- Directivo Mario Devandas ha denunciado que una propuesta de gerente de logística implicaría en la práctica la privatización.
- Diputado Villalta y Frente Amplio se suman a la alerta.
- Se teme que decisión se tome en cuatro paredes sin debate nacional.
Mario Devandas recibió a una delegación del Frente Amplio en su despacho de la CCSS.
Mario Devandas, representante del sector sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ha denunciado que una propuesta de Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Logística de la institución, llevaría a una privatización de los servicios de salud.
La preocupación que lleva a la denuncia se basa en las experiencias de corrupción que históricamente se han dado en Costa Rica y otros países de la región cuando los intereses de lucro de grandes empresarios se mezclan con los servicios públicos esenciales como lo es la salud que se financian en gran medida por las cuotas de todas las personas trabajadoras.
La medida denunciada pretende modificar la Política para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos, es decir, las normas que establecen los parámetros mediante los cuales entes externos venden servicios a la institución. Actualmente se establece que en servicios esenciales la Caja solo puede concesionarlos si alega inviabilidad de brindar el servicio. La intención de la propuesta es eliminar el criterio de inviabilidad y que se pueda hacer en cualquier momento.
Se teme que esto lleve a que el camino iniciado por los EBAIS concesionados y privatizados se mantenga y se pretendan privatizar clínicas y hospitales.
Para Mario Devandas “está preparado el camino para el paso privatizador. No hay tejido social para frenarlo, las Juntas están divididas (…) además “el principio de publicidad no se respeta en la CCSS. Las decisiones de la Junta Directiva son prácticamente secretas y son medidas que afectan de manera inmediata a toda la población.”
Yamileth Fontana (Juntas de Salud del Este), Antonio Ortega (Secretario General) y María Eugenia Román (asesora legislativa).
Ligado a este tema el diputado José María Villalta denunció que dentro del texto del plan fiscal se aprobó una moción del diputado Pedro Muñoz (PUSC) para que las
empresas privadas que venden un servicio de la CCSS no estén obligadas a cumplir con la Ley de Incentivos Médicos, lo que conlleva a un empobrecimiento de las personas trabajadoras del sector salud y a una disminución de la calidad de los servicios.
El diputado José María Villalta alertó que estas dos medidas pueden ser engañosas para algún sector de la población que considera que el servicio estaría mejor en manos privadas, pero que “la supuesta ineficiencia de la CCSS se ha debido a la negligencia y mala administración de personajes que tienen grandes intereses económicos dentro la medicina privada y a quienes les interesa que la institución entre en crisis aún mayores”.
El diputado recordó casos como el de los quirófanos de la Caja en los que la institución se vio obligada a pagar decenas de millones de colones por bienes que no cumplían los estándares mínimos y cuya decisión de compra no fue de toda la institución si no de personas específicas.
Una delegación del Frente Amplio compuesta por Yamileth Fontana (Juntas de Salud del Este), Antonio Ortega (Secretario General) y María Eugenia Román (asesora legislativa) se reunieron junto a Mario Devandas el miércoles 22 agosto para compartir criterios sobre esta situación. La delegación frenteamplista mostró gran preocupación por el secretismo que impera en las decisiones de más alto nivel de la Caja, a pesar de que afectan a todas los habitantes.
La defensa y el rescate de la Caja ha sido parte de la historia del Frente Amplio desde su fundación y muchas son las propuestas que se han presentado en lo programas de gobierno y en proyectos legislativos. Para Antonio Ortega, Secretario General de la agrupación frenteamplista “sería la crónica de una muerte anunciada. Los movimientos políticos y sociales tienen que recordar que muchas de sus reivindicaciones y búsqueda de derechos se ejecutarían desde la Caja. El Gobierno deberá de saber que la benemérita institución es garante de paz y estabilidad social, no vaya a ser que el ‘Gobierno del Bicentenario’ logre lo que anteriores administraciones intentaron… privatizar la Caja.”
La Comisión Política del Frente Amplio conformará un foro permanente donde se informe, discuta y se decidan acciones sobre esta situación. Además se espera que organizaciones gremiales y movimientos sociales convoquen a actividades de información y movilización que permitan involucrar a sectores más amplios en la defensa de la institución que es piedra angular del Estado Social de Derecho costarricense.
