Con la última sobreexposición mediática, el debate alrededor del fenómeno de las cuarterías desde una perspectiva de derechos humanos no debe esperar, quizás uno de los detalles más relevantes para posicionarlo es que se tiene un punto de comparación a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011, es pertinente resaltar algunos de ellos ante ciertas inexactitudes.
Se debe aclarar que el censo se refiere a viviendas individuales, o sea a cada habitación en promedio de 9 metros cuadrados que aloja un hogar particular, la cual mediante un pasillo comparte la ducha y el servicio sanitario con otras habitaciones, la mayoría de las veces se cocina dentro de ella entonces no se refiere al conjunto de ellas, es por eso que se les denomina como cuartos en cuartería; en el año 2011 existían 4614 a nivel nacional, donde vivían 10 568 personas, de las cuales el 30% estaban en el cantón de San José y solo en los cuatro distritos centrales (Merced, Hospital, Catedral y Carmen) habían 687 cuarterías; si los datos actuales que manifiesta el alcalde Araya y otras autoridades municipales son de 15000 personas en el centro, significa que en menos de una década se multiplicaron por diez, mientras tanto el Censo Nacional de Población y Vivienda también nos informaba que en el mismo cantón se encontraban 5146 viviendas desocupadas, una cifra escandalosa para una municipalidad con una densidad baja y que perfectamente pudo haber satisfecho las necesidades de más de 18000 personas.
Los cuartos en cuartería son un hecho mayoritariamente urbano, alrededor del 75% se encuentra en la Gran Área Metropolitana y así lo comprueban los cantones en orden descendente detrás de San José: Alajuela, Escazú, Desamparados, Goicoechea, Heredia, La Unión y Santa Ana, en donde la centralidad de cada uno de ellos se pone en evidencia al coincidir con las principales interacciones en términos de viajes al trabajo. No debe omitirse que a nivel rural, la mayor cantidad de cuartos en cuartería se localizan en los cantones de Matina, San Carlos y Garabito.
Pero las condiciones de cercanía y conexión no son las responsables de esta manifestación urbana, aquí es innegable el rol oportunista que han tenido los propietarios de estos edificios para consolidar las cuarterías como una de las expresiones criollas del lucrar con el derecho a la vivienda adecuada, al respecto Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José dijo el pasado 8 de julio en una entrevista: “también podemos encontrar personas que administran varias cuarterías como si se tratara de una especie de franquicias, en donde nos haría suponer que podría haber una o varias personas aprovechándose de las ganancias exponenciales que tienen estos locales, por encima de los 6 millones de colones al mes, libres de toda inversión, libres de todo impuesto, libres de cualquier otro gasto, y también debo decir que muchas de las edificaciones más abandonadas de San José, son de las familias más adineradas de este país.” O sea, se está hablando de un negocio donde solo una de sus casas puede dejar 72 millones de colones anuales multiplicados por otra cantidad de años de funcionamiento sin que se les controle, que nadie salga con que pobrecitos los dueños porque esta maquinaria no se echó a andar fortuitamente y sería muy grave que estas redes criminales de evasión quedaran impunes.
Lo anterior tampoco sería posible sin la complicidad de los departamentos técnicos de las municipalidades, especialmente los de la más grande del país, durante la década pasada han sido incapaces de construir y aplicar políticas sociales habitacionales que respondan en tiempo real y eviten esta explotación de las necesidades de vivienda de estos hogares, porque no hay duda de que éste es un problema de suelo y mercado inmobiliario desregulado donde aquella vieja promesa de la mano invisible nos ha puesto al borde de legalizar el hacinamiento, es una situación compleja que amerita intervención inmediata sin ceder un milímetro ante la salida fácil del desalojo, San José y el resto de las ciudades deben comprometerse contundentemente con una planificación urbana así como una ejecución de la misma que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, y eso implica cambiar el modelo que han seguido hasta hoy.
Se debe insistir sobre los cantones porque a escala nacional es claro que la institucionalidad de Vivienda y Asentamientos Humanos no tiene herramientas ni voz para hacerle frente a esta situación, sí hablan mucho en foros internacionales acerca del derecho a la ciudad pero ante situaciones como ésta ni siquiera se han pronunciado.
Parece que se vislumbra un trabajo en al menos dos vías como un posible salvavidas, en primer lugar desde la ley N° 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato), cuyo primer artículo establece que “El derecho a la vivienda digna y adecuada es inherente a todo ser humano. El Estado tiene el deber de posibilitar la realización de este derecho”, con un objetivo tan claro no hay que escatimar ninguna lucha por garantizarlo y expandir sus alcances, especialmente los del capítulo de Reglas Especiales para la Vivienda de Carácter Social, en la búsqueda de concretar normativa para reconocer el alquiler social como opción de vivienda pública donde sí se cumpla con todas las condiciones de habitabilidad y asequibilidad, poniéndole tope máximo a su precio y ligándolo con un 30% del ingreso mensual del hogar. No trabajar sobre esto es un riesgo en momentos donde la pasividad y las ocurrencias pueden hacernos retroceder un siglo hasta la época de nuestros chinchorros.
Desde la vía cantonal, algunas acciones deberían ser:
-Crear las Empresas Municipales de Vivienda que trabajen a partir de intervenciones sociales integrales.
-Fijar un período de 6 a 12 meses para realizar una transición que garantice la habitabilidad sin afectación a la asequibilidad, en las actuales cuarterías.
-Establecer la normativa para nuevos alojamientos temporales.
-Inventariar las actuales edificaciones y casas que funcionan como cuarterías, así como los apartamentos y edificios desocupados.
-Desincentivar la desocupación de apartamentos y edificios, no puede ser que en media crisis los dueños de segundas viviendas las tengan vacías desde hace años
-Apoyar las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, así como las de cesión de uso.
-Y finalmente, fijar cuotas de vivienda pública para todos los desarrollos inmobiliarios.
Después de más de quince años de aventura repobladora en San José debemos hacer una lectura crítica de ella, establecer relaciones acerca de cómo se ha gestionado la ciudad y enfocarnos en esta crisis habitacional que escondimos debajo de la alfombra; reflexionemos y organicémonos acerca de todo el valor extraído y socavado por los mercados inmobiliarios, puede que el valor de lo colectivo esté golpeado pero presionemos para que se tomen medidas contra estas expresiones de desigualdad y no paremos de fiscalizar desde nuestros barrios y comunidades.
- Pablo Acuña. Arquitecto y docente.
