-Reforma crea una cláusula de cumplimiento obligatorio de la legislación laboral como requisito para el otorgamiento o renovación de permisos.
La fracción del Frente Amplio y ANEP presentaron esta tarde el proyecto de ley Adición de una Párrafo Final al artículo 21 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, con el que se pondría fin a la práctica ilegal de las autobuseras de rebajar salarios a las personas choferes sin justificación legal alguna, en ocasiones hasta con despidos.
Esta práctica irregular consiste en las diferencias entre el monto que refleja el Sistema de conteo automatizado de pasajeros y lo liquidado por parte del chofer cobrador al concluir su jornada laboral, violentando el artículo 174 del Código de Trabajo.
Sin embargo, legislación actual no ata a las empresas a cumplir con la normativa laboral, por lo que la concesión puede ser otorgada aún y cuando existan demandas por violación de derechos laborales. Dice el texto de ley:
“…la norma legal no contempló las obligaciones del concesionario para con las personas trabajadoras, es decir, las autoridades competentes no condicionan el otorgamiento y la renovación de las concesiones al cumplimiento de la legislación laboral y de salud ocupacional a la que tiene derecho las personas trabajadoras.”
Entonces, el objetivo de la iniciativa presentada hoy es permitir al Estado condicionar la concesión a ese cumplimiento:
“…consideramos necesario incorporar en la legislación vigente una disposición que permita al Estado costarricense la resolución del contrato de concesión cuando se compruebe un incumplimiento a la legislación laboral. Esto con el fin de reforzar la protección a la parte más débil de la relación de trabajo, es decir, la persona trabajadora.”
De convertirse en ley, el proyecto presentado hoy deja claro que una empresa autobusera perderá su concesión si, luego de una sentencia judicial en firme, se pruebe que violentó los derechos laborales de sus choferes.
Una resolución de 2011 de la Sala Segunda reveló que un patrón rebajó a un chofer de su salario el monto de un asalto, más el 30% de intereses y luego lo despidió.
Según la instancia judicial este tipo de prácticas son de “vieja data.”
