El Diputado José Merino del Río del Frente Amplio, junto a legisladores del PAC, presentó una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de “Ley de simplificación de trámites para la instalación de marinas y atracaderos turísticos”, el día de hoy.
Es la segunda ocasión en que este proyecto de ley de marinas visita la Sala Constitucional. En la primera vez el tribunal encontró vicios de procedimiento y también de fondo. De acuerdo con el Diputado Merino y otros recurrentes, no se han corregido en el nuevo trámite legislativo, ninguno de los cuestionamientos señalados originalmente.
Mientras se intenta avanzar esta legislación que favorece a los extranjeros dueños de yates del ujo, no se acelera el trámite del proyecto de creación de los territorios costeros comunitarios que legisla en beneficio de miles de familias costarricenses, contrastó el legislador Merino del Río.
Lo más grave para el Diputado Merino es que no se enmendaron en el nuevo curso legislativo los aspectos de fondo, rechazados por el tribunal constitucional.
Resaltó entre éstos, la eliminación de la obligación de contar con evaluación de impacto ambiental, debidamente aprobada por Setena, como un requisito previo para el otorgamiento de concesiones a particulares sobre bienes demaniales de importancia ambiental (zona marítimo terrestre y mar territorial), para la construcción y operación de marinas turísticas.
La acción enviada a la Sala indica que “El otorgamiento de concesiones para la construcción de marinas en bienes de dominio público, de previo a la aprobación definitiva de una evaluación de impacto ambiental por la autoridad técnica competente… es violatorio del derecho a un ambiente sano y del derecho a la participación ciudadana de la población que eventualmente podría resultar afectada por dicha concesión”.
Indicaron también que, a pesar de que la Sala IV había ordenado consultar a las Municipalidades, éstas fueron avisadas en un momento en que ya no se le podían hacer cambios al texto de la ley, por lo que sus respuestas y sugerencias, quedan como un formalismo, pero sin posibilidad real y efectiva de incidir.
“Se burlaron de los gobiernos locales, ya que de hecho quedaron imposibilitados de participar en la formación de la voluntad legislativa, sobre los aspectos del proyecto que afectan su autonomía municipal”, dijo el legislador Merino del Río.
