Escrito por Antonio Ortega Gutiérrez, Secretario General del Frente Amplio
Los allanamientos y arrestos a funcionarios públicos y empresarios, acusados de sobornos y corruptelas en los contratos de obras públicas, son un ejemplo más de la corrupción sistémica que ya José Merino venía denunciando desde finales de los noventas. Ya es sabido que el PAC no sólo ha reproducido, sino hasta incrementando los andamiajes y estructuras que el bipartidismo del PLN y PUSC construyeron a su medida décadas atrás, donde no sólo se desmantelaba a las instituciones públicas, se les vaciaba de sus objetivos fundacionales, sino que se tejía una institucionalidad y jurisprudencia para enriquecer grandes empresas e intereses privados, desde lo público, tal cómo lo describe el sociólogo Randall Blanco en una de sus investigaciones, sobre la capacidad de estas redes de poder. ¿O cómo podemos explicar a estas alturas la existencia del CONAVI?
Y cómo lo hemos venido diciendo (https://www.elmundo.cr/opinion/bipartidismo-muchas-cabezas/), aunque el bipartidismo haya dejado de existir, no así sus negocios, sus modos operandis, ni mucho menos sus voceros y operadores políticos, por el contrario, toda su herencia y legado goza de buena salud en la mayoría de partidos políticos, y en el Gobierno PAC, que también aprendió rápidamente la maña de politiquear con la obra público, recordemos hace 4 años al pre candidato Carlos Alvarado, pegando alaridos de victoria en el puente de la platina, hoy, vemos a la pre candidata Carolina Hidalgo en su spot de campaña en tomas en el paso desnivel de Guadalupe, inaugurado con galas y fuegos artificiales meses atrás.
Desde el Frente Amplio hemos denunciado el cartel en la construcción de obra pública por parte de mega empresas, y como han impregnado toda la institucionalidad, desde los ministerios hasta los municipios, justamente el exdiputado Edgardo Araya , presentó en el 2017 una denuncia ante el Ministerio Público contra el entonces ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, y la Junta Directiva de Aresep, por el supuesto incumplimiento de deberes en el proyecto hidroeléctrico de San Rafael, en San Pedro de Pérez Zeledón, a cargo de la empresa constructora Hernán Solís (Denuncian a ministro de Ambiente y directivos de Aresep por proyecto hidroeléctrico de H.Solís (elmundo.cr) ).
También el ex diputado Frank Camacho presentó un proyecto que pretendía cerrar varias entidades adscritas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para reordenar la entidad, en ese momento mencionó que: “el modelo de los consejos forma parte del proyecto neoliberal que privilegia a la empresa privada o la tercerización de servicios públicos, minimizando o incluso desapareciendo la actuación de los ministerios y del mismo Estado.” (https://www.elpais.cr/2017/04/05/diputado-frank-camacho-propone-devolver-competencias-institucionales-al-mopt/)
El escándalo que hoy se hace público debe llamar a cuentas no sólo al presidente Alvarado, sino a todos y todas las responsables del llamado “milagro en la obra pública” de este Gobierno, y a la propia Contraloría General de la República, pero también nos exige una reflexión más amplia sobre la urgencia de tener gobernantes que favorezcan los intereses de la ciudadanía y no de las elites económicas.
¿Esto es fácil? Nadie lo ha dicho, habría que empezar por revisar el financiamiento a los partidos políticos durante el periodo de campaña, y desde ahí ver los tentáculos de las elites económicas en las instituciones, su capacidad de reformar y vetar. La indignación deber ser motor para organizarnos, es necesaria la movilización ciudadana ante este escándalo.
