Antonio Ortega Gutiérrez.
El pasado viernes 3 de noviembre, por medio de su Presidenta Ejecutiva, Irene Cañas, el ICE anunció que el polémico Proyecto Hidroeléctrico Diquis quedaba cancelado; dicha obra pretendía ser la más grande de Centroamérica en su campo, causando un gran impacto ambiental en la región.
Esta fue detenida, años atrás, por la no consulta a las comunidades indígenas de la zona por parte de la institución. Además de que al día de hoy nunca quedó demostrada la verdadera necesidad de la apodada “gran batería”, en la se perdieron 146 millones de dólares.
La cancelación de este proyecto significa un triunfo a los pueblos indígenas y los movimientos sociales que se movilizaron en su contra, y sitúa otra vez el debate en la necesidad (o no) de incrementar la generación de este tipo de energías, máximo a que ya quedó demostrado su impacto en el cambio climático.
Pero la historia no acaba ahí. Al anuncio, también se sumaron la cancelación de las plantas térmicas San Antonio y Barranca por ser ineficientes, además del atraso de tres años del Proyecto Borinquen I en Cañas Dulces de Liberia. Cañas señaló que para los próximos días la benemérita institución presentará la estrategia corporativa 2019-2023, la cual se basará en “la sostenibilidad de sus operaciones”.
Muchas veces se ha dicho que los peores enemigos de las instituciones públicas están dentro de éstas, tomando importantes decisiones, con alevosía o inoperancia. En este caso, es imposible no preguntarse por los responsables técnico-políticos de los número rojos que atraviesa el ICE.
Uno de estos es el señor Luis Enrique Pacheco Morgan, quien entre los años 2008 y el 2013 fungió como Director de Proyectos y Servicios Asociados, para asumir en el 2013 la Gerencia de Electricidad, cargo que en el 2017 cambió de nombre, para llamarse ahora Director Corporativo de Electricidad. Pacheco, pese a pensionarse en junio del presente año, a la fecha se mantiene en su cargo de forma ad honorem, y desde esta figura, tan poco usual para un puesto de tanta relevancia, se mantiene tomando importantes decisiones. Pacheco, en el 2014, asumió la presidencia del comité regional de CIER para Centroamérica y el Caribe (CECACIER), que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que reúne organismo y empresas del sector energético de la región.
La Comisión de Control e Ingreso del Gasto Público debería llamar en audiencia al señor Pacheco, lo mismo que al señor Javier Orozco, Director de Planificación Eléctrica y al propio Consejo Directivo. ¿Cómo es que dejaron pasar tantos años donde toda Costa Rica sabía las dificultades que enfrentaba PH Diquis. ¿Por qué no alertaron y detuvieron la fuga de dinero?
“Las Tres Grandes Letras”, como mi padre llama a la institución de la cual es pensionado, tiene un enorme potencial y cuenta con las condiciones tecnológicas para seguir siendo vanguardia del desarrollo nacional. Hemos sido testigos en diferentes momentos de la capacidad y entrega del ICE, hoy quisiéramos ver a la institución incursionando en nuevas áreas y mercados, porque tiene potencial de sobra, por eso es que duele y debe importarnos y ocuparnos los anuncios hechos.
En Costa Rica, ha existido en las últimas décadas un asedio abierto contra el Estado Social de Derecho y sus instituciones, las propuestas que circulan en la Junta Directiva de la CCSS que comprometerían seriamente su funcionamiento, son un claro ejemplo de esta estrategia. Hay a quienes les sirve que se imponga la visión en la ciudadanía de un Estado ineficiente, torpe y corrupto. Muchos de estos han gozando de tener “puertas giratorias” que les permite tomar decisiones desde el Estado para luego hacer negocios desde lo privado.
Las Naciones Unidas, por medio de su relator especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston, manifestó hace pocos días cómo la privatización generalizada de los bienes públicos liderada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han vulnerado sistemáticamente la protección de los Derechos Humanos en muchas sociedades, provocando una mayor marginación de aquellos que viven sumidos en la pobreza.
En nuestro país se han fetichizado la privatización y los recortes, basta con ver los aplausos de algunos sectores cada vez que la ministra de Hacienda muestra las tijeras. Los números rojos del ICE serán gasolina para editoriales y tribunas que se frotan las manos con el negocio energético y de las telecomunicaciones, lo mismo que con la medicina privada. Habrá que pedirles cuentas a los responsables. Y la ciudadanía tendrá que salir otra vez a defender a nuestra instituciones.
Ni la corrupción ni la inoperancia deben tolerarse, ya que son la bisagra del saqueo privatizador.
