San José, (NP/20-09-2008) Agobiados por la desesperanza de no vislumbrar soluciones al problema del agua para el consumo humano, envenenada con agroquímicos, decenas de vecinos de la región de El Caribe, denunciaron en el Salón de Beneméritos de la Patria, en el Congreso, a las autoridades y medios de información por ignorar sus derechos.
Con carteles de denuncia, hombres, mujeres, niños, niñas y estudiantes, acompañados del legislador del Partido Frente Amplio, José Merino del Río, acusaron a las autoridades del sector salud y del ambiente de “no hacer nada para eliminar el veneno de nuestras fuentes de agua”.
El legislador sostuvo que el Gobierno del presidente Oscar Arias le ha declarado la guerra a la naturaleza, y no mueve un dedo ni para mandar a los funcionarios encargados a investigar las violaciones a las leyes ambientales.
En la Región Caribe de Costa Rica se produce piña de calidad, dulce, de buen porte y color para los mercados de Europa y Estados Unidos, a costa de la salud de los habitantes de las comunidades, el desempleo y la pobreza, afirmaron dirigentes de esa zona.
La pelea de la comunidad de El Cairo, en Guácimo, provincia de Limón, la dan los vecinos en condiciones de desventaja, ya que a la negligencia de las autoridades del Gobierno “se le suman la manipulación y la calumnia de los medios de prensa al servicio de los neoliberales”, acotó Merino.
Hugo Vindas, del Frente Nacional de Poblaciones Afectadas por las Plantaciones Piñeras (Frenasapp), y vecino de La Perla, denunció que la empresa Agroindustrial Tico Verde lo acusó penalmente a él y a 13 vecinos más por haber causado daños a la compañía.
“Ahora dicen que son ellos las víctimas y dicen que les hemos destruido a machete una plantación de piña; eso es una calumnia, y así lo publican en un medio de comunicación nacional en un campo pagado”, añadió.
Vindas también denunció que muchos dirigentes como él, han sido amenazados por teléfono “supuestamente por gente vinculada o contratada por esa empresa”.
El dirigente explicó que las plantaciones de piña se encuentran ubicadas en las zonas más altas del cantón, y las fuentes de agua para consumo humano son afectadas por los agroquímicos Bromacil y Diurón, altamente cancerígenos.
Por su parte, la regidora municipal, Erlinda Quesada, informó que a pesar de que el Gobierno Local de Guácimo acordó una moratoria para ampliar las plantaciones de piña, el Gobierno Central rechaza la medida y extiende permisos.
Quesada reforzó las denuncias de Vindas y acotó que las plantaciones se encuentran en terrenos con una inclinación de 35 grados, y afecta con mayor rapidez las fuentes de agua, contamina los ríos y aumenta la sedimentación.
Además, recordó que en negociaciones con el propietario de la empresa, Alonso Sancho, éste se comprometió a cumplir una serie de normas para no contaminar las fuentes de agua, pero ha incumplido “gracias a la aprobación de los permisos por parte de autoridades del Ministerio de Agricultura, Salud y del Ambiente”.
“Ya no sabemos adonde ir a reclamar nuestros derechos”, dijo.
Legalidad
Gabriela Cuadro, abogada de la Organización no Gubernamental Cedarena, que respalda a los vecinos de las comunidades caribeñas, denunció que la empresa Agroindustrial Tico Verde operó desde el 2004 y hasta el año anterior, sin contar con los permisos de viabilidad ambiental ni con el estudio de impacto ambiental, que aprueba la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), adscrita al Ministerio del Ambiente.
La asesora de las comunidades denunció que varios recursos y alegatos ante las autoridades ambientales han sido rechazados, inclusive, el último les fue comunicado este viernes a primera hora.
“Ya hemos agotado la vía administrativa y presentaremos un Contencioso Administrativo, porque se está violando el derecho de la población a disfrutar de un ambiente sano”, añadió.
Dijo que el Fiscal Diego Herrera, de la región, debe investigar la deforestación y la contaminación, mientras que la Municipalidad, junto con el Alcalde presentaron en junio un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que fue acogido pero que ese tribunal no ha dictado sentencia.
Cuadro lamentó que como respuesta a todas las denuncias, el Ministerio de Salud propuso un reglamento para el uso de los agroquímicos Bromacil y Diurón, que permitirá el uso en cantidades limitadas.
Al respecto, Vindas y Quesada afirmaron que la decisión de la población es “de cero agroquímicos”, y la regidora recordó que en una reunión la Ministra de Salud y tres funcionarios más se negaron a tomar un fresco natural, “porque temían la utilización de agua contaminada”.
Añadió que en los cantones de Guácimo y Siquirres, una población que supera los seis mil habitantes, que desde casi un año el estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), les distribuye el agua mediante la utilización de un camión cisterna “todo sucio”.
Quesada demandó nuevamente al Gobierno del presidente Arias para que se elaboren todos los estudios necesarios para corroborar la información que tiene la población y Frenasapp.
Finalmente, Vindas aseguró que esa empresa no significa ningún beneficio para la comunidad, ya que solo una persona trabaja en ella, y los asalariados que contrata son inmigrantes nicaragüenses de otras
poblaciones cercanas.
Fuente: Nuestro País
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| De Frente Amplio |
