El 28 de junio de 2009 se fraguó un quiebre en la democracia regional con el golpe de Estado en Honduras, que abrió un nuevo capítulo de desestabilizaciones hacia gobiernos y procesos que desde los albores del nuevo milenio se plantearon con una vocación popular y nacional.
El golpe contra el presidente Manuel Zelaya constituyó no una simple deposición de un gobernante, sino en la puesta en escena de una estrategia violenta que derivó posteriormente en otro tipo de tácticas, como los golpes blandos auspiciados desde los aparatos de justicia en lo que se conoce como judialización de la política o lawfare (aplicado en su máxima expresión en la Argentina contra Cristina Fernández, o en Ecuador contra Rafael Correa). Es por tanto el golpe en Honduras, la primera operación de ataque contra los gobiernos que plantearon reformas estructurales en sus pueblos tendientes a la redistribución de la riqueza, acceso y democratización de derechos.
La convocatoria a un referendum de consulta popular para que el pueblo hondureño expresara su decisión de colocar una cuarta urna en las elecciones presidenciales de 2009; que a su vez preguntaría si se convocaba a la redacción de una nueva Constitución, fue la gota que derramó el vaso para una oligarquía tradicionalmente conservadora y reaccionaria. El gobierno de Zelaya había emprendido acciones que generaron el descontento de la élite, como la moratoria a la minería en 2006 y el acercamiento con países del ALBA para cooperación.
Cierto sector de la élite hondureña, ligada al narcotráfico, fue clave también en el proceso de desestabilización que contó con el aval de los Estados Unidos. El hombre más rico del país, Miguel Facussé, empresario con múltiples inversiones y denunciado por el asesinato de campesinos en el Bajo Aguán; era parte de los sectores ligados al narcotráfico según las filtraciones reveladas en Wikealeaks. Facussé -según la embajada estadounidense en Tegucigalpa- habría recibido un cargamento de 1000 kg de cocaína procedente de Colombia, el 14 de marzo de 2004. Facussé auspició el golpe militar, y desde sus empresas de comunicación validó el rompimiento del orden constitucional del país. Con la ejecución del golpe militar, hubo terreno libre para que hoy, once años después, se haya consolidado una narcodictadura militar, que goza de impunidad internacional sin ningún tipo de sanción.
Pese a que ese 2009 habrían elecciones presidenciales, el problema político emanado del golpe no se subsanó en las urnas ese noviembre, sino que aceleró la concentración del poder en el Partido Nacional y profundizó las tensiones en el país.
El gobierno de Porfirio Lobo fue una transición que consolidó aún más el secuestro de las instituciones, que se cristaliza con la llegada de Juan Orlando Hernández al ejercicio de la presidencia mediante dudosas elecciones. Hernández se afianza en el poder militar mediante el otorgamiento de abundantes recursos públicos a las Fuerzas Armadas, consolidó una poderosa red clientelar en barrios populares, fomentó la persecución contra activistas sociales, estudiantiles, ambientalistas, diversidad sexual, campesinos y otros. Hizo uso de sus facultades y de redes de amigos, para evadir la prohibición a reelección y además, manipular un proceso electoral que fue turbio en su conteo, poco transparente y lleno de irregularidades (como el corte energético en medio conteo, para que después los números favorecieran a Hernández después de ir perdiendo).
Para mediados de octubre de 2019 fue detenido en Estados Unidos el hermano del narcodictador Hernández, Tony Hernández, por narcotráfico. Durante el proceso judicial que se desarrolla, han sido reveladores los testimonios y pruebas que apuntan a la existencia de todo un entramado narcofamiliar que opera desde el Estado haciendo uso de recursos públicos. Es por tanto, un Narco-Estado en función de los intereses de entidades delictivas que operan sin las sanciones que organismos como la OEA, imponen contra los gobiernos de otros países de la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, ha sido también cómplice de estos narcotraficantes que operan desde el gobierno de Honduras al no denunciar; en apego a la defensa de los derechos humanos por los cuales nuestro país se ha manifestado con vehemencia en instancias internacionales, sobre otros países de la región.
El gobierno de Hernández ha sido responsable del éxodo de miles de familias hondureñas que han migrado hacia los Estados Unidos, en esas caravanas humanas de quienes huyen de la pobreza, la violencia y la injusticia. Según datos del Banco Mundial, un 48% de la población vive en pobreza y con uno de los mayores índices de desigualdad en el mundo.
La pandemia ha evidenciado que once años después de la ejecución de un brutal golpe militar, la inversión en armamentismo resulta inútil con sistemas de salud empobrecidos y saqueados (herencia también del golpe, es el saqueo millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social revelado en 2017). La región centroamericana experimentó nuevamente cómo la bota militar aplastaba una democracia, y ahora resulta imperioso -en el contexto de crisis mundial- que se hagan todos los esfuerzos para no acentuar el militarismo y la represión.
El pueblo hondureño ha luchado durante más de una década y tiene el derecho como soberano, de merecer un gobierno digno acorde con las necesidades más urgentes de cambio y transformación.
Fuentes
-Cable de la embajada estadounidense en Honduras: https://wikileaks.org/plusd/cables/04TEGUCIGALPA672_a.html
-índices del Banco Mundial sobre Honduras: https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview
- Luis Arce Valverde. Licenciado en Historia, Universidad de Costa Rica.
