El pasado viernes 22 de enero, el Gobierno de la República llegó a un acuerdo con la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) como paso para acceder a un crédito de $1.750 millones.
En el acuerdo suscrito por ambas partes, el Gobierno se compromete a un conjunto de medidas incluyendo recortes al gasto público (inversión y programas sociales), congelar pensiones y salarios públicos, aprobar una reforma antidemocrática al empleo público, aprobar un proyecto de renta global, aumentar la tarifa de impuesto a casas de lujo, entre otras medidas que según el gobierno garantizarían la capacidad del Estado para pagar esa deuda y estabilicen la situación de las finanzas públicas.
Cada una de las medidas deberá ser analizada en detalle una vez sean presentadas las iniciativas ante la Asamblea Legislativa. Algunos de los planteamientos de estos proyectos ya se conoce que recargan el peso de la crisis en la clase trabajadora, y serán combatidos por nuestra fracción frenteamplista. Sin embargo, es importante destacar para conocimiento de toda la ciudadanía que hasta el momento el FMI ha negado que esté imponiendo ninguna de estas medidas específicas, pero dentro de la doctrina neoliberal sí le pide al país las metas de un 0% en déficit fiscal y un 1% de superávit primario. Los componentes del acuerdo, antes mencionados, fueron planteados por decisión del Poder Ejecutivo y se discutirán en la Asamblea Legislativa.
Esto implica que, a pesar de la urgencia real de conseguir algún préstamo para cubrir las necesidades presupuestarias del país, dichas medidas pueden ser modificadas para cumplir con los objetivos en las finanzas públicas protegiendo el interés de las mayorías. El Gobierno y las fracciones legislativas serán las responsables de las decisiones tomadas y también responsables por no haber tomado las decisiones necesarias para que los grandes capitales hicieran su aporte para contener y paliar la crisis.
Ante esta situación, el Frente Amplio reafirma su compromiso de continuar la lucha por la justicia tributaria, ejerciendo el control político desde nuestra fracción legislativa y, acompañando a los grupos y organizaciones que abanderan esta causa. Insistiremos en que dicho acuerdo debe incluir también iniciativas contra el fraude fiscal, hasta ahora ausentes del acuerdo. Además, ante la gravísima crisis económica y social derivada de la pandemia, cualquier proyecto aprobado debe ser altamente progresivo para que no perjudique a las personas más afectadas por la crisis, e incluir protección real a la inversión social, en educación, salud, y atención de los hogares en situación de pobreza.
Señalamos desde ahora que esta crisis y este proceso no debe utilizarse, bajo ninguna condición, como una excusa para seguir llevando adelante las políticas económicas generadoras de desigualdad y deterioro de la institucionalidad; ni mucho menos para que se use como pretexto supuestas imposiciones del FMI para avanzar en la agenda del desmantelamiento del Estado Social de Derecho y sus Instituciones, garantes de paz social, y que serán indispensables para recuperar a la golpeada economía, y preservar la salud y el bienestar de la población.
