…) ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.
(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 32 al 35).”
“El artículo 35 es claro en cuanto a establecer la corresponsabilidad que “independientemente de la existencia de culpa” solidariamente recae en cada uno de los responsables de que una mercancía o servicio llegue al consumidor o consumidora final en condiciones óptimas de cumplir el fin por el que fue adquirido”, enfatiza el diputado Villalta.
En su carta, con copia a las Ministras de Economía, María de los Ángeles Antillón y de Salud, Daysi Corrales, también pide a la Comisión coordinar con estas funcionarias con el fin de publicar el listado de los médicos y la smédicas privadas que utilizaron estos implantes, de modo que las afectadas puedan iniciar el proceso de reemplazo o remoción, a partir de una decisión informada.
Además, para que se publique en la prensa nacional la información técnica y científica pertinente para que las pacientas estén debidamente informadas.
Villalta resalta la inmediata respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social en asumir su propia responsabilidad y afirma que no es justo que esta institución también deba hacerse cargo de la responsabilidad de las clínicas privadas. Francia, Brasil y España ya han actuado en favor de las afectadas, recuerda.
Comunicado de Prensa, 30 de Enero 2012
