- Proyecto corrige la legislación tributaria para aumentar su poder disuasorio.
Con el fin de bajar la evasión tributaria en momentos de déficit fiscal y disminuir la impunidad, el Diputado José María Villalta presentó el proyecto de Ley para Fortalecer el Combate al Delito de Fraude a la Hacienda Pública (exp. 21.414).
Actualmente, la legislación en materia tributaria presenta una serie de debilidades que impiden sancionar la evasión fiscal adecuadamente. Por ejemplo, solo califica como delito de fraude si la cantidad defraudada supera 500 salarios base (223.100.000 colones al 2019) y no se suman los montos año tras año, permitiendo que alguien evada 499 salarios base cada año sin que llegue a calificarse como delito. Para solucionar esto, el proyecto propone bajar el umbral a 200 salarios base (89.250.000 colones) para ser considerado delito y sumar las cantidades durante varios delitos fiscales.
Otro de los problemas es que la sanción de cárcel únicamente aplica cuando se supera la evasión de 500 salarios base según la legislación actual. El proyecto sugiere la aplicación de pena de cárcel de 4 a 5 años por evasión de entre 200 y 500 salarios base; y de 5 a 10 años por evasión superior a 500 salarios base. Además agrega sanciones penales como multas que actualmente no existen.
Finalmente, el proyecto propone que quienes sean condenados por fraude a la Hacienda Pública pierdan cualquier beneficio fiscal o en cargas sociales, así como la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa. La ley vigente no contempla este tipo de sanciones.
“Las cifras vergonzosas de fraude fiscal en Costa Rica y las revelaciones de los Panama Papers demuestran que tenemos una legislación tributaria sumamente débil a la hora de castigar a quienes se roban los impuestos. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar nuevas obligaciones tributarias para toda la ciudadanía que son prácticamente ineludibles, como el IVA. Lo justo ahora sería sancionar a quienes cuentan con los recursos para esconder sus capitales, defraudar a la Hacienda Pública y evadir sus responsabilidades fiscales. La impunidad en estos casos es una pésima señal cuando el gobierno pretende cobrarle más impuestos a las personas asalariadas”, señaló el diputado.
