José María Villalta
Diputado Frente Amplio
La reforma tributaria que se tramita atropelladamente en la Asamblea grava con 14% de impuesto de ventas la prestación de todos los servicios requeridos por las agricultoras y los agricultores nacionales para producir, industrializar y comercializar en el mercado nacional los alimentos que diariamente comemos en Costa Rica.
Hoy en día están exonerados los insumos agrícolas (bienes) que ellas y ellos compran para producir y no pagan impuesto de ventas los servicios utilizados en la producción agropecuaria (Ley 6826, artículos 1 y 9).
Pero la reforma tramitada bajo el expediente 18.261 cambia radicalmente el panorama: se mantiene la exoneración para los insumos agropecuarios (aunque no para la maquinaria agrícola), pero le imponen el IVA a todos los servicios utilizados en la producción agropecuaria y agroindustrial: transporte productos agropecuarios, alquiler de fincas y maquinaria, seguro de cosechas, asistencia técnica, capacitación, servicios veterinarios, servicios agronómicos, almacenamiento de productos, red de frío, control de plagas, carné de ferias del agricultor, servicios notariales, entre muchos otros.
Quién requiera la prestación de estos servicios como parte de su proceso productivo, deberá pagar un 14% adicional sobre el valor del servicio, lo que indudablemente encarecerá sus costos de producción.
De forma inevitable se encarecerán los costos de producción de la comida, porque la reforma expresamente impide que quienes los producen le soliciten al Ministerio de Hacienda la devolución –vía crédito fiscal- del impuesto pagado en la compra de servicios como parte de su proceso de producción.
En efecto, el artículo 14E del proyecto expresamente establece que solo cabe el crédito fiscal por “el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto.” Por el contrario, si se paga el impuesto en la compra de servicios utilizados para producir bienes exentos, no será posible acceder al crédito fiscal.
De esta forma se cambia por completo la ley vigente, que dice que “el crédito fiscal procede en el caso de adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la elaboración de bienes exentos del pago de este impuesto” (artículo 14).
Lo anterior afecta directamente a la agricultura y la agroindustria porque la gran mayoría de sus productos finales forman parte de la canasta básica exonerada (la vigente y la que propone el proyecto).
Esto significa que quienes los producen no podrán recuperar los impuestos pagados durante el proceso productivo. Inevitablemente tendrán que soportar el aumento en sus costos de producción o trasladárselo quienes los compran para su consumo. Esta situación, de mantenerse, tendrá efectos perversos sobre el derecho a la alimentación de nuestro pueblo y contra el sector agropecuario nacional.
La comida más cara. Para las productoras y los productores agropecuarios nacionales resultará más caro producir. Un sector que está en crisis y que ha sido tan golpeado en los últimos años, no tiene margen para absorber estos costos adicionales. No le quedará más alternativa que cobrarle más caro a las personas consumidoras. Esa es una consecuencia directa de imponer el IVA a los servicios requeridos en el agro: comida más cara para nuestro pueblo, especialmente los productos incluidos en la canasta básica.
Así las cosas, de nada sirve toda la propaganda de los promotores del proyecto sobre la canasta básica. De nada sirve que mantengan exonerados los productos agropecuarios en dicha canasta porque, al gravar los servicios requeridos para producirlos, esos productos se venderán más caros a las personas que los consumen. Al final, el IVA a los servicios se le terminará cargando a estas últimas.
¿Y la soberanía alimentaria? El trato que la reforma fiscal les da a las agricultoras y los agricultores que producen para el mercado interno y a quienes exportan en cuanto al pago del IVA, es diametralmente distinto. Según el párrafo tercero del artículo 14 E, quienes exportan sí pueden beneficiarse con créditos fiscales por el IVA que paguen en la compra de bienes y servicios requeridos para producir los productos que exportan.
Así como suena: mientras cargan con impuestos a quienes cultivan nuestra comida, las empresas agroexportadoras no tienen que soportar el incremento en sus costos de producción por la imposición del IVA a los servicios que requieren para producir.
¡Impuestos a los agricultores que venden en la feria, créditos fiscales para las trasnacionales bananeras y piñeras!
La consecuencia directa de este trato discriminatorio para la producción nacional que abastece el mercado interno es un nuevo y poderoso incentivo para dejar de producir los alimentos que come el pueblo de Costa Rica y cambiar de actividad. ¿Para qué seguir produciendo comida para alimentar al pueblo costarricense si pueden pasarse a otras actividades donde no tendrán que soportar los altos costos del IVA?
En este sentido, la reforma tributaria impulsada por el PLN y el PAC calza como anillo al dedo con las políticas impulsadas en los últimos 25 años en nuestro país dirigidas a desestimular sistemáticamente la producción agropecuaria para el mercado interno, para favorecer a las empresas agroexportadoras. Es la cereza del pastel de las reformas neoliberales orientadas a desmantelar la producción nacional.
Lo más lamentable es que esta reforma cuente con el respaldo de partidos que, un día sí y otro también, hablan de defender la soberanía alimentaria, es decir, de proteger algún nivel de autosuficiencia en la producción de alimentos, que es lo mismo que la capacidad de un país de producir al menos un porcentaje considerable de su comida, no depender enteramente de las importaciones, etc.
Hablan de soberanía alimentaria, pero hacen todo lo contrario.
