José María Villalta *
Mucho alboroto político causó el hecho de que, durante la visita de la presidenta Laura Chinchilla a Guanacaste, cientos de costarricenses marcharan para expresar su descontento con la situación de su provincia y para hacer patentes sus demandas, una de estas, por ejemplo, es perfectamente realizable por la presidenta Chinchilla, sin intervención del Parlamento. Consiste en derogar el Decreto Ejecutivo No. 35962-MP-TUR, que fuera emitido por el expresidente Óscar Arias, y por cuya causa las municipalidades de Liberia y Carrillo pierden al menos ¢602 millones 750 mil anuales.
A pesar de tratarse de unas de las zonas de mayor plusvalía de Guanacaste y seguramente del país –hasta el Príncipe de Arabia Saudita tiene inversiones allí-, el decreto en cuestión cambia la forma de cálculo de la base imponible del canon a pagar por los beneficiarios de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre.
Antes, se estimaba a partir del valor de mercado de la propiedad, según los avalúos del Ministerio de Hacienda. Con el decreto, se pasó a una base imponible única de tan solo un dólar por metro cuadrado ($1,56 indexado).
El cambio implica que mucho dinero no ingresará a las arcas municipales y los vecinos afectados saben sobre el enorme impacto que este dinero podría tener no solo para su bienestar, sino para el conjunto de la provincia, en tiempos de alto desempleo y baja actividad económica.
Como diputado, le envié una carta a la presidenta Chinchilla hace seis meses -el 26 de enero-, solicitándole derogar tal decreto y lo hice cuando el país reconocía que la “mesa servida”, en lo fiscal, dejada al actual gobierno, por el anterior, más parecía una mesa para difuntos. ¿Por qué la Presidenta no ha hecho nada hasta el momento? ¿Acaso teme enfrentarse a intereses creados?
Pasemos a la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social. No es nada casual que su deterioro, provocado, es cierto, por distintos niveles de corrupción –desde las compras de servicios y préstamos millonarios, hasta quienes se “incapacitaron” para ver el mundial de fútbol-, también ha sido alentado por una visión privatizadora de la economía y de la vida social.
La CCSS se creó mediante un pacto social en la década de los años 40 del siglo XX, porque el pueblo trabajador salió a las calles y hasta los liberales comprendieron que de nada les servía una población empobrecida, sin atención de la salud y sin posibilidad de pensión durante la edad de retiro. Pero hoy, con el enfoque privatizador, la CCSS ha sido vista como secundaria por los sucesivos gobiernos. Si hubieran podido, también la hubieran dado en concesión.
Así como rebaja los impuestos de los concesionarios de Papagayo, el gobierno también alcahuetea a grandes empresarios que deben miles de millones a la seguridad social. ¿Será porque financiaron su campaña política? Peor aún, ni siquiera cobra las obligaciones del Estado. Desde hace un año está engavetada en Casa Presidencial la propuesta para cobrar los más de ¢300 millones que desde el año 2000 deben a la CCSS las empresas públicas por la Ley de Protección al Trabajador. Otra solución que solo requiere un simple decreto presidencial.
Hoy, después de un cuarto de siglo de políticas de este tipo, el país está nuevamente necesitado de un pacto social. La democracia y la ciudadanía costarricense ya no resisten esta insoportable levedad y angurria de quienes se enriquecen mientras el resto del país se deteriora.
Los cambios en el mundo del trabajo, en los roles de hombres y mujeres y de las estructuras familiares en Costa Rica, el incremento del abandono, de la delincuencia infantil y juvenil, la creciente inseguridad ciudadana; la afectación del medio ambiente en nombre de negocios inescrupulosos, la cada vez más profunda desigualdad social y la persistente pobreza, son todos problemas que requieren de un nuevo pacto social costarricense.
Quien se atreva a reordenar la casa teniendo como norte este acuerdo, quien tenga la decisión de redistribuir la riqueza y reinstaurar la solidaridad, tendrá garantizado el liderazgo político del país por un largo tiempo.
Hasta el momento, la Presidenta no ha dado muestras de tener esta decisión. Por el contrario, parece cerrar filas con la bancada del PLN, que, decidida a aislarse, se atrinchera en su labor de obstruir la voluntad de trabajo de la Alianza Por Costa Rica, en la Asamblea Legislativa.
Cada vez queda menos tiempo para saber si la administración Chinchilla pasará a la historia sin pena ni gloria. Los cambios que el país requiere parecen ser un desafío político que no está dispuesta a asumir.
* Diputado del Partido Frente Amplio, publicado en el Diario Extra, Lunes 22 de agosto de 2011
