Como lo hemos afirmado con anterioridad, nuestra fracción ha abordado el tema del presupuesto a partir de un principio básico: el Estado debe ser eficiente, y por lo tanto deben recortarse todos aquellos gastos superfluos, que no generan ningún bienestar al pueblo. Pero al mismo tiempo, la búsqueda de la eficiencia no puede confundirse con el debilitamiento o desmembramiento del Estado. Con esa perspectiva, no estaremos apoyando propuestas de recorte que:
No indiquen con claridad las partidas que se recortan, los montos del recorte y los fundamentos técnicos para obtener esos montos. En este sentido, demandamos al Poder Ejecutivo y a las fracciones legislativas que ofrecen propuestas, que indiquen esta información.
Tengan roces con la Constitución Nacional. En particular nos referimos al respeto y cumplimiento del artículo 180 que asegura la sana separación de Poderes en el proceso de presentación de Presupuestos Extraordinarios.
Ignoren compromisos legales del Estado. Cuando por ejemplo se ha condenado al Estado a pagar al PANI y en lugar de pagarle, se le recorta el presupuesto.
Afecten directamente derechos laborales de los empleados públicos. Amenazando dogmáticamente a todos los empleados públicos, en detrimento del derechos reconocidos jurídicamente.
Mantengan partidas del Estado para beneficiar a organizaciones privadas que podrían costear sus propios gastos. Consideramos en este caso las transferencias destinadas a mejoras de infraestructura de templos católicos y evangélicas; y las hechas a CINDE.
Ante este panorama, desde el Frente Amplio seguiremos reiterando las mociones que contemplan nuestra propuesta de recorte por 40 mil millones de colones, la cual es fruto de un concienzudo análisis del presupuesto presentado por el Gobierno, y de la aplicación de instrumentos técnicos que dieron como resultado montos realistas que aseguren la eficiencia y no comprometan los cumplimientos de deuda.
Finalmente, llamamos a los movimientos sociales, estudiantes y población en general a movilizarse contra aquellos recortes que, con el argumento del déficit fiscal, amenazan derechos humanos básicos como lo es el trabajo, la educación y la protección a la niñez y la adolescencia.
