-III Congreso Ideológico de Partido Frente Amplio: “Construyendo Esperanza”
“Abelardo no solamente era una persona valiente, honesta y buena, comprometido siempre con su provebial lucidez con el derecho de todos y todas a tener entera libertad y respeto por su orientación sexual; no sólo eso, era un hombre de su tiempo dispuesto a abrazar todas las buenas causas políticas, sociales, ambientales, culturales, espirituales”
José Merino del Río
“Debíamos fundar un partido que fuese dirigido por una inteligencia colectiva en la que cupiesen los y las jóvenes, con su vehemente impaciencia, los más veteranos con su sabia paciencia, los intelectuales orgánicos, los y las obreras con su audacia y su coraje. Una inteligencia colectiva al servicio de los más débiles, de los más castigados, de quienes sufren. Porque la política sólo tiene sentido si está al servicio de la liberación de los oprimidos”
Patricia Mora Castellanos
DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA NOS CONVOCA TAMBIÉN A DEMOCRATIZAR LA SEXUALIDAD
- PROLEGÓMENOS
El Frente Amplio nace en 2004 en medio de un contexto social y político convulso, de sostenida profundización del Consenso de Washington y del modelo neoliberal, aplicados en el país desde hacía 20 años -para ese momento- y de la multiplicación de acciones colectivas y movimientos sociales que resistían la promoción de medidas que amenazaban con desmantelar los cimientos del Estado Social de Derecho: desde el llamado Plan de Transformación del Instituto Costarricense de Electricidad, cuyo propósito era la privatización de servicios brindados por el ICE, durante el gobierno de Rodríguez Echeverría; hasta el debate iniciado en 2003 en torno al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, desembocando durante el segundo gobierno de Arias Sánchez en el Referendum sobre el TLC; por mencionar las discusiones más decisivas. Asimismo, la fundación de nuestro partido es sincrónica con un proceso de erosión de la representación política en Costa Rica (Rosales, 2017), donde los partidos políticos paulatinamente dejaban de detentar el monopolio de la intermediación de las demandas ciudadanas que tenían como interlocutor al Estado.
Sobre aquel sustrato emergen instancias que buscaban pensar y plantear alternativas al tiempo que transcurría, como el Foro de Acción Política “Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”, un espacio de coordinación entre movimientos sociales, que más tarde dio lugar al Movimiento de Alternativas de Izquierda (MAIZ). Esta última agrupación es clave y el factor constituyente fundamental del Frente Amplio. Nuestro nacimiento, entonces, se encuentra embebido no solo por la herencia de la izquierda política costarricense del siglo XX, de larga tradición democrática y dialógica, sino también por la aparición de los llamados nuevos movimientos sociales y la recomposición de un ecosistema político que, ante el descontento y la pérdida de legitimidad del sistema de partidos, exigía renovación y nuevas formas de representación, un contexto en el que se multiplicaban los causes que canalizan las demandas ciudadanas. Entre esos nuevos actores, por supuesto, se encuentra el que en esta Tesis Sectorial nos convoca: el Movimiento de Diversidad Sexual.
En la fundación del partido convergen luchadores y luchadoras sociales provenientes de múltiples sectores, incluyendo las diversidades sexo-genéricas, y además este proceso empata cronológicamente con la celebración de los primeros Festivales del Orgullo, es decir, con el inicio de las estrategias sistemáticas de visibilización con alcance masivo, que tenían detrás una historia de activismo y de esfuerzos por visibilizar una red temática marginada, la diversidad sexual, que para el inicio de siglo ya habían conseguido irrumpir en las discusiones públicas. Ejemplo de esto último fue la campaña electoral 2001-2002, en la cual los candidatos y candidata presidenciales (Abel Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana, Otto Guevara del Movimiento Libertario, Vladimir de la Cruz de Fuerza Democrática, Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana y la candidata a vicepresidenta del Partido Liberación Nacional, Sandra Piszk) deben enfrentarse por primera vez en la historia de nuestro país a la pregunta por el matrimonio igualitario en un debate organizado por activistas y promocionado por el periódico nacional Gayness. Además se les cuestiona si consideraban que los artículos 14 y 242 del Código de Familia -los que prohíben las uniones entre personas del mismo sexo- eran discriminatorios.
Durante estos años, las respuestas críticas a la agenda política neoliberal, terminan gestando un tejido identitario y social, una identidad colectiva que abraza causas favorables a los derechos humanos civiles de poblaciones históricamente discriminadas, como las minorías sexo-genéricas, las mujeres, las personas indígenas, las y los migrantes.
Este breve recorrido histórico es clave para entender por qué desde su fundación, la relación entre el Frente Amplio y las personas activistas de diversidad sexual ha sido armoniosa, de mutuo reconocimiento y de alianza, en términos orgánicos y programáticos, de agenda parlamentaria, municipal y social. Ya en el año de fundación del partido, el clima político además de estar marcado por el descontento y la crisis de representación de los partidos tradicionales que cargaban con significativos escándalos de corrupción, también era resultado de gobiernos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que llevaban a cuestas una muy larga y deshonrosa historia de violencia de Estado contra minorías sexo-genéricas: durante la segunda década del siglo XX, los gobiernos del bipartidismo habían perseguido y criminalizado a hombres homosexuales, a mujeres lesbianas y personas travestis (que posteriormente, alrededor de los años 90, comenzarían a enunciarse como personas trans), persecución que se agravó durante los 80 en el marco de la crisis del SIDA. Las condiciones sociales exigían, en este sentido, una reconfiguración de actores también alrededor de objetivos postmateriales (Diamond y Gunther, 2001), es decir, identitarios, relacionados con la consecución de derechos civiles e igualdad cultural y ante la ley y es precisamente gracias a los esfuerzos del activismo temprano de los 80, 90 y principios de los 2000, que los partidos deben reaccionar, y definir con claridad sus posiciones, apostando por más democracia o por conservar restricciones vergonzosas.
El Frente Amplio, desde luego, se decanta por lo primero y se constituye en el partido pionero en este ámbito. José Merino del Río, ya siendo diputado en ejercicio por el FA -cuando este era todavía un partido subnacional-, participó en la “Primera Conferencia Nacional LGBT”, celebrada entre el 28 y el 30 de abril del 2006. Aquel gesto no se reducía a un acto protocolario -inaceptable para la ortodoxia política que en aquel momento había optado por continuar la discriminación e invisibilización-, sino que era el reflejo de un compromiso que marcaba las posiciones tomadas desde aquella curul, que contrastaba con las del resto de partidos con representación parlamentaria y le granjeó al fundador de nuestro partido el lugar de aliado para aquellas personas excluidas y discriminadas por su orientación sexual, su identidad y/o expresión de género o por sus características sexuales. A nivel de sistema de partidos, el Frente Amplio fue pionero en este rubro y ese mismo año, Merino sería uno de los diputados proponentes del expediente 16.390: Ley de unión civil entre personas del mismo sexo. Y así con múltiples iniciativas progresistas en materia de política sexual, que acompañaban y eran y siguen siendo una de las condiciones de posibilidad para alcanzar también la democratización de las relaciones económicas que el Frente Amplio persigue.
Esta tesis es una de las más valiosas herencias que nos legó el marxismo decimonónico. Ya Karl Marx en la Ideología Alemana sostenía que no era posible abstraer totalmente las estructuras económicas del mundo social en que se inscriben. Nuestro mundo social, pensado y construido heterosexual, cisgénero y endosexual nutre tanto la desigualdad civil como la concentración de recursos económicos en unas cuantas -muy pocas- manos. Para el Frente Amplio no hay duda de que la sexualidad, cómo se constriñe, se regula y se vigila, es una clave fundamental para comprender el funcionamiento de la economía política y, por lo tanto, la transformación emancipatoria tanto de una dimensión como de la otra, van de la mano.
Este nodo de principios y de posiciones económicas y sociales mínimas encontraban interlocutores de cuño similar entre los actores del movimiento de diversidad sexual de aquellos años. No se pretende en esta Tesis aplanar diferencias ni homogeneizar posturas muchas de las veces encontradas, sino más bien rescatar para nuestra memoria colectiva que una parte del activismo de diversidad sexual durante la primera mitad de la década de los 2000, reconocía que las demandas de las poblaciones LGBTI no eran asuntos aislados del resto de discusiones públicas y por tanto no podían reducirse a meras políticas identitarias, sino que debía consolidarse un activismo decididamente comprometido con la justicia social en todas sus expresiones, con la transformación del tiempo que le correspondía afrontar y eso incluía, desde luego, oponerse a la profundización del modelo neoliberal. Si antes dijimos que el análisis de la economía política estaría incompleto si no consideramos la regulación de la sexualidad, de la misma manera, si de nuestras críticas a la cisheteronormatividad omitimos el contexto socioeconómico, no seremos capaces de ofrecer explicaciones y respuestas satisfactorias para la opresión que experimentan las personas no hetersexuales y no cisgénero que se ven forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud moderna.
Muestra de lo anterior precisamente fue la Primera Conferencia Nacional LGBT antes citada, en la cual se habilitaron mesas de trabajo relativas a la negociación del CAFTA/RD, de las cuales finalmente se acuerda manifestar públicamente la oposición de las personas asistentes al TLC. Las razones sintetizan explicaciones de corte económico, social y civil, pues fundamentalmente estuvieron asociadas a las implicaciones restrictivas que el tratado podría tener sobre el acceso al tratamiento antirretroviral que necesitan las personas seropositivas. Esta resolución encontraba su justificación histórica en las experiencias de Inglaterra y Estados Unidos, donde el neoliberalismo de Margareth Thatcher y de Ronald Reagan respectivamente, privatizan la condición de seropositividad para VIH como un mal individual del que las corporaciones farmacéuticas podían lucrar y en el caso de los Estados Unidos esto siguió durante el primer periodo Clinton y no fue sino fruto del activismo de respuesta al VIH que en 1996 se socializa el tratamiento sin importar el seguro médico.
ENTRE LA CELEBRACIÓN Y LA VINDICACIÓN POLÍTICA
Llegades a este punto, resulta pertinente ofrecer una caracterización muy sumaria del movimiento y la comunidad LGBTI en nuestro país, de sus dinámicas, estrategias y procesos de identificación, pues con los años -y esta es una de las hipótesis centrales del documento- el Frente Amplio, si bien mantuvo su lugar como aliado natural, paulatinamente fue desplazado por el Partido Acción Ciudadana en términos de apoyo y reconocimiento, a pesar de la moderación y de los resabios conservadores en materia de política sexual que a día de hoy todavía habitan la agenda de ese partido. De hecho, en el debate presidencial anteriormente citado, cuando se introducen las preguntas relativas al reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, las dos respuestas más conservadoras fueron las de Ottón Solís y Sandra Piszk. Entonces ¿por qué el Frente Amplio, aun cuando fue pionero en más de un sentido en este rubro, no se ha consolidado en el sentido común de la diversidad sexual de nuestro país como el partido que con mayor coherencia y compromiso ha defendido los derechos civiles y económicos de este sector?
Por las características históricas de las poblaciones LGBTI, condenadas durante décadas por el cristianismo, la psiquiatría, la medicina y la criminología a la clandestinidad, el movimiento de diversidad sexual se distingue de otros movimientos sociales contemporáneos precisamente porque una de sus luchas fundamentales ha sido la existencia en público. Más allá de la macropolítica propia de los movimientos sociales tradicionales, el movimiento de diversidad sexual no pocas veces apuesta por estrategias micropolíticas. Sus reclamos y reivindicaciones no podrían deslindarse de la celebración y la teatralización del vocabulario político: los gestos lúdicos son parte del ADN de este movimiento social. Hablamos de gestos asociados al baile, al performance y a los afectos, insumos para construir redes de apoyo y un tejido social mínimo, elementos para otros ordinarios y rutinarios, inadvertidos porque siempre han tenido acceso a ellos. Las diversidades sexo-genéricas, en cambio, han tenido que fundar su propio mundo cotidiano y sus rutinas. En este proceso han ampliado las coordenadas de lo político, politizando no solo la sexualidad como tema de agenda pública y sacándola del encierro privado, sino también su vida entera, porque se les negó su derecho hasta de construir cotidianidad.
No es casualidad, entonces, que dos de los acontecimientos considerados fundantes del movimiento de diversidad sexual estuvieran relacionados no tanto con demandas políticas en el sentido más tradicional del término, sino con procesos de construcción de redes de apoyo, pues ocurrieron en lugares destinados a la socialización y el entretenimiento, a las cosas más mundanas y cotidianas: los Disturbios de la Cafetería Compton en Tenderloin, San Francisco en 1966 y 3 años más tarde los célebres Disturbios en el bar Stonewall en Nueva York. Las personas que no encajaban en los mandatos de la cisheterosexualidad, corrían riesgo de ser expulsadas de sus casas, de sus tejidos sociales más inmediatos. La Cafetería Compton, por ejemplo, era un establecimiento que permanecía abierto las 24 horas los 7 días de la semana, eso le convirtió en refugio y punto de encuentro para esos homosexuales, lesbianas y trans de San Francisco que habían sido expulsados de sus casas y no tenían donde pasar las noches. Lo mismo Stonewall Inn. Nuestro país no ha sido distinto, aunque esa historia antes de los 80 sea difícil de reconstruir por la ausencia de fuentes documentales, por ejemplo, ya desde el gobierno de José Joaquín Trejos, las redadas en los bares eran rutinarias. Esto explicaría el papel que ha jugado la figura del bar, como referente histórico y espacial, de esta lucha. Igual que las diversidades sexo-genéricas, el bar se ha movido en el limbo de la clandestinidad, en esa doble dimensión pública y privada al mismo tiempo.
En Costa Rica, el nacimiento del activismo de diversidad sexual, con liderazgos públicos claramente identificables y una hoja de ruta definida, es particularmente tardío si se nos compara con lo que ocurría en América del Norte y del Sur. No es sino hasta los años 80 que podemos comenzar a hablar de un movimiento articulado, fundamentalmente en torno a la crisis del SIDA y la respuesta represiva del Estado. Esta diferencia cronológica es clave para entender la pregunta que inaugura este apartado. El historiador costarricense José Daniel Jiménez (2016) relata que en otras partes de América Latina, el auge del movimiento de diversidad sexual se inscribe en un marco más amplio, que reúne de una serie acontecimientos u olas democráticas que implican cambios de régimen y recomposición de actores: hablamos de los procesos de redemocratización tras la caída de los regímenes de seguridad nacional y otros esquemas de dictadura, lo que permite mayores grados de apertura, condiciones de posibilidad para agendas de visibilización y presencia de agrupaciones de izquierda que sumaron a sus propias agendas las demandas de los emergentes nuevos movimientos sociales, incluyendo a la diversidad sexual. Esto empata con la influencia de los movimientos de diversidad sexual en Europa y Norteamérica y una valoración global del compromiso con los derechos humanos.
En contraste, en nuestro país, el conflicto social era canalizado a través de un aparato Estatal robusto, surgido durante lo que Luis Paulino Vargas llama “Proyecto Histórico Desarrollista”, que aunque hizo posible que recorrieramos una senda distinta respecto del resto de Centroamérica, también produjo que durante el “Proyecto Histórico Neoliberal” los movimientos sociales disputen un terreno estructurado por una cultura política temerosa del disenso, apática e individualista, gestada por el neoliberalismo que dispone de un engranaje cultural. El neoliberalismo privatiza y economiza toda dimensión social y cultural, incluidas la condición de ciudadanía y la sexualidad, que quedan supeditadas a la capacidad de consumo. En este encuadre, el neoliberalismo produce una política sexual estructurada por el mercado y la lucha por reconocimiento de ciudadanía a personas LGBT, en lugar de ser vista como un asunto de derechos humanos, se percibe como una cuestión vinculada a las posibilidad de interactuar más adecuadamente con el mercado. Las personas LGBT debemos ser percibidas como iguales en el tanto eso facilite nuestra condición de consumidores no por nuestra dignidad inherente en tanto seres humanos.
Este recorrido, injustamente corto y sucinto, sirve para dar cuenta de que para nosotros y nosotras, la visibilidad constituye un logro, una especie de piso mínimo y columna vertebral a partir de la cual hemos logrado consolidarnos como un actor social de peso e incluso definitorio de procesos electorales.
Iniciado este documento, se afirmaba que el Frente Amplio nace para dar respuesta a la profundización del modelo neoliberal, no solo en sus expresiones económicas y políticas, sino también a la neoliberalización de la vida social y cultural, es decir, nace como proyecto contrahegemónico. Y así como la transformación emacipatoria de la sexualidad no es un asunto aislado y ajeno a las agendas económicas, las poblaciones sexualmente diversas no son ajenas a la instalación de un sentido común conservador en términos económicos. Está muy bien documentado que en el capitalismo postfordista y neoliberal, la condición de cuidadanía más allá de la reducción liberal-legal queda supeditada a la capacidad de consumo. Las personas LGBT son consideradas relevantes en tanto puedan consumir y en este sentido la iconografía, organización, financiamiento, posiciones políticas respecto a conflictos internacionales y flujos semióticos que moviliza la Marcha del Orgullo, son un síntoma. En su análisis del neoliberalismo, Michel Foucault va a sostener que una de las características de la gubernamentalidad neoliberal es que torna al individuo en empresario de sí mismo, por tanto debe maximizar sus ingresos, su imagen social y condiciones vitales a fin de poder mantenerse competitivo en el mercado de individuos. Esta lógica en el activismo de diversidad sexual y en sus comunidades estadounidenses es paradigmática: las personas LGBT son concebidas por el oenegenismo como consumidores antes que como seres humanos con dignidad, basta con revisar sus estrategias de intervención política para comprobarlo, ya que suelen operar como asociaciones de consumidores que boicotean instancias comerciales que restringen consumo con criterios homófobos, lesbófobos o transfóbicos. Esto no se reduce a Estados Unidos, en múltiples ciudades cosmopolitas, tras procesos de gentrificación se han conformado barrios gay en los cuales una visibilidad creciente ha propiciado la aparición de empresas dedicadas de manera exclusiva al público sexualmente diverso, a través de películas, programas de televisión, centros de recreación nocturna, revistas, libros, inmobiliarias y agencias de viaje. Nuestro activismo se encuentra influenciado por el activismo de Estados Unidos, en la forma en que configuramos sus organizaciones, sus estructuras y algunas de sus estrategias de acción política que ven al Estado como el lugar de intervención privilegiado, incluso en sus dinámicas y localización geográfica, fundamentalmente concentrando acciones en las ciudades capitalinas y del Gran Área Metropolitana.
Si en el neoliberalismo el acceso a la ciudadanía queda restringida a la capacidad de consumo y las poblaciones LGBT acceden a ella por cuanto son consideradas como nicho de mercado con significativa capacidad de consumir, entonces se crean las condiciones para lo que Nancy Fraser llama “neoliberalismo progresista” que sacrifica en el altar de las demandas culturales una agenda económica democrática. Esta lógica provoca que se pierda de vista la precariedad material en que vive la mayor parte de las y los LGBTI, que se omitan los factores económicos adversos que se ven agravados por las exclusiones por motivos vinculados a la orientación sexual y la identidad/expresión de género. La imagen del homosexual, de la lesbiana y de la persona trans quedan subsumidas en la del Gay capitalino de clase media, económicamente conservador, pues su reconocimiento deviene de su lugar cómodo dentro de las relaciones económicas.
La hipótesis sociológica de este documento, trata de arrojar explicaciones de alcance político que contengan y rebasen los errores que como fracción cometimos durante la legislatura anterior y que más adelante trataremos de desarrollar y ponderar. Si bien balances críticos de nuestras acciones como partido son vitales para entender lo que por lo pronto llamaremos una dificultad para generar identificación con el grueso de la población LGBT, a lo que se suma una desconexión en términos de alianzas con el activismo LGBT, resultan insuficientes para explicar plenamente ambos procesos. El PAC ha sido significativamente más conservador que el Frente Amplio, sin embargo ha logrado al menos generar identificación entre la comunidad como el partido que más fielmente representa sus intereses. Consideramos, por un lado que la agenda económica alineada a una agenda global más amplia, de corte neoliberal, del PAC, torna más atractivo ese partido que el FA, que pugna en el terreno de la hegemonía cultural por mover el sentido común hacia derroteros más justos en términos de distribución de la riqueza, de desplazar la competencia para colocar la cooperación como principio orientador de toda la vida humana y no humana. El movimiento social que nos ocupa no solo ha apostado por el Estado como territorio de intervención principal, en menoscabo de su propia autonomía, sino que también a depositado su confianza en el Mercado, en los poderes corporativos para-estatales. Esto sin duda termina por alimentar el sentido común económicamente conservador que describimos más arriba.
Como partido, tenemos que enfrentar la radicalización neoliberal que engendra al fascismo religioso, el empobrecimiento, el abandono y el desmantelamiento del modelo de bienestar son caldo de cultivo para las amenazas electorales más mortíferas para las poblaciones sexualmente diversas.
2. BALANCE
En el Frente Amplio nos honra haber aportado y participado de forma activa desde las calles, la Asamblea Legislativa y los gobiernos locales en la lucha por los avances sociales de las personas lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales. Estos logros son fruto del trabajo colectivo de los movimientos y activistas LGTBI mediante protesta, lucha y organización política de larga data, hasta nuestros días.
Desde nuestra representación legislativa hemos promovido, firmado, apoyado y dictaminado proyectos como la Reforma Procesal Laboral donde incluimos un artículo para prevenir y sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito del trabajo.
También firmamos y conseguimos que se dictaminara el proyecto 19.841, “Ley de Reconocimiento de los derechos a la Identidad de Género e Igualdad ante la Ley”. Lo mismo que aportamos en la construcción y hemos apoyado la iniciativa para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de discriminación, incluyendo la motivada en la orientación sexual y la identidad género (20.174), el cual se alimentó del proyecto 19.062 que había presentado el Frente Amplio para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio. Así como también hemos sostenido el compromiso con todos los proyectos de ley tendientes al reconocimiento de derechos derivados de la unión de parejas del mismo sexo, en particular con el de Matrimonio Igualitario (19.852) firmado por nuestro actual candidato presidencial. De la misma forma, hemos trabajado para lograr una reforma integral a la Ley de VIH.
También propusimos y logramos dictaminar el proyecto 19.610, para la Protección a Activistas en Derechos Humanos, pues creemos que el Estado debe reconocer la labor que hacen las organizaciones y activistas que luchan por los derechos humanos, garantizar su integridad y libertad en el ejercicio de su labor, combatiendo toda presión o amenaza que menoscabe su acción, venga de donde venga.
Aunque hemos avanzado, sobre todo en reformas administrativas llevadas a cabo por el Ejecutivo e instituciones autónomas, que hemos apoyado y reconocido importantes, lo cierto es que estamos, aún hoy, lejos de alcanzar la igualdad formal y aún más de la justicia social e igualdad real que debemos garantizar.
Estas, sin lugar a dudas, pasan por la batalla cultural, por la construcción de discursos y sentidos comunes alternativos a los que provocan odio, muerte, exclusión, y que son incompatibles con la igualdad, la libertad, la ciudadanía plena, la democracia y los derechos humanos fundamentales. Para ello requerimos un nuevo tipo de sociedad, una nueva cultura, transformar nuestras prácticas cotidianas, y ello implica incidir en los lugares donde precisamente se conforman los sentidos comunes, esos lugares de sociabilidad fundamental vitales para esa construcción cultural, lo cual requiere de articulación del movimiento popular y politizar la crisis de lo hoy existente, de forma tal que construyamos juntos un nuevo pacto social para organizar la convivencia y democratizar nuestra democracia.
Lo anterior parte de reconocer lo innegable, y es que hoy, seguimos en un sistema político, económico y social que establece la heterosexualidad como norma para acceder a derechos que son humanos, más aún, que son condición misma para posibilitar y ejercer ciudadanía. Por eso, un Estado y una sociedad que imponen diferencias injustificadas de trato, restricciones y castigos a partir de la orientación sexual e identidad de género, en detrimento de aquellas distintas a la heterosexualidad y cisgeneridad están creando dos clases de personas: las ciudadanas y no ciudadanas, o peor aún, enemigas o sospechosas de ser enfermas o peligrosas a causa de su orientación sexual o identidad de género. Con esto socavan la naturaleza misma de los Estados modernos y su razón de ser, que es garantizar protección, paz y bienestar, todas condiciones que posibilitan la vida y ciudadanía.
Según datos de la CIDH derivados de su Registro de Violencia, hoy en Centroamérica las personas transexuales, transgéneros y travestis tienen una esperanza de vida de 24 años y de 35 años en el resto de América Latina. En cambio, la ciudadanía costarricense tiene una expectativa promedio que ronda los 79 años. Existen otras personas, también ciudadanas, nacidas en este país, que no están alcanzando un tercio de esa existencia, por un conjunto de causas donde se mezcla la violencia estructural e institucional, que conlleva la denegación o expulsión de servicios de salud y educación, además de la huida para salvar la vida o desahucio a edades tempranas de sus familias, comunidades y prácticamente de todo tejido social de apoyo. Estos abusos y abandonos les empobrecen y condenan al analfabetismo.
En nuestro país las personas gays, lesbianas, bisexuales e intersex también sufren discriminación en sus centros de trabajo, sufren violencia física y emocional en las calles, se patologizan sus identidades y cuerpos, en los centros educativos sufren los mayores tasas de acoso escolar y bullying, que no en pocas ocasiones terminan en el suicidio o deserción. Con programas educativos que no reflejan la diversidad afectivo-sexual desde edades tempranas, imponiendo desde la infancia la presunción de heterosexualidad y cisgeneridad como lo único posible y válido. Bajo un modelo que invisibiliza los múltiples arreglos de convivencia, la diversidad de cuerpos, identidades y orientaciones, instituyendo el miedo y el rechazo a las diferencias que nos constituyen como humanos, así como la incapacidad de reconocer el valor de estas.
Algunas gestiones-logros del FA en este rubro:
Inclusión -vía moción del Frente Amplio- de medidas para reconocer, prevenir y sancionar toda forma de discriminación, incluyendo expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género, en el ámbito del trabajo, dentro del articulado de la Reforma Procesal Laboral.
En 2013 José María Villalta impulsó una modificación al inciso 4 de la Ley General de la Persona Joven, para que se incluyera el reconocimiento de uniones de hecho “sin discriminación contraria a la dignidad humana”. Esta enmienda hizo posible en 2015 la primera unión de hecho entre 2 personas del mismo sexo, Gerald Castro y Christian Zamora. Unión de hecho: garantías patrimoniales y de salud.
Se propuso y logró dictaminar el proyecto 19.610, para la Protección a Activistas en Derechos Humanos.
Despacho de Patricia Mora Castellanos: Patricia Mora integró durante sus 4 años como legisladora, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde se han dictaminado y votado proyectos en su mayoría presentados por el Frente Amplio:
- El Proyecto de Ley de Identidad de Género y reconocimiento de la diversidad, a presentarse en acompañamiento con organizaciones como Mulabi y Transvida, defensoras de los Derechos Humanos. La propuesta plantea asegurar el reconocimiento al derecho sobre el nombre, imagen y género de las personas trans en nuestro país, para así erradicar los tratos inhumanos y discriminatorios que sufren estas personas por parte de las instituciones públicas que deben protegerlas.
- Expediente 16805, proyecto de ley para la adición de un capítulo referente a derechos sexuales y reproductivos en la Ley General de Salud. Proyecto presentado por los exdiputados José Merino del Río y Ana Elena Chacón.
Patricia en ese marco y producto de las denuncias que pesan sobre el Estado costarricense por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a razón de los casos de Ana y Aurora, impulsó una indagatoria ante la Caja y el Ministerio de Salud entorno a sus protocolos en materia de salud sexual y reproductiva
Expediente 20174, Ley marco para prevenir toda forma de discriminación y racismo, presentado junto a la Defensoría de los Habitantes. Este proyecto se alimentó del proyecto 19.062 que había presentado el Frente Amplio para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio.
Despacho de José María Villalta: proyecto de ley 20970, para cumplir con las disposiciones de instrumentos internacionales de derechos humanos y criterios científicos relativos a la necesidad de prohibir las “terapias reparativas”. Se incluyen medidas en la Ley General de Salud para sancionar al personal médico que incurra en estas prácticas.
Acuerdo de Unidad Nacional: no retroceder en materia de Derechos Humanos
3. SOBRE LA CULTURA POLÍTICA INTRAPARTIDARIA DEL FRENTE AMPLIO: SU MILITANCIA LGBTI
En este apartado, nos ocuparemos de pasar revista a las reflexiones orientadas hacia la vida intrapartidartia recopiladas en el marco de los 3 encuentros de la Mesa Sectorial de Diversidad Sexual.
La forma Partido Político -de naturaleza moderna- es una institución que carga con una historia de alrededor de 200 años en los cuales las prácticas, las estructuras y los objetivos que la componen se han sedimentado y solidificado, dificultando actualizaciones y revisiones.
Las personas estudiosas de los partidos políticos en tanto objeto de preocupación epistemológica en el último par de décadas han subrayado que disponen de herramientas teóricas y reflexión documentada muy limitadas, lo que dificulta la elaboración de diagnósticos precisos relativos a la vida interna de los partidos políticos. Esto se debe a que durante todo el siglo pasado y hasta hace una década, la estasiología, es decir, la rama de la sociología y la ciencia política que tienen por objeto los partidos políticos, se centró en aproximaciones de orden sistémico donde los partidos eran solo otro actor más dentro de ecosistemas políticos de mayor envergadura, como el sistema electoral y el sistema político, dejando de lado las reflexiones organizacionales, el estudio minucioso de los partidos en sí mismos y los enormes retos que enfrentan en cuanto a democratización e institucionalización interna. Siguiendo a Flavia Freidenberg, podría afirmarse que la falta de interés académico en la vida interna de los partidos se funda en la idea arraigada de que la democracia interna no necesariamente aumentaba posibilidades electorales favorables.
En el Frente Amplio, sin embargo, hemos procurado depurar estas limitaciones históricas y generar alternativas organizacionales, con mayores o menores grados de éxito. En este sentido, el esfuerzo que emprendemos en el Frente Amplio, desde nuestra fundación, por democratizar nuestra vida interna, es pionero a nivel nacional. Para nosotros y nosotras, cualquier esfuerzo por democratizar un partido exige generar mecanismos de paridad y espacios libres de violencia y discriminación para militancia proveniente de poblaciones históricamente subrepresentadas en el sistema de partidos.
MEDIDAS FORMALES
Los esfuerzos por democratizar un partido, pueden agruparse en dos dimensiones interdependientes: una formal, más inmediata y otra de cultura intrapartidaria, de largo alcance. Las prácticas rutinarias, a primera vista, podrían englobarse en la dimensión cultural-informal, sin embargo, estas, tanto dentro como fuera de los partidos son reguladas, acompañadas, incentivadas u obstaculizadas por unas reglas del juego. En nuestro caso, el Estatuto del FA, también el de la juventud del partido, crea un órgano partidario permanente en materia de diversidad sexual, el Frente de Equidad de Género y Diversidad Sexual; se nos delegan funciones organizativas, formativas, de asesoramiento y de coordinación territorial y también con organizaciones del ramo. La organización de personas LGBTI exige condiciones propicias, ambientes partidarios libres de discriminación, por eso el partido no solo no debe obstaculizar la participación de sus militantes no-heterosexuales y trans en todos los procesos partidarios depurando, previniendo y sancionando prácticas discriminatorias, sino que además debe facilitar esa participación, propiciarla mediante acciones afirmativas, creando cláusulas estatutarias, cuotas de participación, órganos especializados. La inclusión, la igualdad y el pluralismo requiere reglas del juego claras, que desincentiven la discriminación, condiciones de igualdad formales que aceleren los cambios de largo alcance, de igualdad de facto o sustantiva.
Los Principios de Yogyakarta -pese a que este instrumento carece de fuerza vinculante, funciona más bien como soft law, como fuente de interpretación o como estándar hermenéutico en materia de derechos humanos en torno a la orientación sexual y la identidad de género- plantean que las personas LGBTI tienen que tener garantizados sus derechos de participación política, para elegir, para postularse a cargos electivos, participar en la conducción de asuntos públicos, etc. Esto por supuesto incluye la vida intrapartidaria. La discriminación por orientación sexual o por identidad/expresión de género, por características sexual, por estatus serológico, en todos los niveles en general, y en los partidos políticos en particular, socava el ejercicio pleno del derecho de participación política, expulsando o restringiendo acceso de facto. A nuestro juicio, el Frente Amplio se ha esforzado por depurar una serie de prácticas que lo rebasan, que son consustanciales a una cultura política heteronormativa. Sin embargo, consideramos que esos esfuerzos deben ser redoblados y estatutariamente fortalecidos.
FORMACIÓN POLÍTICA
Otro elemento fundamental, a la hora de hablar de democratización, es la formación política. La socialización política es una de las funciones medulares de los partidos políticos, esta tiene que ver precisamente con lo que nos ocupa en estas jornadas: la creación y actualización del pensamiento político y la formación político-ideológica de las personas militantes. A criterio de esta mesa, cualquier proceso de diseño de un currículo mínimo de formación político tiene que tener entre sus ejes medulares la sexualidad, como factor indispensable para entender la economía política, las relaciones de poder y la opresión de mujeres y de minorías sexo-genéricas.
4. SOBRE EL FRENTE AMPLIO Y LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA
En virtud de que a juicio de esta mesa, democratizar la sexualidad es fundamental para democratizar la política, la economía y la cultura, consideramos necesario desheterosexualizar el modelo de Estado costarricense. Esto implica que la personas heterosexuales deben dejar de ser concebidas como estándar a la hora de generar políticas públicas y configurar agenda. Las personas LGBTI deben gozar de reconocimiento estatal dentro de las coordenadas –aunque no es reductible a esto- mediante las cuales el Estado moderno reconoce esa existencia social a otros sujetos que sí gozan de derechos. El Estado moderno es fundamentalmente cuantificador de sus poblaciones, conocer dichas poblaciones implica contarlas, censarlas, saber en qué sitios habitan, a qué se dedican, cuál es su esperanza de vida. Una población no cuantificada es invisible para el Estado.
Conocer estas métricas y mediciones conductuales y vitales no solo visibilizan la existencia de poblaciones y formas de vida, también orientan intervenciones estatales. Por esta razón y sin dejar de cuestionar y proponer alternativas a la lógica biopolítica, desheterosexualizar el Estado implica contar con estadísticas y datos oficiales que incluyan variables relativas a identidad/expresión de género, orientación sexual, inter/intersexualidad.
Lo anterior a fin no sólo de localizar cuantitativamente poblaciones vulnerables y la existencia de problemas y limitaciones estatales postergados, sino también para dirigir esfuerzos institucionales hacia la atención de estas necesidades específicas. Estos insumos deberán incorporarse también en estrategias de diseño institucional. La existencia de datos desagregados por orientación sexual e identidad/expresión de género permitiría elaborar políticas públicas precisas y orientar esfuerzos de coordinación interinstitucional efectivos.
Otro elemento que consideramos indispensable para disputar hegemonía cultural, es que se garantice la educación sexual como un derecho humano en todos los niveles educativos, de conformidad con instrumentos internacionales de derechos humanos como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunado a lo anterior, es vital ponderar los alcances de la categoría de ideología de género, en un contexto más amplio, de alcance regional-global, donde múltiples actores conservadores la utilizan para cuestionar la cientificidad de las ciencias sociales y humanas que trabajan género y diversidad sexual. Lo anterior a fin de reducir a ideología los contenidos educativos relativos a diversidad sexual.
El vínculo con organizaciones de la sociedad civil del ramo debe ser de mutuo reconocimiento y respeto, en tanto el partido se percibe y mueve como partido-movimiento. Identificamos 2 tipos de vínculos: los orgánicos y los estratégicos o coyunturales. Esto implica un contacto sostenido y permanente con organizaciones de sociedad civil más allá de procesos electorales.
Este encuadre implica reconocer lo innegable, y es que hoy, seguimos en un sistema político, económico y social que establece la heterosexualidad como norma para acceder a derechos que son humanos, más aún, que son condición misma para posibilitar y ejercer ciudadanía. Por eso, un Estado y una sociedad que imponen diferencias injustificadas de trato, restricciones y castigos a partir de la orientación sexual e identidad de género, en detrimento de aquellas distintas a la heterosexualidad y cisgeneridad están creando dos clases de personas: las ciudadanas y no ciudadanas, o peor aún, enemigas o sospechosas de ser enfermas o peligrosas a causa de su orientación sexual o identidad de género. Con esto socavan la naturaleza misma de los Estados modernos y su razón de ser, que es garantizar protección, paz y bienestar, todas condiciones que posibilitan la vida y ciudadanía.
OBJETIVOS POLÍTICOS Y PERFILES
Para nosotros y nosotras, el objetivo primordial es posicionar la necesidad de superar la separación entre demandas de tipo civil e individual y demandas sociales y económicas. La agenda económica de un partido de izquierda democrática y pluralista no debe descuidar o desatender las necesidades específicas de poblaciones sexualmente diversas al mismo tiempo que la agenda de diversidad sexual debe ser interseccional en el tanto se debe considerar a poblaciones LGBT empobrecidas, desempleadas, habitantes de zonas periféricas.
Derivado de este objetivo, un perfil mínimo de persona elegible para puestos populares debe incorporar entre sus preocupaciones políticas los derechos humanos individuales y civiles y derechos humanos sociales y económicos, que estas se correspondan con los principios y preocupaciones del partido en términos de justicia social y económica. Asimismo, su gestión debe estar orientada por el principio de laicidad, clave de cualquier proyecto de Estado moderno.
Vínculos orgánicos/vínculos estratégicos o coyunturales. Contacto con organizaciones de sociedad civil mas allá de procesos electorales. Ponderar la creación de mecanismos formales que permitan vínculos orgánicos con organizaciones. Esto a fin de trascender la vinculación externa, y crear una comunidad interna de personas militantes que compartan preocupaciones relativas al rubro que nos ocupa. Figura de partido movimiento.
5. PROPUESTA
A razón de lo anterior y en armonía con las experiencias políticas de otras agrupaciones de izquierda latinoamericana, como MORENA en México con su Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador con su Colectivo Nacional de Diversidad Sexual, esta mesa propone que este Congreso apruebe la creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido, que se ocupe de velar por el fortalecimiento y profundización del recorrido del Frente Amplio en el rubro de diversidad sexual, y que al mismo tiempo se ocupe de implementar estrategias interseccionales de corte formativo, territorial y programático, a nivel de derechos humanos en todas sus generaciones.
