- Moción para dispensar trámites alcanzó 34 de los 38 votos requeridos.
- Esta tarde el Plenario Legislativo conoció una moción para dispensar de trámites el proyecto de Ley expediente 20.246 que busca reformar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de manera que los delitos contra los deberes de la función pública y otros previstos en dicha Ley, no prescriban y puedan ser juzgados en cualquier momento.La moción fue presentada por diputados y diputadas de diversos partidos, luego de que en días anteriores el proyecto recibiera el apoyo de diferentes precandidatos presidenciales. Sin embargo, en la votación no alcanzó los 38 votos requeridos para aprobarse, alcanzando 36 votos en la primera votación y 35 cuando se acepta la moción de revisión.La medida propuesta y rechazada hoy, buscaba que el proyecto 20.246 pasara a ocupar el lugar número 1 del orden del día hasta su tramitación final y se dispensara de todo trámite, salvo el de publicación.“Es una pena que hayamos podido dar a la ciudadanía una muestra contundente de que la Asamblea Legislativa está dispuesta a combatir la corrupción. Hace unos días un columnista escribió que los diputados no apoyarían este proyecto porque no estaban dispuestos a meterse con los de su clase… hoy parece que lleva razón. Pero seguimos confiados en que en su momento, este proyecto logrará aprobarse. Hoy contamos con 36 votos en la primera votación y en días pasados varios precandidatos le dieron su apoyo al proyecto, en el Frente Amplio estamos seguros de que se va a aprobar” dijo la diputada Patricia Mora Castellanos.
Debido a su naturaleza, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública son delitos cometidos por las autoridades de turno, que suelen conocerse hasta tiempo después de cometidos sin que la ciudadanía pueda de inmediato tener acceso a la justicia. En estos casos, los acusados de corrupción cuentan con una serie de prerrogativas como la inmunidad, si son miembros de supremos poderes, el manejo de la información y el acceso a las pruebas. En estos casos, la llegada del plazo de prescripción de la acción penal, se convierte en un premio para el delincuente cuello blanco.