Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
Después de una larga lucha de oposición al llamado proyecto de Ley de Propinas, que buscaba interpretar auténticamente dicha ley, con el fin de que las propinas no fueran consideradas parte del salario, no les ha quedado más remedio que recomendar enviar al archivo esa iniciativa.
Este proyecto constituía un retroceso social al buscar hacer retroactivas medidas que van en contra de los derechos de los y las trabajadoras de nuestro país. Así lo denunció el Frente Amplio pues ¡Este no era un proyecto social, era un proyecto de despojo hacia un sector de la clase trabajadora de este país!
Se trataba de un proyecto hecho a la medida de los intereses de un determinado sector, y en detrimento de los intereses de las personas trabajadoras humildes de este país.
El Frente Amplio denunció desde el inició que esta iniciativa violenta el derecho constitucional a la seguridad social y el principio derivado de solidaridad social en el financiamiento de los seguros sociales, al pretender excluir las propinas del cálculo de los seguros sociales que administra la Caja Costarricense del Seguro Social y, en contra de los propios trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico, al ver reducidos los montos de sus prestaciones legales y sus pensiones.
Se trataba de una iniciativa inscrita en una estrategia neoliberal, muy conocida, de desregulación y de flexibilización de las relaciones laborales, con el agravante, en este caso, de que se estaba introduciendo por la vía de la interpretación auténtica, que tiene efectos retroactivos, lo que podría tener impactos financieros considerables para la Caja Costarricense de Seguro Social y para los y las trabajadoras del sector gastronómico.
Fue mediante la vía de consulta facultativa de constitucionalidad que logramos frenar este atropello, puesto que la Sala Constitucional nos dio la razón y sentó un precedente fundamental en beneficio de los derechos laborales en nuestro país, donde vino a recordarle a los y las legisladoras que nuestra Constitución Política y los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos imponen al Estado Costarricense “el deber de lograr niveles cada vez más altos en la satisfacción de los derechos sociales a través de la gradualidad y la progresividad, evitando todo género de medidas regresivas en su satisfacción”.
La exclusión del derecho a la propina como parte integral del salario y, por ende, para aumentar las contribuciones a los seguros sociales, implicaba una violación al deber del Estado de desarrollar, progresivamente, el goce y ejercicio de los derechos al salario y a la seguridad social. Desde 1972 quedó clara la intención del legislador de regular de manera progresiva en aras de asegurar los derechos sociales de los trabajadores de restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Ahora se reafirma su derecho.
