• Proyecto de ley frenteamplista plantea penas menores o alternativas en situaciones de pobreza, explotación por parte de una organización criminal o consumo problemático de drogas.
La bancada del Frente Amplio puso hoy en la corriente legislativa el proyecto para adicional, como primera instancia, un artículo 58 Bis a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Expediente 23.454).
La adición busca garantizar penas proporcionales en casos de personas encauzadas por delitos de drogas que, por situaciones puntuales como condiciones de pobreza, explotación por parte del crimen organizado o consumo problemático de drogas no deberían ser procesadas por las vías judiciales habituales.
En caso de aprobarse este cambio, en la legislación este solo se aplicaría en casos de delitos no violentos. Indica el texto del proyecto:
“Las conductas tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con penas de prisión de tres a cinco años, cuando sean cometidas sin violencia contra las personas y sin el uso de armas por una persona que no tenga un rol de participación significativo dentro de la organización criminal.”
Incluso, según la valoración del juez o jueza, a la persona se le puede imponer arresto domiciliario con uso de dispositivos electrónicos no estigmatizantes o “cualquier otra pena alternativa contemplada en la legislación penal”, tal como las que se establecen en ley de Justicia Restaurativa de 2018.
El proyecto también propone reformas a los artículos 57 y 166 de la Ley sobre Estupefacientes; el primero para que instituciones pertinentes generen de forma coordinada sistemas de registro de la aplicación de la Ley sobre estupefacientes con el fin de que se pueda realizar un adecuado monitoreo y evaluación de las políticas de drogas, y en el segundo para asegurar el abordaje garantista del problema de consumo de sustancias psicoactivas y tratamiento tanto para personas mayores como menores de edad.
En síntesis, el proyecto de ley frenteamplista propone consolidar un marco legal donde se priorice la reinserción de personas que, por circunstancias personales y contexto social, se vieron compelidas a delinquir, empujados a eso por las razones expuestas arriba.
Sumado a eso, se afronta la saturación en los centros penales, pues según datos del Ministerio de Justicia y Paz para 2022 nueve de ellos presentan este problema.
