En Costa Rica, el feminicidio es un problema que ha cobrado relevancia y sus implicaciones han afectado también a las familias de las víctimas, esto es lo que le sucede a los parientes de la joven Luany Valeria Salazar Muñoz, quien residía en Tres Ríos de Cartago y fue asesinada a manos de un conocido. Sin embargo, es importante recordar que no es la primera vez que se publican noticias con tintes amarillistas.
Principalmente cuando el abordaje es totalmente inadecuado de quien(es) dan el suceso, agravando el problema de la misoginia en la actualidad, el cual debe ser señalado y denunciado con la premura posible, principalmente cuando esta se manifiesta a través de medios periodísticos que usan las redes sociales para su difusión. Más preocupación genera cuando estas noticias están asociadas a cuestiones de una investigación judicial en proceso.
Diversos actores mediáticos tuvieron líneas muy similares al momento de cubrir el tema. El abordaje misógino y revictimizante fue constante, otros medios de comunicación dieron una atención más integra y con una perspectiva de género, la cual es mucho más adecuada al momento de atender un suceso de tal calibre.
La gravedad del problema recae en una peligrosa combinación de abordajes sensacionalistas y mal manejo de un proceso judicial, el resultado va ser fomentar aún más la violencia contra las mujeres presente en la sociedad, a pesar de tratar de poner palabras bonitas en un intento (casi desesperado) de camuflar sus acciones, en sus intentos de querer “informar” lo que ha sucedido a lo largo de toda la investigación judicial, tanto de quienes comunican, como quienes deben ser muy sigilosos en cuanto brindar información, aun así sean llamados a comparecer en una comisión legislativa, por las autoridades correspondientes.
El caso de Luany Valeria revive situaciones que anteriormente se han dado en el país, donde la revictimación hacía la familia, la estigmatización hacia las mujeres, junto con los prejuicios están muy presentes en sus intenciones de informar, pero en esta ocasión las autoridades encargadas de llevar acabo la investigación judicial cometen diferentes faltas que se consideran graves como lo que se establecen en el artículo 295 del código penal costarricense (en sus últimas tres líneas que indica: Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave”. Código penal, 2004). A raíz de esto, el abogado de la familia interpondrá una denuncia por prevaricato, por las palabras que se dijeron enla comparecencia en la comisión de seguridad y narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Es importante indicar que en dicho espacio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en su afán de querer justificar sus acciones, ya que lo sucedido y la forma como se actuó tuvo tan impacto que fue necesario una comparecencia y en ese evento, las palabras expresadas ahí, le da la oportunidad a los medios de comunicación de manejar la información a su parecer, provocando una serie de reacciones en diferentes espacios, tanto institucionales, hasta con los familiares, ya que es una investigación en proceso.
En dicha comparecencia, la máxima autoridad encargada, revela datos muy sensibles de una investigación en proceso, que algunos medios abordaron sin un análisis adecuado. Otros fueron más oportunos en consultar a otras autoridades políticas, tanto del poder ejecutivo (INAMU) o legislativo (diputada Paola Vega) quien emitió su opinión de lo que se habló en esa audiencia, y la activista Larissa Arroyo especialistas en derechos de las mujeres, quien denuncia las reiteras situaciones que se dado en el Organismo de Investigación Judicial.
El punto en común, son las palabras dadas a ese medio de comunicación (Noticias monumental) que señalan la misma falta, el mismo problema, el abordaje inadecuado dado ante los diputados y diputadas, que después se presta para la mala intencionalidad de periodistas en tratar de ahondar en ciertos aspectos delicados, que según esa autoridad no iba referirse al tema, aunque ya lo había hecho adrede con la “intención” tratar de justificar el accionar del personal que debía llevar y procesar el caso, pero, en diferentes ocasiones se ha demostrado que su accionar fue a destiempo, ya que la familia había tomado acciones por la misma omisión que recibieron por parte de las autoridades.
Por eso, también se indica que el proceso fue totalmente inadecuado, en el caso de Luany, aunque se trate de poner diferentes justificantes que finalmente, evidencia que por ciertos aspectos no se dio una atención más oportuna, se cuestiona desde diferentes ámbitos y niveles, por ello se presenta las quejas y reclamos por justicia pronta y cumplida, por un proceso judicial que no comprometa la integridad de la familia o de la persona a investigar ya sea que esta se encuentre viva o fallecida.
Porque el acceso a la justicia no debe estar condicionado, ni acorralado por los prejuicios que pueda presentar una persona cuando su nombre aparece en un expediente judicial, aunque haya sido víctima por el lugar donde se encontraba trabajando, o su género, y esto más bien debe ser un indicador muy importante a considerar cuando se reporta una persona desaparecida, y no sea la familia quien tenga que proceder, porque no fueron atendidos adecuadamente cuando se presentaron ante la justicia.
- Carlos Cruz. Estudiante de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.
