Frente Amplio avanza reforma a Ley contra la corrupción para evitar que jerarcas entreguen ayudas sociales en actos públicos
El Diputado José Merino del Río presentó un proyecto de ley para prohibir la realización de actos públicos para la entrega de ayudas o beneficios sociales, con el fin de evitar el clientelismo político. Los jerarcas públicos que incumplan la prohibición estarían violando el deber de probidad.
La propuesta del legislador del Frente Amplio es que la entrega de los beneficios sociales sea realizada exclusivamente “por los funcionarios técnicos competentes directamente encargados de dichas funciones”.
Según el Diputado Merino se trata de evitar prácticas inmorales, “que en muchos casos son la antesala de formas más graves de corrupción”, donde jerarcas del Gobierno hacen actos públicos de entrega de bonos de vivienda, becas estudiantiles o pensiones no contributivas de la C.C.S.S., para promocionar al mismo tiempo sus aspiraciones políticas personales, queriendo ser percibidos como ‘benefactores’ de los pobres”.
“Los programas de ayudas y beneficios sociales no son financiados con el patrimonio de los Ministros que organizan grandes actos públicos para aparecer en la prensa repartiendo bonos de vivienda”, dice la justificación del proyecto de ley, que pone énfasis en que se trata de fondos públicos que deben responder a los fines sociales de las instituciones y no a la generosidad o desprendimiento de los jerarcas del Gobierno.
El proyecto de ley adiciona un párrafo final al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (No. 8.422), y se tramita bajo el Expediente No. 17.048.
El texto de la reforma propuesta es la siguiente: “La asignación y entrega de bonos de vivienda, becas, pensiones o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio social financiado con fondos públicos será realizada única y exclusivamente por los funcionarios técnicos competentes directamente encargados de dichas funciones. En ese sentido, se prohíbe a los jerarcas de instituciones públicas y demás funcionarios públicos interesarse o intervenir de cualquier forma en la asignación o entrega de estas ayudas o beneficios, salvo sus competencias legales relacionadas con el agotamiento de la vía administrativa. Igualmente se les prohíbe realizar actos públicos de entrega de ayudas o beneficios sociales, así como cualquier otra actividad similar que pueda servir para fomentar el clientelismo político, hacer propaganda política o derivar beneficios personales indebidos para dichos funcionarios o para terceros a costa de los recursos públicos. El incumplimiento de estas prohibiciones constituye una violación del deber de probidad”.
