Entrevista por Verónica Ramos
En sus principios políticos, el Partido Frente Amplio contempla el acceso al transporte público como un derecho social vinculado al ser humano, y a la persona usuaria como eje de ese derecho. En este sentido, la diputada y presidenta del Partido Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos, apoya las luchas que realizan varias comunidades a lo largo y ancho del país por la mejora del transporte público relacionadas con tarifas justas y la calidad de los servicios. Asimismo, haciendo eco de las denuncias presentadas por la Defensoría de los Habitantes sobre las deficiencias del Consejo de Transporte Público (CTP), presentó un recurso de inconstitucionalidad que busca el cierre de esta identidad corporativa. En esta entrevista, la diputada nos amplía sobre la necesidad de cerrar el CTP para regular de una forma más transparente y eficiente el servicio de transporte público.
- ¿Por qué es necesario cerrar el CTP para lograr brindar un servicio más inclusivo y justo a los usuarios de los transportes públicos?
Desde el trabajo de acompañamiento político que venimos realizando a las personas usuarias de transporte público hemos comprobado que la falta de eficiencia del CTP es el principal aliado para que se den los tarifazos que impactan a las comunidades, incluyendo a las de los cantones más pobres del país. En realidad esto no es nada nuevo, es algo que viene reiterando la Defensoría de los Habitantes en los informes de los últimos 10 años.
- ¿Cuáles son las deficiencias que la Defensoría de los Habitantes alerta sobre el CTP?
Denuncias de la Defensoría de los Habitantes:
10 anos de deficientes labores del CTP, un plazo de respuesta ante consultas de usuarios en promedio de 4 años, conflictos de interés entre los sectores representados en la Junta, un Obsoleto marco normativo. En los años 2000 se anunció la modernización del transporte público y 14 años después no ha ocurrido nada.
- ¿Por qué se dice que las acciones del CTP se inclinan a favor de las empresas de transportes y no de los usuarios?
La integración del CTP con representantes de quienes deberían ser fiscalizados ocasiona un grave perjuicio a las personas usuarias del servicio de transporte público, pues la función de velar por la calidad de dicho servicio y tramitar las denuncias por incumplimiento de las obligaciones legales de las empresas prestatarias se trasladó de un ente y técnico como la ARESEP y el Consejo Técnico del MOPT a un órgano corporativo como el CTP, donde dichas empresas integran la junta directiva (son juez y parte) y tienen una significativa capacidad de influir en la toma de decisiones para evitar que se lleve a cabo una adecuada fiscalización de la actividad.
- ¿Qué acciones se deberían realizar para fortalecer las acciones regularías del Estado en materia de transporte público?
Es necesario cerrar el Consejo de Transporte Público y fortalecer las funciones regularías del Estado. Para hacer esto, en primer lugar, el servicio de transporte público debe tener principio fundamental el interés de los usuarios y debe tener al transporte público como un derecho social relacionado con otras garantías como el acceso a la educación, la salud, el ambiente y el trabajo.
El cierre del CTP debe dar cabida políticas públicas y acciones colectivas que favorezcan la modernización continua de los servicios de transporte para alcanzar una mayor eficiencia y reducción de costos de operación a partir de un modelo que anteponga el interés general y ambiental. Los prestadores del servicio de transporte deben priorizar el interés de los usuarios por un mejor servicio de transporte colectivo con tarifas justas y servicio de calidad y en pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores del transporte.
- ¿Porqué el proceso que dio origen al CTP estuvo lleno de acciones fraudulentas?
Cuando el proyecto de la Ley de Taxis ingresó en la corriente legislativa en 1999, en cuestión de días el gobierno introdujo un texto sustitutivo completamente distinto al objeto de la ley original, en el cual le quitaron competencias a la ARESEP y propusieron crear el CTP, conformado por representantes de los empresarios, con un presupuesto y personería jurídica propios e independientes del Ministerio de Obras Públicas para tratar no solo lo relativo a los taxis sino al transporte de buses también.
Todo lo anterior violentó normas y principios constitucionales que debían respetarse y por lo tanto, los 19 artículos que estoy impugnando deben eliminarse, para el personal, recursos y funciones que de manera autónoma ha venido manejando el CTP sean asignados de acuerdo con la planificación y necesidades del Ministerio de Transporte Público con criterios de imparcialidad, eficiencia y priorización del interés de los usuarios del transporte.
- ¿Cuáles otras acciones se están gestionando desde el Frente Amplio para mejorar el servicio de transporte público?
Bueno por un lado, estamos trabajando en acciones para fortalecer la participación de las personas usuarias en la fiscalización de los servicios de transporte público y por otro lado, estamos trabajando con otros diputados sobre los proyectos que ya existen para modernizar el CTP. En este momento ambos procesos están en un proceso de estudio.
