“El primer esfuerzo que tenemos que realizar es de carácter político social: Tenemos que unificamos todos, sin distingos politiqueros y sin distingos de clases. […] La unidad es para nosotros la piedra angular del edificio económico y político que urge levantar.”
Manuel Mora Valverde, palabras de un discurso difundido por radio el 3 de setiembre de 1942, cuando a Costa Rica y el mundo entero padecían la crisis económica producto de la II Guerra Mundial.
A. Introducción.
Enfrentamos tiempos excepcionales que requieren de soluciones sustentadas con firmeza en la solidaridad y la comprensión de la interdependencia humana.
Los efectos de la emergencia nacional son graves en materia de salud y, además, se extienden al campo socioeconómico con igual gravedad: una recesión de la economía mundial que probablemente sea peor que la de la crisis financiera mundial iniciada en 2008.
Para América Latina y el Caribe las perspectivas son significativamente negativas. CEPAL ha proyectado una contracción regional promedio de -5,3% del producto interno bruto regional, aumentando en 11,6 millones las personas desempleadas y en 30 millones la cantidad de personas en condición de pobreza.
En el caso de Costa Rica, recientemente el BCCR ha proyectado que durante este año se producirá una reducción del Producto Interno Bruto de un 3,6%, siendo esta la segunda mayor contracción de la economía nacional desde 1950. El propio BCCR ha calificado esta coyuntura como “una crisis sin precedentes en la historia reciente: la peor recesión mundial desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado” .
Es claro el escenario que enfrentamos. Es clara su gravedad. Más aún en sociedades altamente desiguales como la nuestra, donde los efectos de una crisis de esta magnitud serán de intensidad redoblada sobre los hogares más vulnerables si no se toman decisiones apropiadas y prontas. Requerimos de esfuerzos colectivos grandes y novedosos para proteger a nuestra sociedad ante la crisis, y en especial, para crear los mecanismos de seguridad social necesarios para proteger a los hogares más vulnerables de nuestro país.
Con esos objetivos, el Grupo de Economistas del Frente Amplio, compartimos las siguientes propuestas.
B. Propuestas.
1. No se deben aplicar medidas recortistas del gasto público. Aplicar recortes al gasto público en una coyuntura de decrecimiento, es una medida pro-cíclica que solo acelerará una espiral de deterioro de la economía nacional. Al contrario, ante el deterioro de la economía y el impacto negativo sobre el gasto de los hogares y de las empresas, el gasto público debe dinamizar su actividad. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) lo ha señalado con contundencia: “Una respuesta adecuada de política macroeconómica necesitará un gasto fiscal agresivo con una inversión pública significativa, y apoyo de asistencia social dirigido a trabajadores, empresas y comunidades afectadas negativamente”.
2. En consonancia con el punto anterior, proponemos que el Poder Ejecutivo suspenda mediante decreto inmediatamente y de forma generalizada, la aplicación de la regla fiscal regulada en la Ley 9635.
-En primer lugar, el inciso a) del artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que la regla fiscal se suspende en caso de que se declare emergencia nacional y que la atención de esta emergencia requiera de la realización de gastos corrientes por una cifra igual o superior a 0,3% del PIB. Lamentablemente, vemos cómo el Gobierno ha aplicado esta cláusula de forma parcial y no concordante con lo que la propia ley establece, pues de forma arbitraria definió que la cláusula de escape aplica para algunas instituciones, y no suspendió la regla fiscal de forma generalizada.
-En segundo lugar, considerando que ya el BCCR ha publicado sus proyecciones macroeconómicas en su análisis titulado “Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 2020-2021”, indicando que se estima un decrecimiento del PIB del 3,6%, debe considerarse que el inciso b) del artículo 16 de la Ley 9635 establece que la regla fiscal se suspende “[e]n caso de que la economía atraviese por una recesión económica o se tengan proyecciones de crecimiento económico inferiores al uno por ciento (1%)”.
-Por tanto, se hace necesario y urgente liberar los presupuestos institucionales para poder atender las demandas sociales y económicas. Además, esa urgencia se amplifica, porque de no suspenderse, y siendo que es probable que la deuda de Gobierno Central supere el umbral del 60% del PIB, el próximo año la regla fiscal no solo limitará el gasto corriente, sino que aplicará también para el gasto de capital, sirviendo esa limitación como un empujón hacia la contracción, en momentos de crisis económica.
3. Las finanzas de la CCSS deben protegerse y fortalecerse. Cualquier política pública que implique disminuir los ingresos potenciales de la CCSS deberá acompañarse de la debida compensación por parte del Gobierno Central. Además, debe establecerse con absoluta urgencia y transparencia, un plan de pago de la deuda del Estado con la CCSS. Siempre, pero hoy más que nunca, necesitamos una CCSS fuerte, capaz, con finanzas capaces de asegurar el derecho humano a la salud.
4. Seis de cada 10 hogares tienen al menos una deuda. Y muchos de esos hogares ya están viendo o verán disminuidos sus ingresos por esta crisis, por los que es urgente proteger su capacidad de consumo liberando sus finanzas familiares temporalmente del pago de deudas. Además, otros hogares que no vean reducidos sus ingresos por la crisis, con esta suspensión, podrán inyectar dinamismo a la demanda agregada justo en momentos en los que urge que así sea.
-Por tanto, debe suspenderse el pago de deudas por parte de todas las personas o empresas afectadas por la crisis (incluyendo no solo deudas con bancos, sino también otras entidades no supervisadas por SUGEF). La suspensión debe ser amplia (abarcar todo tipo de créditos y acreedores afectados por la emergencia), automática (puesto que no hay condiciones para trámites deudor por deudor) y no debe afectar a los deudores, generando cargas futuras insostenibles.
5. Debe aprobarse un plan de contingencia fiscal altamente progresivo, para dar soporte a las finanzas públicas en esta coyuntura, incluyendo los siguientes impuestos temporales: -a) un impuesto extraordinario sobre las utilidades de Grandes Contribuyentes Nacionales (GCN) y Grandes Empresas Territoriales (GETES);
-b) un impuesto extraordinario sobre dividendos distribuidos por GCN y GETES;
-c) un impuesto extraordinario sobre salarios y rentas de personas físicas con actividad lucrativa que superen los 3 millones de colones mensuales;
-d) un impuesto sobre el patrimonio a cobrarse por una única vez, para patrimonios grandes de empresas que no tengan pérdidas en este periodo. Además, se deben revisar las leyes que le dan sustento al Régimen de Zonas Francas con el objeto de proponer un impuesto solidario temporal por un año sobre el valor de las ventas realizadas por estas empresas.
6. Debe exonerarse del pago del impuesto sobre la renta correspondiente a este periodo fiscal a las empresas con menos de seis personas empleadas y que no hayan despedido personas, o suspendido sus contratos o disminuido sus jornadas de trabajo, durante esta crisis.
-También debe exonerarse del pago del impuesto sobre la renta correspondiente a este periodo fiscal a todas las personas físicas con actividad lucrativa que reporten rentas netas de menos de 6 millones durante el periodo y que muestren una disminución de sus ingresos netos de más de un 20% respecto al periodo fiscal anterior.
-Además, debe exonerarse del IVA tanto los bienes y servicios de la Canasta Básica como las compras de electricidad que hacen las empresas distribuidoras siendo que el cobro del IVA va a generar mayores alzas en las tarifas.
7. Costa Rica debe implementar un ambicioso plan de inversión pública para fortalecer la seguridad alimentaria. Desarrollando nuevos proyectos de producción de alimentos en suelo nacional, con apoyo financiero, técnico y de comercialización a los productores, a través de alianzas institucionales entre Universidades Públicas, Sistema de Banca para el Desarrollo, MAG y CNP.
8. La necesidad de distanciamiento físico para hacer frente a la pandemia, tiene efectos devastadores sobre la economía de personas que ya antes tenían trabajos precarios, y que se ven en la disyuntiva de quedarse en casa sin ingresos o exponerse saliendo para obtener algún ingreso de subsistencia. Antes de esta crisis, ya más de un millón trescientos mil personas habitantes de Costa Rica o estaban desempleadas o tenían un empleo informal. Un plan amplio de subsidios para los hogares de las personas afectadas es una tarea urgente.
-Proponemos que con los recursos del Plan Proteger se debe crear un amplio plan de subsidios a los hogares afectados por la crisis. Y debe asegurarse que el monto del subsidio sea de una cuantía adecuada y suficiente para cubrir, como mínimo, las necesidades alimentarias básicas de los hogares.
9. El Gobierno debe buscar alianzas para impulsar para su aprobación el proyecto que impone un límite a las tasas de interés para combatir la usura. Sumado a los ya altos niveles de endeudamiento que padecen los hogares, esta crisis los impulsará a adquirir deudas para hacer frente a sus necesidades. Por eso es urgente evitar que tagarotes cobren tasas usurarias abusando de las necesidades de los hogares.
10. El BCCR debe implementar políticas monetarias heterodoxas para liberar la liquidez necesaria en la economía. Las condiciones macroeconómicas del país, tales como la baja inflación, la situación financiera del Gobierno, el alto desempleo y la tendencia hacia el estancamiento del PIB, son propicias para aplicar una apolítica monetaria más expansiva que provea al sector privado y a las instituciones estatales de recursos monetarios para poder ampliar su gasto, tanto en infraestructura como en servicios y transferencias. Los bancos centrales de todo el mundo están creando esas condiciones monetarias, y el Banco Central debe estar atento a cumplir con sus objetivos de favorecer el crecimiento y el empleo.
11. Se debe establecer una suspensión del pago de alquileres, con énfasis en los alquileres de viviendas de hogares económicamente afectados por la emergencia, y al mismo tiempo estableciendo mecanismos de protección para arrendadores pequeños con ingresos bajos y dependientes de esos alquileres.
12. En el marco de la política exterior, el Gobierno de Costa Rica debe ser una voz de vanguardia en el concierto de las naciones, y particularmente para América Latina, solicitando acuerdos regionales y globales para la suspensión del pago de la deuda externa tanto de los organismos multilaterales de crédito como de los bancos privados y clubes de banqueros para todos los países en desarrollo.
C- Por una toma de conciencia popular
Como ha sido dicho hasta la saciedad en esta coyuntura, “a grandes males, grandes remedios”. Esta es una situación sin precedentes en nuestra historia. Y esto nos obliga a pensar creativamente, a observar y reconocer las debilidades y fortalezas que presenta nuestra organización social. El país tiene fortalezas, las hemos visto palpables en las respuestas concertadas de nuestra institucionalidad ante los retos planteados por el Covid-19 y también debilidades que habrá que corregir cuando la emergencia desaparezca. Y hemos visto una población que ha mostrado compasión y solidaridad con sus semejantes y sentido de responsabilidad ante las indicaciones del Gobierno.
Pero esta situación ha puesto en evidencia y ha mostrado de manera contundente la brecha social que se ha abierto en el seno de nuestra sociedad. Ha hecho ostensible el debilitamiento de la representación democrática en los poderes de la república y ha dejado patente el elevado grado de control que los detentores del poder económico tienen sobre las instancias del poder institucional. Nuestra institucionalidad ha sido objeto de presiones por parte del Poder Ejecutivo y los grupos del poder económico para que abandone la defensa de los intereses de los sectores populares y se convierta en una institucionalidad al servicio de los intereses del gran capital.
Esta crisis debe servir para que esos sectores populares tomen conciencia de esta situación. Las medidas que proponemos tienen el doble propósito de asistir a esos sectores debilitados por el desequilibrado reparto del ingreso nacional bajo el neoliberalismo, y que ahora son los más vulnerables ante la Covid-19, y, a la par, servir de guía para desplegar una institucionalidad más libre y más independiente de las obligaciones que impone la acumulación de capital.
El derrotero que ha venido siguiendo nuestra sociedad conduce hacia el rompimiento del orden social por desigualdad, por rezago de la movilidad social, por pérdida de la representación democrática en los poderes públicos y por la tendencia de los detentores del poder hacia el autoritarismo. Este es el momento de corregirlo.
