SALARIOS JUSTOS EN EL SECTOR PUBLICO
En una muestra de prepotencia el Poder Ejecutivo decretó un aumento del 3.41% para los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público.
De esta manera la Administración Chinchilla no sólo rompió el diálogo y la negociación con los sindicatos en el Consejo Nacional de Salarios, también impuso un “aumento” que en realidad constituye un ataque directo al poder adquisitivo real del salario en el sector público.
Si se toma en cuenta la inflación vencida cuya estimación real ronda el 5%, y la inflación proyectada que se eleva todos los días con los aumentos anunciados en las tarifas de los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte, entre otros, y en otros bienes de la canasta básica, estamos ante un congelamiento salarial con una clara tendencia a su disminución real.
La presidenta Chinchilla y la ministra de Trabajo, justifican el miserable aumento “por el déficit enorme de las finanzas públicas”, y exigen a la clase trabajadora del sector público “apretarse el cinturón y aceptar la austeridad salarial”.
Con justificada razón la representación sindical encabezada por las centrales Juanito Mora y Rerum Novarum, ha criticado duramente la ruptura unilateral del gobierno de las negociaciones que debían darse en el Consejo Nacional de Salarios, y rechazado una revaloración salarial que burla los derechos de los trabajadores.
Esta situación es más indignante cuando estudios recientes del PNUD demuestran que la brecha de la desigualdad social sigue creciendo en Costa Rica. Mientras disminuyen las rentas salariales, aumentan las ganancias empresariales, la riqueza sigue acumulándose en menos manos mientras crecen las filas de los pobres y se deterioran las condiciones de vida de las personas trabajadoras.
El déficit en las finanzas públicas, que se disparó en la Administración Arias, se explica por variadas razones, entre las que sobresalen el desmedido endeudamiento que permitió a Liberación Nacional gastar a manos llenas durante el ciclo electoral, y la rebelión fiscal de los ricos que se niegan a pagar impuestos y además los evaden en un permanente estado de corrupción con la complicidad de ciertas autoridades tributarias.
El Partido Frente Amplio se solidariza con los trabajadores y trabajadoras del sector público y con sus organizaciones sindicales.
Si la presidenta Chinchilla quiere gobernar por decreto para imponer una política de sacrificio para el pueblo trabajador, la respuesta habrá que darla en la calle, con unidad, movilización y propuesta desde el movimiento sindical y popular.
Como partido comprometido con la clase trabajadora ahí estaremos, acompañando solidariamente la lucha y solidarizándonos con la huelga, si llegará a consumarse, ante la prepotencia gubernamental.
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Frente Amplio
