- Ex-cónsul socialcristiano figura en la creación de 64 sociedades mencionadas en los Papeles de Panamá, dos de ellas están siendo investigadas en el extranjero por lavado de dinero.
La diputada Patricia Mora reveló en el plenario legislativo las vinculaciones que existen entre dos sociedades investigadas internacionalmente por lavado de dinero y un grupo de abogados costarricenses.
En mayo de este año, la prensa nacional informó sobre la pesquisa que realiza el Estado argentino contra Enrique Blaksley, ciudadano de ese país que habría utilizado una sociedad creada en Costa Rica para lavado de dinero. Ahora en agosto, el mismo medio dio a conocer, como otra sociedad costarricense se habría utilizado para que funcionarios ecuatorianos desviaran miles de millones de dólares provenientes de recursos públicos de ese país.
De acuerdo con la diputada Patricia Mora, ambas sociedades son presididas por la misma persona, cuentan con el mismo agente residente y fueron protocolizadas por la misma abogada. “Tanto Premium Atlántica de América, la vinculada al caso argentino, como Investra Bussines Group, relacionada con los ecuatorianos, están presididas por Ricardo Samaniego Acosta, tienen como agente residente a Pablo Gazel Pacheco, y fueron protocolizadas por Rebeca Ortega Muñoz”, dijo Mora en plenario.
Pablo Gazel, quién fuera Cónsul de nuestro país en España, por nombramiento del PUSC en 2002, está vinculado a la creación de 64 sociedades mencionadas en los Panama Papers; y es accionista en una sociedad denominada Mossack-Fonseca & CO (Costa Rica) Ltda, con jurisdicción en la isla caribeña de Anguila. En 43 de esas 64 sociedades, aparece como presidente Ricardo Samaniego.
“Así, quedan claras las relaciones. Costarricenses, ligados a la vieja política, que han ocupado altos cargos, aparecen relacionados con la creación de sociedades en nuestro país que hoy son parte del escándalo de los Panama Papers, dos de las cuales están siendo investigadas en este momento por lavado de dinero”, señaló la diputada.
Para el Frente Amplio, urge que el país avance aprobando la ley de lucha contra el fraude fiscal, así como el proyecto 18.213 que permitirá levantar el velo societario cuando las sociedades se usen para fines ilícitos. Ambos proyectos son adversados por el Movimiento Libertario en la Asamblea Legislativa. “Mientras esto pasa, mientras nuestro país aparece a los ojos del mundo como un destino propicio para lavar dinero” finalizó la diputada.
La profunda relación, entre las sociedades Investra Bussines Group, y Premium Atlantica de América, demuestra que el uso de sociedades para el lavado, en nuestro país, es una práctica común, y relacionada con un pequeño grupo de abogados nacionales, algunos de ellos con ligamen fuerte con partidos políticos tradicionales.
