Las personas deberían tener el derecho de elegir sobre su cuerpo
JOSÉ MARÍA VILLALTA DIPUTADO DEL FRENTE AMPLIO
Los diversos medios de comunicación nacionales muestran los rostros, ya envejecidos, de varias parejas costarricenses que ganaron al Estado un multimillonario juicio llevado a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haberles negado el derecho, ahora ya irreparable, a tener su propia descendencia.
Las parejas, como es lógico, no muestran sentimientos de alegría, sino del profundo dolor de haber sido despojadas de una parte muy importante de su tiempo vital y de su historia, por otros seres humanos cuya soberbia y fanatismo religioso encontró apoyo en la Constitución Política de un Estado confesional.
Estas parejas, ellas mismas creyentes religiosas, confiaron en las promesas del matrimonio “entre hombre y mujer”, para la reproducción. Sin embargo, nunca imaginaron que sería el fanatismo de otros creyentes, el que atropellaría un derecho que ya no tiene reparación.
Proyecto deficiente. Ahora, volvamos al presente. En la sesión del plenario legislativo del pasado martes, 14 de junio, voté en contra de que se archivara el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para legalizar la fertilización in vitro, con el fin de que se abriera la posibilidad de discutir y votar otros dictámenes, así como de hacer correcciones, vía mociones, al proyecto original.
Este era tan deficiente, que fue criticado incluso por quienes sí estamos a favor de que se regule adecuadamente la técnica de la fertilización in vitro. Sinembargo, lo que finalmente prevaleció, fue el peor de ellos: el archivo definitivo del proyecto.
Y es el peor resultado porque el fundamentalismo ha arrebatado, nuevamente, el derecho de parejas costarricenses a recurrir a los avances responsables de la ciencia para lograr tener su propia descendencia. Cualquier nueva posibilidad deberá comenzar de cero, mientras que la cuenta del reloj no se detiene para estas personas.
Es importante recordar que, hasta hace poco, en Costa Rica, la fertilización in vitro se practicaba legalmente, y que varias niñas y niños costarricenses nacieron gracias a esta técnica de fertilización asistida y hoy forman parte de la ciudadanía del país.
El problema estuvo en que esta técnica se regulaba con un simple decreto, lo cual no es correcto porque los temas de derechos fundamentales deben regularse por ley. Debido a eso, la Sala Constitucional anuló y declaró inconstitucional ese decreto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal al cual nuestro país se obligó a respetar cuando firmó el Pacto de San José, ha puesto un plazo para que Costa Rica sancione una ley que materialice el derecho de las personas, hoy con discapacidad en términos reproductivos, a tener una familia.
Yo he recibido, hace poco, la alegría de saber que voy a ser padre, y me pongo en el lugar de esas parejas que quieren procrear una familia, pero que, por limitaciones físicas o económicas, que podrían ser superadas con los avances de la ciencia o con el apoyo de la seguridad social, no podrán hacerlo porque otras personas les imponen sus particulares elecciones e ideologías.
Acceso a un derecho. Tampoco puede argumentarse que la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene la capacidad de asumir la carga del cumplimiento de este servicio, porque el derecho humano a la salud debe verse integralmente. Y es obligación del país encontrar la manera de hacer que la Caja pueda atender, también, esta dimensión del derecho humano a la salud.
El Frente Amplio defenderá siempre el sistema costarricense de seguridad social, y estamos conscientes de los problemas financieros y de diverso tipo que hoy agobian a la CCSS, problemas que, por cierto, han sido estimulados por quienes quieren contar con un mercado privado de la salud o desentenderse de una obligación patronal.
Pero no creemos que la solución sea prohibir tratamientos que pueden traer beneficios y calidad de vida para la ciudadanía. Nuestro país ha estado a la vanguardia en la defensa y promoción de los derechos humanos, y de eso es de lo que se trata el acceso a la fecundación in vitro.
Las personas deberían tener el derecho de elegir sobre su cuerpo y el desarrollo pleno de sus capacidades humanas, y no ser mantenidas, como dijera un filósofo, en el estado de minoría de edad que desean los sistemas fundamentalistas y autoritarios.
Artículo publicado en La Nación y el Diario Extra
