Por la reafirmación del derecho de autodeterminación de los pueblos y rechazo a las presiones injerencistas en Venezuela
Desde inicios del siglo XX el país suramericano comenzó a hacer uso del recurso petrolero como fuente de su economía. Ese modelo se afianzó a partir de que las élites gobernates del bipartidismo del Pacto de Punto Fijo (de los Partidos COPEI y AD) estimularon una economía dependiente únicamente del petróleo. Un modelo que además se instaló en la lógica común de la población y que en los años de proceso bolivariano ha sido complejo abordar, precisamente porque se trata de mentalidades formadas en la larga duración histórica.
Sin embargo, las crisis más brutales tuvieron lugar durante los gobiernos fieles a la línea de Washington. El Caracazo en 1989 es evidencia de ello y constituyó el punto de inflexión hacia la búsqueda de una alternativa política.
Las ansias de transformación cuajaron con la Revolución Bolivariana, que continuó utilizando el petróleo como principal recurso para solventar las necesidades más urgentes y apremiantes de las mayorías excluidas. Nunca antes en la historia republicana de Venezuela se había dado un proceso de movilidad social tan apresurado, amplio y redistributivo como el que comenzó a operar desde 1999 con la entrada en vigencia de la nueva Constitución bolivariana.
La crisis reciente y la salida pacífica
Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, las élites apoyadas por sus socios estadounidenses han desarrollado planes de desestabilización: golpe de Estado en 2002, boicot petrolero, guarimbas, asesinato del diputado Robert Serra, especulación, sanciones, desinformación mediática, etc.
La reciente crisis con la caída del precio del petróleo ha supuesto una contracción en la economía venezolana y ha evidenciado más que nunca la necesidad de avanzar hacia otro modelo que rompa la dependencia del hidrocarburo. Al mismo tiempo ha puesto en relieve la mezquindad de la cúpula opositora, que aprovechando la crisis de una estructura de dependencia erigida hace más de medio siglo, promuevan la especulación, la violencia y el daño a bienes públicos como vía para alcanzar el ejercicio del poder. Los procesos de diálogo y resolución de conflictos que propuso el Papa Francisco I y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue también despreciada por la oposición que abandonó cualquier canal de diálogo.
La Constituyente se perfila como una salida política a un problema político, del cual solamente el pueblo venezolano tiene derecho a resolver en pleno ejercicio de su soberanía. El pronunciamiento de desconocimiento al proceso celebrado el domingo 30 de julio, emitido por la Cancillería costarricense, contraría el respeto de autodeterminación y emite opiniones por asuntos internos del país.
Bajo el argumento de defensa de la legalidad se pretende meter mano en un asunto que solamente le corresponde a los ciudadanos de ese país dirimir. Desde esa lógica de respeto a los asuntos internos es que ningún gobierno extranjero realizó excitativas a Costa Rica para que la Sala Constitucional reconsiderara su posición de permitir la reelección en favor del ciudadano Óscar Arias Sánchez en 2003, aún cuando la Constitución así lo impedía y le correspondía al Congreso esa decisión de reforma.
En concordancia con lo anterior, es que solicitamos el respeto a los procesos de cada pueblo y denunciamos las presiones de entes internacionales encabezados por el gobierno del estadounidense Donald Trump. Rechazamos las sa
nciones y los planes de intervención, que colocarían a Venezuela en la ya trágica historia de intromisiones sangrientas que el gobierno de los Estados Unidos porta como medalla.
Secretaría de Relaciones Internacionales
Juventud Frente Amplio
