- La diputada afirma que la demanda contra ella y un campesino de Chánguina pretende criminalizar la protesta y amedrentar el movimiento campesino.
- Afirma tener todas las pruebas para demostrar que lo que dijo sobre Echeverría Heigold es cierto.
11/11/2016 La diputada y Presidenta del Partido Frente Amplio renunciará a su inmunidad para enfrentar una demanda penal en su contra por supuesta difamación y calumnia, interpuesta por el empresario Óscar Echeverría Heigold, a quien Mora acusó de estar moroso con la seguridad social y robarle al Estado y a los trabajadores/as campesinos de Chánguina al descontarles el seguro de sus salarios sin que esas cuotas obrero-patronales fueran depositadas a la CCSS.
La demanda del empresario Echeverría Heigold fue interpuesta también contra Daniel Villalobos, líder del movimiento campesino que ha defendido su derecho a seguir habitando en las tierras de Chánguina, pese a que Echeverría ha insistido una y otra vez en desalojarlos de esos territorios.
Para Patricia Mora “estas demandas son un claro ejemplo de criminalización de la protesta social, y lo que persigue este señor es amedrentarnos para que nos quedemos callados ante sus atropellos. Pues yo lo que dije sobre él lo mantengo, y tengo un archivo de pruebas en su contra”.
El 17 de febrero de este año, Echeverría Heigold interpuso una demanda en sede Penal contra la diputada Patricia Mora Castellanos y Daniel Villalobos, acusándoles de haber cometido los delitos de difamación por prensa y calumnias tras unas declaraciones dadas por ambos el 22 de diciembre de 2015 en “La Revista” de Canal 13. Echeverría pretende cobrarles por esos supuestos delitos la suma de 10 millones de colones.
Las manifestaciones de la diputada se dieron, si bien, fuera del Plenario Legislativo, en el ejercicio de sus funciones. Fue su calidad de diputada la que la llevó, primero a Chánguina para defender las familias campesinas y luego, al programa en el que se dieron las declaraciones por las que es procesada. Sin embargo, algunos magistrados de la Corte Plena han solicitado al Plenario el levantamiento de la inmunidad.
Según Mora ella misma pedirá el levantamiento de su inmunidad al Plenario legislativo, “Pese a que 10 magistrados y magistradas han considerado que no es necesario que renuncie a mi inmunidad, asumiré el proceso judicial, así como lo ha venido enfrentando el compañero Daniel Villalobos. Es verdaderamente un orgullo, afrontar este proceso al lado de Daniel, quien ha sido motivo de inspiración en esta lucha. Es satisfactorio saber que el señor Echeverría Heigold debió acudir a la criminalización de la protesta y la lucha social, al sentir que no se iba a salir con la suya, que no iba a poder causar más daño, que los campesinos y las campesinas ahora están acompañadas desde el Primer Poder de la República”.
Larga lucha por Chánguina
Desde el 2014, Finca Chánguina comenzó a ser ocupada por alrededor de 100 familias que forman allí una comunidad completa. Sin embargo, desde el 2001, esa misma finca arrastraba un proceso de desalojo promovido por Óscar Echeverría Heigold.
Para cumplir con la petición del señor Echeverría, el día 28 de julio del 2015 la Fuerza Pública procedió a desalojar a estas familias. Las cuales, se vieron obligadas a trasladarse al puente sobre el río Térraba, donde además, fueron reprimidas con una violencia injustificada y, algunas, incluso detenidas, también sin justificación, según lo determinó la misma Sala Constitucional.
“Estos hechos, nos llevaron a Chánguina, donde asumimos el compromiso de acompañar a esta comunidad en su lucha, hasta demostrar que su legítimo derecho a permanecer en la finca era más importante que complacer al señor Echeverría Heigold” afirmó la diputada Patricia Mora.
Según Mora “En San José, comenzamos a actuar en consecuencia. Nuestra Fracción se dedicó a dar todo el apoyo necesario desde el punto de vista legal, y también desde el ámbito político. Los esfuerzos caminaron siempre bien. Teníamos la certeza de poder demostrar la ilegitimidad de las acciones de la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, en beneficio de una persona que no tenía ningún derecho. Tenemos la convicción de que Óscar Echeverría también tenía esa certeza”.
En julio, también de este año, se demostró en el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que los alegatos del Frente Amplio llevaban la razón. No se podía desalojar a estas familias. Nunca debieron ser violentadas y echadas a la calle. Esas actuaciones fueron ilegítimas. Hoy, siguen habitando en su finca, sembrando la tierra para llevar la comida a la mesa, tratando de superar lo que pasó y seguir adelante. El INDER está contribuyendo en la construcción de una solución integral para estas familias, allí, en su finca.