Considerando:
- Que el servicio de transporte público es ante todo una necesidad social para la amplia mayoría del pueblo costarricense, actualmente se estima en 1.5 millones las personas pasajeras que lo usan diariamente.
- Que ante el crecimiento urbanístico y demográfico ocurrido después de 1950, el Estado Costarricense se vio obligado a crear una débil política de transporte público caracterizada por una tendencia al favorecimiento de las empresas autobuseras a partir de un modelo que ha privilegiado la rentabilidad del negocio.
- Que desde la década de 1920, pero sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, una gran cantidad de movimientos comunales y organizaciones de usuarios y usuarias de transporte público han jugado un papel fundamental en la mejora del servicio y la calidad de transporte público y en la lucha por tarifas justas reivindicando el hecho de que el transporte colectivo es un derecho social.
- Que durante la reforma neoliberal se asestó un golpe a los usuarios y a las usuarias de autobús al trasladar la toma de decisiones políticas hacia la creación de oficinas técnicas que despolitizaron el papel fiscalizador y movilizador de los movimientos de usuarios y usuarias de autobús y de las mismas comunidades.
- Que en las principales instituciones públicas relacionadas con el transporte público las empresas autobuseras tienen posicionados sus intereses y que por el contrario el interés de los usuarios y usuarias está en total desprotección.
- Que recientemente la problemática del transporte público se ha posicionado en el debate nacional a partir de la implementación de un nuevo modelo tarifario aprobado por la ARESEP en marzo de 2016.
- Que actualmente muchas comunidades se encuentran en pie de lucha contra los aumentazos tarifarios decretados por la ARESEP en favor de las empresas autobuseras.
La Comisión Política del Frente Amplio acuerda que:
- El servicio de transporte público tiene que tener como prioridad esencial el interés de los usuarios y usuarias del servicio. En consecuencia, el transporte público es ante todo un derecho social del pueblo costarricense que además está estrechamente relacionado con otros derechos como: la educación, la salud, el ambiente y el trabajo.
- Impulsaremos políticas públicas y acciones colectivas que favorezcan el derecho de los usuarios a tarifas justas y la mejora del servicio.
- Impulsaremos la modernización del trasporte público a partir de un modelo que anteponga el interés general y ambiental a través de un sistema de transporte público más eficiente, una nueva sectorización de rutas y la promoción de un transporte público que promueva las energías limpias.
- Exigimos a las empresas autobuseras priorizar el interés de los usuarios y usuarios por un mejor servicio de transporte colectivo y tarifas justas. Así mismo, les exigimos el respeto y cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores.
- Apoyamos la implementación inmediata y efectiva del actual modelo tarifario aprobado por la ARESEP en marzo de 2016, pues en comparación con el anterior, este mejora sustancialmente la asignación justa de las tarifas.
- También apoyamos la urgente implementación del mecanismo de pago electrónico que contribuya a un conteo preciso de la demanda de pasajeros y evite la evasión al fisco.
- Coincidiendo con la Defensoría de los Habitantes en que “años de Intervenciones e investigaciones en relación con el CTP llevan a concluir que la situación de este órgano es ya es insalvable… La conformación de esa Junta Directiva con representación de intereses gremiales, ha mostrado ser un obstáculo para la toma de decisiones estratégicas de interés público”, llamamos a las fuerzas políticas a un acuerdo para transformar el CTP en una institución que anteponga el interés público y el de los usuarios y usuarias por sobre otros intereses.
- Hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense para que se vincule a las organizaciones y asociaciones que luchan en favor de su interés por tarifas justas y un mejor servicio de trasporte público. Así mismo, los invitamos a que se vuelvan fiscalizadoras del servicio a través de la denuncia ciudadana.
San José, 5 de setiembre de 2016
Comisión Política del Partido Frente Amplio
