Hoy vivimos una situación mundial muy apremiante, para nadie es un secreto que la pandemia ocasionada por la enfermedad de COVID-19 ha traído una realidad compleja con una “nueva normalidad”, en la que nadie se siente cómodo y logramos conllevarlo de maneras muy distintas. Hoy en Costa Rica salen a la luz muchas situaciones que se escondían en el “pura vida” desde hace muchos años, relacionados especialmente con la desigualdad en el país.
A pesar del manejo y la contención dada durante “la primera ola” reconocida internacionalmente, la ONU atribuía este éxito a una priorización de la salud, decisiones tempranas y basadas en evidencia, una fuerte institucionalidad y la disciplina poblacional.
Conforme se realizaba el levantamiento de restricciones, se aclaraba que estas medidas se aplicaban a partir de criterios técnicos de manera que se liberaran conforme al descenso de los casos, pero que podrían aumentar nuevamente las restricciones conforme a la presentación de los mismos. Con el aumento diario no solo en los casos sino ya de personas internadas, en cuidados intensivos e incluso muertes, es más que evidente la necesidad de mantener ciertas restricciones y valorarlas según la dinámica y capacidad hospitalaria, especialmente cuando las afectaciones entre el personal de salud hace necesario redistribuir el personal e incluso puede limitar servicios como salas de cirugía para la atención de emergencias.
La preparación y medidas tomadas desde la llegada del virus al país por parte de la Caja ha sido bastante significativa desde hace varios meses, siendo la principal responsable del admirable manejo que sigue manteniéndonos en una tasa de fallecimientos baja, a la vez que con acciones que permiten un abordaje nacional a las personas que requieran de los servicios y que, de momento, no nos acercamos a situaciones regionales trágicas como el caso de Honduras, por dar un ejemplo.
Sin embargo, es notorio como el gobierno se sigue alejando de esa “priorización de la salud” que mencionaba la ONU y se sigue empeñado con mantener las mismas políticas económicas que fomentan la desigualdad. Mientras que por un lado habla de “solidaridad” y que “todos debemos aportar”, en la práctica persiste en la estrategia de que la austeridad es la manera de sobrellevar la crisis, cargándola además en las clases medias y en el sector público, cuando es notorio con ejemplos internacionales que un sistema público de salud y un Estado que colabore y garantice un ingreso mínimo, es la manera en la que se puede realizar una cuarentena y mantener un aislamiento que sabemos que no terminará pronto.
Mientras se siguen presentando proyectos que en lugar de aumentar disminuyen el presupuesto de la Caja, el gobierno mantiene que estas propuestas aunque sean imperfectas, son “las medidas que ponen sobre la mesa”, como afirmaba la Ministra de Planificación ante la Asamblea Legislativa. A pesar de haber otras propuestas de ley que buscan medidas solidarias donde las grandes riquezas contribuyan, y no, no hablamos de empleados públicos que ganan más de 2 millones de colones, aunque claramente pueden y deberían contribuir según sus posibilidades, sino de ese 0.2% de la población que representan las verdaderas riquezas del país, donde solo 3 ticos ganan lo que dos millones de ticos juntos.
Las medidas gubernamentales enfrascadas en las redes paralizantes de la economía ortodoxa que sigue queriendo debilitar la institucionalidad pública, hoy es incluso criticada por el mismo Liberación Nacional, quienes no necesariamente han contribuido a su fortalecimiento en el pasado. Es necesario, y esperamos por el bien del país, que se escuchen esos otros sectores que esperamos que tanto el gobierno como la Asamblea se muevan hacia una agenda solidaria que procure reducir los daños de esta pandemia a nivel general y no solo velar por ciertos intereses cuando estamos ante una crisis nacional que nos afecta en todas las esferas.
La pandemia se debe contener principalmente en las comunidades, previniendo enfermarnos más que con la habilitación de nuevas camas, como bien reconocen nuestros líderes en salud, pero es imperioso que el gobierno lidere esta dirección. Mientras que el presidente solicita a la Caja mantener la rebaja en el aporte de las cuotas (su financiamiento) con la promesa de una compensación en el próximo presupuesto extraordinario que se presente, no deja de generar una sensación de angustia ante las dificultades para que se aprueben los recursos a la institución, a la vez que los mismos proyectos de ley que fomenta el ejecutivo, como la reducción de jornada, generarían un impacto negativo en las finanzas de la misma Caja que “no fueron tomados en cuenta”.
Ante estas medidas donde parece “momento oportuno” reducir los ingresos de la institución que está conteniendo gran parte de la lucha contra el COVID-19, es lamentable que el presidente insista que no es el “momento oportuno” que quienes más tengan sean solidarios. Recalco, ese discurso no aplica para todos por igual. Mientras que los sectores que se oponen a los impuestos a las riquezas son sectores cercanos al gobierno, quienes a la vez poseen deudas millonarias con la misma Caja; el presidente insiste repetir la historia de “primero reducimos el gasto y luego combatimos la evasión”, “primero aprobamos el plan fiscal y luego los impuestos a las cooperativas”, y demás estrategias que nunca llegan a continuar después del primer paso. Hoy nos dice primero endeudémonos con el FMI y “luego” veremos el tema de las riquezas, cuando toda la gestión de este gobierno pareciera indicar que esas medidas no tendrán “momento oportuno” durante la misma.
Con la entrada a sesiones extraordinarias en la Asamblea, el gobierno presentó una agenda nuevamente enfocada en la reducción de ingresos de sectores medios que se mantienen a duras penas, a la vez que omitió importantes proyectos como moratorias a créditos o sobre pago de alquileres. Las tensiones sobre para quién se gobierna son cada vez más notorias, y ha hecho que el gobierno plantee la necesidad de políticas de corte progresivos, aunque no se especifique con claridad sobre cuales proyectos o cómo se avanzaría en esta línea.
El éxito de nuestro país, con la reconversión de hospitales, habilitación de camas y recurso humano, producción de anticuerpos a partir de plasma equino, producción de fármacos contra el COVID, desarrollo de ventiladores nacionales y muchas otras medidas, hoy son resultado gracias a la fortaleza de la institucionalidad pública que tenemos y que es tan fuerte que ha sobrevivido años continuos de debilitamiento, aún en momentos de crisis como los que vivimos, y no es necesariamente producto de las medidas adoptadas por este gobierno. Avanzar en el pago de la deuda histórica de la Caja es más que necesario, aunque realizarlo a partir de más deuda y con condiciones no claras mantiene dudas del proceso.
Como profesional de salud, no puedo hacer más que unirme al llamado de que hagamos todo lo posible para no tener que vivir la experiencia de estar hospitalizado o en un servicio donde el personal da todo de sí por mantener con vida a cada persona que llegue, pero para evitar estos escenarios es indispensable garantizar el ingreso mínimo que permita que todos y todas puedan realmente tomar medidas de aislamiento, reactivar la economía con medidas paulatinas, protocolos estrictos y con un aporte real de todos los sectores, y no solo de las clases bajas y medias.
Decir y creer que la salud es un derecho siempre va a ser fundamental en la práctica sanitaria y en el desarrollo de políticas públicas, pero, ¿un derecho para quién o quiénes?, ¿somos todos iguales en el acceso a la atención y gestión de nuestra propia salud?, ¿es compatible un modelo económico que apela al egoísmo y la acumulación de riquezas con esta visión? Encontrar las respuestas no es fácil, y llevar la vivencia de asumir la salud como derecho a la práctica y a la realidad, lo es aún menos. Sin embargo, parafraseando a Galeano, “… para eso sirven las utopías, para caminar”.
- Gerald Ramírez Gómez. Licenciado en Enfermería.
