- Acción fue presentada por dos Asociaciones con el apoyo de la diputada Patricia Mora
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La Sala Constitucional acogió para su estudio una Acción de Inconstitucionalidad presentada contra la creación del Consejo de Transporte Público (CTP); señalando que el texto final de la Ley de Taxis que creó dicho Consejo violentó los principios de conexidad; de participación política democrática, el deber de consulta a la ARESEP y el principio de publicidad.
La Acción fue presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores de los Servicios Públicos de Pérez-Zeledón y por la Asociación Nacional de Transportistas “ANATRANS”, con el apoyo legal del despacho de la diputada frenteamplista Patricia Mora.
Ambas asociaciones argumentan que impugnan estas normas, por la defensa de los derechos e intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios públicos y argumentan una afectación directa por el trámite inconexo, atropellado e inconsulto de la Ley de Creación del CTP y por la integración sesgada y parcializada de su junta directiva.
En 1999, cuando ingresa el proyecto de la Ley de Taxis en la corriente legislativa, en cuestión de días el gobierno introdujo un texto sustitutivo completamente distinto al objeto de la ley original, en el cual le quitaron competencias a la ARESEP y propusieron crear el CTP, conformado por representantes de los empresarios, con un presupuesto y personería jurídica propios e independientes del Ministerio de Obras Públicas para tratar no solo lo relativo a los taxis sino al transporte de buses también, sin que los usuarios de los servicios fueran consultados.
Según la diputada Patricia Mora “Quiero señalar que no estamos impugnando el resto de normas de la Ley de Taxis, que regulan la asignación de concesiones de taxi y las sanciones contra taxistas informales, sino los artículos que crean la figura del CTP, porque con su creación se corporativizó la regulación. La integración del CTP con representantes de quienes deberían ser fiscalizados, ocasiona un grave perjuicio a las personas usuarias del servicio de transporte público, la función de velar por la calidad del servicio y tramitar las denuncias por incumplimiento de las obligaciones legales son estudiadas por los mismos empresarios”.
Otra de las razones por las que se solicita el cierre del CTP, es que el análisis más reciente de la Contraloría General de la República (CGR) del 2014 advirtió que existía una desvinculación entre la ejecución presupuestaria y la planificación institucional que reflejaba que las metas solo lograban alcanzarse en un 50%, pero que el presupuesto se ejecutaba en un 95,9%. Es decir, la estructura del CTP está creada para no funcionar. Pese a que los directivos reciben dietas millonarias.
“Obviamente el CTP no tiene interés en fiscalizar el transporte público, pese a que solo por el pago de cánones, recibe más de 3600 millones de colones anuales. Es necesario cerrarlo y fortalecer las funciones regulatorias del Estado en materia de transporte público”, argumentó la diputada Mora Castellanos.
