Introducción
La comisión de economistas del CEN se planteó presentar a la militancia del partido, a la Fracción Legislativa y a la Comisión Ejecutiva Nacional, una propuesta de financiamiento viable para la CCSS particularmente afectada en este momento por una nueva ola de la enfermedad Covid-19. Hacemos la advertencia de que no nos propusimos trabajar una propuesta que buscara resolver el problema complejo financiero de la Institución, sino el apoyo suficiente para que pueda responder a las obligaciones que le ha impuesto la emergencia de la pandemia.
El estudio de algunas propuestas que se han venido presentando y su discriminación en función de los mejores intereses de todos los asalariados y todas las asalariadas, de las personas trabajadoras independientes, así como de los pequeños y medianos empresarios y productores agropecuarios del país, la iniciamos el lunes 10 de mayo y se concluyó el pasado viernes 21 con una reunión virtual con todos los participantes.
Se debe mencionar que, con el objeto de tener una visión más amplia de la situación, tanto económica del país, como fiscal del gobierno y financiera de la mencionada institución, invitamos a participar en esta ocasión al economista Dr. Henry Mora Jiménez, catedrático de la Universidad Nacional, quien había manifestado su interés de contribuir con nuestra actividad de análisis de coyuntura y de propuestas de política económica.
El análisis y discusión de las propuestas se fundamentó en las nuevas perspectivas económicas que ya dan cuenta de los efectos negativos tanto económicos como sociales y ambientales, que han ocasionado las políticas fundadas en las teorías neoliberales. Y, al mismo tiempo, como se mencionó, con la consideración de la importancia para el crecimiento económico y del empleo, y para el bienestar general que implica el fortalecimiento de la remuneración al salario y a los ingresos de los pequeños y medianos empresarios y empresarias y de las personas trabajadoras independientes.
Consideraciones iniciales:
En la discusión de las propuestas se hicieron las siguientes consideraciones importantes:
1.- La sentencia de la Sala Primera correspondiente al juicio sostenido por el diputado José María Villalta y la CCSS contra el Estado, por la omisión del Estado de realizar los pagos correspondientes al traslado de los servicios del Primer Nivel de Atención de Salud del Ministerio de Salud a la CCSS. Con este traslado, el Estado logró una reducción considerable del gasto, concentrando toda la responsabilidad que le corresponde en este campo a la Caja y obteniendo así ahorros en los costos y un uso más eficiente de los recursos en salud. Sin embargo, como fue reconocido por los juzgados, el Estado no pagó las sumas acordadas a la CCSS para que pudiera hacer frente a la prestación de los nuevos servicios. Con lo que sometió a una situación financiera delicada a la institución.
Según estimación de la Dirección Jurídica de la CCSS, esa deuda puede ascender a cerca de los 6 billones de colones. Se consideró, pues que esa es una deuda que el Estado debe honrar.
2.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica de la Naciones Unidas para América Latina CEPAL, se han manifestado públicamente en el sentido de que los países en vías de desarrollo, ante la situación fiscal apremiante a que los ha sometido la pandemia de la Covid-19, deben negociar una moratoria de la deuda externa y su renegociación en términos de tasas de interés, plazos de vencimiento o medios para aliviar su peso.
3.- Otra consideración que se hizo con relación a la deuda pública de estos países (en este caso tanto de la interna como de la externa) fue la de hacer una auditoría de ella. No sólo con relación a la legalidad en los procesos de negociación y aprobación de los préstamos, sino con relación a los términos financieros y plazos (ya que han sido presentadas dudas por reconocidos profesionales, en cuanto a los términos negociados), sino también en relación con la oportunidad y eficacia de las inversiones hechas con esos recursos.
Llevar a cabo una auditoría de la deuda contraída, con la que se transparentaría la legalidad y oportunidad económica de la deuda y de la correspondiente debida utilización de los recursos, podría crear buenas condiciones para su renegociación y eventual moratoria temporal de su servicio financiero, así como para la aprobación de otros medios para aliviarla. Con ella, igualmente, se podría tener conocimiento de cuáles son los sectores sociales e institucionales y las clases económicas poseedoras de ella, de manera de solicitarles contribuir con la aceptación de una reestructuración y eventual moratoria, con la situación económica que vive el país. Está claro que el impulso y la eventual realización de esta Auditoría no debe entorpecer el trámite urgente de las negociaciones sobre la financiación de la CCSS y el pago de las deudas del Estado con ella.
Propuesta: Monetización de la deuda con la CCSS
Después de discutidas las consideraciones anteriores y las propuestas revisadas se tomó la decisión de acoger una que había sido hecha por el Lic. Mario Debandas unos meses antes de su lamentable fallecimiento. Se consideró que esta propuesta es sencilla y práctica, ofrece viabilidad y defiende los intereses de los sectores señalados, así como que atiende con la debida consideración el ordenamiento institucional del país.
Consiste en un mecanismo financiero reconocido en nuestro ordenamiento legal y en la ley orgánica del Banco Central, por el cual el Estado emite bonos con los que paga la deuda que tiene con la CCSS. Una vez los bonos en poder de la Caja, estos son comprados por el Banco Central transfiriendo la suma correspondiente a las arcas de la CCSS. Como ya se señaló, no se pretende con esta operación, finiquitar el pago de la deuda del Estado con la CCSS. El mecanismo ofrece un proceso de negociación entre el Estado y esta institución de manera que se pueda elaborar un calendario de emisión de deuda por parte del Gobierno, y de compra de títulos por el Banco Central, que permita una sana coordinación de la política fiscal y monetaria, en función de las necesidades del sistema de salud del país.
De acuerdo con nuestro análisis, para llevar a cabo el mecanismo propuesto, i.- no hace falta modificaciones en el ordenamiento legal existente (la recompra en mercado secundario de los bonos esta contemplada en inciso c del articulo 52 de la Ley Orgánica del BCCR), ii.- la emisión de los bonos consiste en sustituir deudas ya identificadas y conciliadas del Gobierno con la CCSS, por deuda bonificada, iii.- la aceptación del mecanismo abriría una nueva opción de negociación (en términos de monto y plazo) en la Comisión de Trabajo Conjunta entre la CCSS y el Gobierno, que contaría con el apoyo de sectores importantes de algunos partidos políticos, de los sindicatos, del sector del pequeño y mediano empresariado y de los sectores populares. iv.- La propuesta tiene la ventaja de que abre la oportunidad de atender parcialmente las necesidades de la CCSS, según la condición financiera de sus regímenes de seguro (IVM y de Salud), conforme se negocie la entrega de los títulos y su canje por efectivo.
