- Patricia Mora y presidente Alvarado firmaron un decreto, una directriz gubernamental y una serie de acciones institucionales.
- Medidas son de acatamiento para todos los Poderes de la República.
La Ministra de la Condición de la Mujer Patricia Mora anunció que la lucha contra la violencia a las mujeres será prioridad del gobierno nacional luego de que el presidente Alvarado firmara un decreto y otras medidas para atender la epidemia nacional en Casa Presidencial este martes 14 de agosto.
Los documentos, que pueden consultarse aquí, incluyen un decreto presidencial, una directriz de prioridad nacional y un documento de más de 40 acciones institucionales. Esto fueron presentados ante un auditorio con representantes de todos los Poderes de la República.
Para Patricia Mora “este día será recordado en el país. No hay precedentes de este tipo de declaratorias en América Latina”.
El Presidente Alvarado explicó que hay voluntad de todos los Poderes para “crear un frente común para combatir la violencia contra las mujeres”.
Algunos de los objetivos de las medidas son la prevención de femicidios, facilitar el acceso de mujeres a espacios libres de violencia de género, fortalecer los mecanismos institucionales, trabajar en la promoción de una cultura de respeto y contra la violencia y hacer efectiva la ley contra las relaciones impropias, por mencionar algunos.
En cuanto al cambio de figura jurídica respecto a la declaratoria de emergencia nacional Mora explicó que “no es procedente la declaratoria porque la ley fue concebida para desastres que no son intencionales. Lastimosamente este es no es el caso y por eso son necesarias nuevas medidas jurídicas. Pero no hay duda de que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional.”
En un país donde el 87% de las denuncias presentadas por violencia contra las mujeres son desestimadas por diferentes razones Mora cree que se debe trabajar con las comunidades cerca de las mujeres y fortalecer las defensorías sociales.
Las medidas y acciones se implementarán dentro de los planes operativos de las instituciones por lo que no implica inversiones extraordinarias para el Estado.
