- En este año se convirtieron en Ley nuestras iniciativas para fortalecer el INCOFER, penalizar la violencia patrimonial contra las mujeres, la modificación a la Ley de arrendamientos para frenar los aumentos de alquiler, construir por fideicomiso el Corredor Vial San José-Cartago; y el reconocimiento del estatus de territorio costero comunitario a los habitantes de Ostional.
Nuestra labor como representantes populares comprende el trabajo que realizamos en el ámbito legislativo, pero va más allá de la tramitación de proyectos y el control político, por lo que en esta rendición de cuentas incluimos también el acompañamiento dado a comunidades y sectores a lo largo de este segundo año de gestión parlamentaria. Hemos continuado con el compromiso de impulsar desde el Parlamento las iniciativas que nos permitan avanzar en la construcción de un país de oportunidades para todas y todos, en particular, para los sectores más vulnerables de nuestra población. Para ello, desde una oposición responsable, hemos trabajado arduamente promoviendo el diálogo sobre los temas comunes.
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Dando continuidad a nuestro informe anterior, hemos organizado esta rendición de cuentas siguiendo los ejes prioritarios de nuestro trabajo.
- Política económica y defensa de la inversión social.
A lo largo de este año hemos mantenido la lucha por evitar recortes a programas sociales en el presupuesto nacional ordinario y extraordinario, opiniéndonos a un recortismo indiscriminado, utilizado como único medio para hacer frente al déficit fiscal.
En esta tarea, para el Presupuesto Nacional 2017, dimos una ardua lucha para evitar que se hicieran recortes al MOPT, al MINAE y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En este caso, señalamos en múltiples ocasiones que hacerlo implicaba no sólo limitar la capacidad de acción de la entidad más importante en materia de niñez y adolescencia, sino también violentar la Constitución. En este último punto, la Sala Constitucional nos dio la razón.
Para el presupuesto extraordinario, logramos revertir un importanter recorte al MEP, redireccionando los fondos al programa de educación diversificada en las zonas rurales. Denunciamos también las prácticas nocivas de otorgar partidas específicas.
En materia de combate al déficit fiscal, a lo largo del 2016 realizamos un eficiente proceso de incidencia en torno al proyecto 19245 Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, denunciando los intentos por debilitarlo y propiciando momentos de diálogo para logar, finalmente, la aprobación de una Ley que se constituye en un paso importante para cerrar portillos a la evasión y la elusión fiscal.
Y en aras de implementar una reforma fiscal progresiva, que ponga énfasis en aumentar los ingresos tributarios del Gobierno Central, sin omitir la necesidad de implementar medidas racionales del lado del gasto público, en este 2016 presentamos los proyectos 19863 Ley de Fortalecimiento de la Política Monetaria del Banco Central, 19883 Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones de los jerarcas de la función pública; 20100 Ley de impuesto a las ganancias excesivas de los bancos, que busca estimular a entidades financieras a bajar intereses de préstamos y 20150 Ley para eliminar privilegios en regimen de pensiones de los expresidentes.
En esta misma línea, este año se convirtió en Ley nuestra iniciativa 19.254 para poner un tope a las pensiones de lujo y también el proyecto 19857, que nuestra bancada apoyó con el objetivo de regular las pensiones que se otorgan a descendientes de ex diputados.
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En este periodo, continuamos la defensa de la declaratoria del acceso al agua como un derecho humano y llamamos la atención sobre conflictos locales en torno a este recurso. Denunciamos las dificultades que enfrentan las y los ambientalistas para la protección de tortugas en la Playa Moín, los impactos ambientales de las grandes piñeras, la pesca de arrastre, las deficiencias en etiquetados de productos transgénicos y la sobreexplotación de ríos. Hemos logrado detener la entrada en operación del Tajo Asunción, y continuamos trabajando en la protección de la Cuenca del Río Banano, amenazado por las operaciones irregulares de este tajo.
En este periodo, levantamos la voz exigiendo protección a los derechos de las personas defensoras del ambiente y recordando el legado de Jairo Mora y otros ambientalistas asesinados en el país y fuera de nuestras fronteras, como la hondureña Berta Cáceres.
En materia de logros, destacamos la aprobación en primer debate del proyecto 18298, que busca penalizar el maltrato animal. Llegar a este punto requirió un arduo proceso de negociación y presión, buscando puntos de encuentro entre los distintos actores implicados. De igual manera, este año vimos convertirse en Ley el proyecto 19839, para regular la convivencia de la comunidad en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional. En este caso, fue necesario también llegar a un gran acuerdo, que nos da luces para seguir adelante con nuestra propuesta de TECOCOS.
Y con una visión amplia y comprensiva de las problemáticas ambientales, presentamos las iniciativas 19868, parar reforma la Ley de Agua Potable y evitar el desperdicio, 19884 Reconocimiento de la capacidad de sentir de los animales no humanos, 19990 Ley para el fomento de energías alternativas y de autoconsumo; 20078 Ley para el incentivo del reciclaje de envases plásticos y tetrabrick y el proyecto 20088 para la protección de la cuenca del Río Tempisque.
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- Derechos laborales.
Desde el inicio de la gestión, hemos impulsado el proyecto tendiente a fortalecer la inspección laboral a cargo del Ministerio de Trabajo, expediente 19130, proceso que ha implicado una ardua labor de negociación y búsqueda de consensos.
Dicho proceso ha estado vinculado al acompañamiento de diversos colectivos de trabajadores de piña y banano que resisten violaciones a sus derechos. En este sentido, se destaca los esfuerzos para la creación de una plataforma de lucha contra las piñeras, que también contempla la problemática ambiental. En el espacio de control político, se ha hecho eco de estas denuncias, así como de las violaciones a derechos laborales de trabajadores y trabajadoras migrantes, a los habitantes de las fincas de Chánguina y a otros trabajadores de empresas agrícolas que de manera sistemática transgreden la legislación laboral.
En este periodo, seguimos impulsando el proyecto 19312 para establecer el Salario Mínimo Vital, dando una importante batalla argumental en la Comisión donde se tramita y neutralizando las maniobras para descartarlo. Presentamos los proyectos 19772 Ley de Solidaridad laboral en casos en sub contratación o tercerización de servicios, 19889 para mejorar las condiciones laborales de las y los policías; 19981 para garantizar el respeto a las garantías laborales en procesos de desalojo, 19814, para regular las Ferias de Empleo y finalmente, el 20112, para reconocer la totalidad de salarios caídos a trabajadores despedidos sin causa justa.
Y en un esfuerzo por enriquecer la memoria histórica costarricense y rendir homenaje a uno de los sectores productivos que ha protagonizado grandes luchas por los derechos laborales, este año se aprobó el proyecto 19255 para establecer el Día Nacional de las trabajadoras y los trabajadores bananeros.
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- Empleo Público:
Una de los grandes temas este año fue el del empleo público. Debido a un discurso neoliberal ampliado ya poyado por las empresas de comunicación, el recorte a los derechos laborales de los empleados públicos se fue perfilando como la única opción para atender el creciente déficit fiscal. Ante esta situación, el Frente Amplio elaboró y divulgó una propuesta que conjunta iniciativas para atacar la verdadera causa del problema: la evasión y la elusión fiscal, propuesta que incidió positivamente en la dirección del debate legislativo a partir de mayo de 2016.
A la vez, trabajamos en diversas iniciativas para poner orden en regímenes de pensiones y otros privilegios a la casta política, como una manera de revisar el gasto donde más duele, es decir en lo que atañe a los jerarcas y pensionados de lujo.
Participamos intensamente en el análisis de las propuestas tendientes a desmejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y mantuvimos estrecha vigilancia sobre los proyecctos 19923 y 19606 presentados por la Alianza Nacional Opositora. En este año, trabajamos por mantener una comunicación constante, fluida y transparente con las diversas representaciones sindicales.
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- Infraestructura y transporte.
Nuestro principal éxito en esta materia fue la aprobación de la Ley de desarrollo de obra pública Corredor vial San José-Cartago, así como la Ley para el fortalecimiento del INCOFER y la creación del tren eléctrico interurbano.
A lo largo de este año nos hemos involucrado también con la defensa de las personas usuarias del servicio de autobuses. Al lado de la Defensoría de los Habitantes y organizaciones comunitarias, estudiamos el moldeo tarifario y denunciamos en el Plenario y la prensa las situaciones anómalas que se viven en diversas comunidades del país relacionadas con tarifas alteradas y servicios de mala calidad. En este sentido, se presentaron procesos contenciosos administrativos en comunidades de la zona sur
Constantemente hemos evidenciado la inoperancia del CONAVI y el COSEVI en la resolución de los problemas de la Ruta 32 y presentamos una acción de constitucionalidad para cerrar el CTP, verdadero obstáculo para la modernización del transporte público
En acciones comunitarias, hemos dado seguimiento a los trámites de licitación, adjudicación y rehabilitación de rutas nacionales y locales, y en materia de vivienda, realizamos constantes denuncias sobre poblaciones en condición de precario en zonas urbano marginales y rurales de todo el país. En apoyo a gestiones comunitarias, contribuimos a la realización de mejoras de infraestructura en escuelas y centros comunitarios de varias localidades y acompañamos gestiones para el mejoramiento de acueductos.
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- Educación.
En este periodo, destacamos el trabajo de investigación y estudio que nos llevó a posicionarnos en contra de la propuesta de Educación Dual. Estamos convencidos de que esta iniciativa no viene a solventar los problemas de desempleo de la juventud y que, al contrario, podría promover la deserción escolar al tiempo que precariza el empleo digno y atenta contra los derechos laborales. Como propuesta, propugnamos por un fortalecimiento del INA y de la educación técnica en los colegios y por tanto estaremos vigilantes sobre el “Plan Piloto” desarrollado por el MEP.
En otro orden de cosas, presentamos el proyecto 19696 para trasladar los recursos del FONATEL al MICIIT y así impulsar la ciencia y la tecnología, así como el proyecto 19860 para que los bancos comerciales y las entidades de intermediación financiera contribuyan de manera temporal con el financiamiento de la educación pública, y avanzar hacia el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución Política.
También trabajamos en la aprobación del proyecto para fortalecer el CONESUP en sus funciones de vigilancia para controlar la calidad de la educación en las universidades privadas, y seguimos impulsando el proyecto 18011 Solidaridad en la Educación Universitaria Privada.
Y logramos el dictamen afirmativo por unanimidad del proyecto 19491 que propone eliminar el sexismo dando énfasis en la formación inclusiva en la educación escolar. También presentamos el proyecto 20196 para ampliar el acceso a la cultura y a espectáculos culturales a niños, niñas y adolescentes.
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- Derechos Humanos.
La agenda de Derechos Humanos en el Parlamento enfrenta serios obstáculos para avanzar hacia un país que reconozca la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas. A pesar del avance logrado en el periodo anterior, en este año no vimos voluntad política para aprobar los proyectos que luchan contra la violencia hacia las Mujeres, combaten la discriminación por orientación sexual o fortalecen la libertad de prensa.
Sin embargo, porque creemos que el país debe avanzar en esta agenda, continuamos promoviendo avances en el Capítulo de Derechos Sexuales y Reproductivos, y en ése orden se logró el dictamen afirmativo del Proyecto 16.887 que busca que los derechos en salud sexual y salud reproductiva puedan ser efectivamente ejercidos por todas las personas. Abogando por una sociedad que garantice los derechos de todas las personas, en ese sentido, presentamos el proyecto 19841 que busca el reconocimiento de la identidad de género a las personas trans. En esta misma línea, junto a otros legisladores y legisladoras, firmamos el proyecto 19852 para legalizar el Matrimonio Igualitario.
Impulsamos la apertura de una sub comisión investigadora en la Comisión de DDHH para investigar la violación de derechos humanos por parte del DIS, y desde el plenario alzamos la voz para evidenciar los intentos por criminalizar la protesta social.
Este año logramos el dictamen afirmativo del proyecto 19660 para salvaguardar la integridad y el interés superior de la niñez ante el ataque de animales domésticos y presentamos junto a otros congresistas el proyecto 20067 Ley de acogimiento familiar, para garantizar la convivencia familiar y comunitaria de las personas menores de edad.
Se logró además junto a la Defensoría de los Habitantes, el avance en la discusión y búsqueda de soluciones a las condiciones de explotación que sufre la población nögbe migrante en nuestro país, e impulsamos con esta entidad su proyecto 20174, Ley para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación y racismo.
Como logros importantes del periodo, destacamos el dictamen afirmativo del proyecto 17.805 Carta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, así como la aprobación de la reforma a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, para que se reconozca la ocultación de bienes en una relación de pareja como una expresión de violencia patrimonial y reciba una sanción igual a la del código penal.
También se aprobaron en este periodo dos proyectos que apoyamos con firmeza: La Reforma constitucional para establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica y la Ley que crea el sistema de alerta y coordinación inmediata ante la desaparición de menores de edad.
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- Lucha contra la corrupción.
En virtud de las graves casos de corrupción en diversos entes públicos en gobiernos pasados, la Fracción del Frente Amplio ha tenido un destacado papel Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos en la que se ha impulsado la creación de expedientes de investigación para los casos del ICE y de Racsa, de los Bancos estatales y otros. En este mismo foro denunciamos acciones negligentes de la ARESEP.
De igual manera, el trabajo en la Comisión Investigadora conocida como Papeles de Panamá, ha permitido al Frente Amplio poner en evidencia los mecanismos con los que opera la elusión fiscal, amparada en portillos legales y la manera en que se los grandes capitales nacionales drenan los recursos del país robando al erario público al eludir sus responsabilidades fiscales. En este caso, denunciamos en diversos foros el caso de las empresas Yanber y Sinocem, vinculadas a operaciones irregulares con bancos del Estado.
El Frente Amplio dio un importante apoyo e impulso para que se lograra la aprobación del proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal con un articulado que le permita a las autoridades tributarias actuar con eficiencia y eficacia. Igualmente la Bancada del FA mantuvo una férrea lucha para que la Ley de impuesto a Personas Jurídicas fuera aprobada en éste año.
En materia de aprobación de leyes, este año celebramos la concreción de nuestra iniciativa para Modificar la Ley de la Defensoría de los Habitantes de manera que no se puedan postular quienes ostenten cargos de diputado/a en el momento de su postulación.
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- Participación ciudadana.
En cumplimiento con nuestros principios de hacer efectiva la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en las instancias de gobierno nacional y local, este año presentamos los proyectos 19842 para establecer los presupuestos municipales participativos, 19969 para integrar 3 representantes de las universidades al Consejo Nacional de Salarios, 20205 para que sean los jóvenes los que designen la presidencia del Comité Cantonal de Juventud y 20003 de Reforma Constitucional para garantizar la representación de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa
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- Costo de vida y sectores productivos.
Celebramos la aprobación del proyecto 18067 que pone un tope al aumento de alquileres de vivienda, el cual constituye un aporte importantísimo para la economía de las familias que alquilan casas. En esta misma línea, presentamos el proyecto de 20172 Ley contra la Usura, para poner un límite a la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito y las ventas de electrodomésticos y los préstamos personales fuera del sistema financiero (“garrotereras”)
En coordinación con organizaciones e instituciones del ramo, seguimos trabajando en un proyecto de rescate y refundación de CNP y hemos tomado parte en las propuestas sobre fortalecimiento de PYMES y organizaciones de economía social solidaria.
Presentamos el proyecto 19870 para realizar una redistribución equitativa de los tributos que se pagan por caja de banano, destinando más recursos para que los cantones con mayor producción inviertan en proyectos que generen un impacto positivo sobre las condiciones de vida de sus habitantes, en particular para proyectos desarrollados por mujeres.
Atendiendo necesidades largamente expresadas por el sector de pequeños y medianos ganaderos, presentamos el proyecto 19866, que autoriza al Senasa a otorgar exoneraciones totales o parciales del pago de guías de transporte de ganado a los propietarios o poseedores de ganado bovino para fines de subsistencia y alimentación familiar, y el proyecto. En una línea similar, se presentó el proyecto 20192 para la protección de la micro, pequeña y mediana producción agropecuaria.
Finalmente en este ámbito destacamos la lucha dada a lo largo de este año para evitar la autorización del cobro por descarga de datos en los servicios de telefonía móvil post pago. En esta línea realizamos campañas de divulgación generando presiones a la SUTEL y logramos el apoyo de otros diputados y diputadas para una consulta de constitucionalidad. En la búsqueda de alternativas para que las empresas operadoras no trasladen sus costos a los usuarios, presentamos el proyecto 20188, para que las empresas operadoras cobren un canon a las grandes plataformas de descarga de datos.
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Asumimos este nuevo periodo legislativo renovando nuestro compromiso con Costa Rica y esperamos que junto con otras fuerzas progresistas, podamos dejar un legado positivo que logre responder a las expectativas que el pueblo depositó en nosotros.
Cerramos este año, conscientes de los retos que deberemos enfrenar y encaramos el 2017 renovando nuestro compromiso con Costa Rica. Esperamos que junto con otras fuerzas progresistas, podamos dejar un legado positivo que logre responder a las expectativas que el pueblo depositó en nosotros.
