Osvaldo Durán Castro
Asoc. PROAL
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Lo público no se reduce a lo estatal
“Que el agua sea pública no significa únicamente que sea controlada por el Estado.Y mucho menos debemos reducir lo público a lo estatal, en tiempos en que muchos Estados han sido secuestrados por grupos de poder con vocación privatizadora y desnacionalizante” (PROAL. Mundo verde.Marzo 2006
Al AyA se le puede achacar ser una institución ineficiente y sin los recursos suficientes para atender sus obligaciones. Que se ha venido convirtiendo en una entidad concentradora del patrimonio de las ASADAS, obligándolas a firmar un Convenio de Delegación que prácticamente coloca todos bienes de éstas bajo su control, en tiempos en que la descentralización pública –no la concesión privada- debería ser un mecanismo eficaz para elevar la participación y la responsabilidad ciudadana. Esto es un serio riesgo porque si la entidad defiende intereses corporativos privados, la sociedad costarricense, y las ASADAS y el agua pública en última instancia, quedan indefensas, controladas y “durmiendo con el enemigo”. AyA no ha sido contundente y ha dejado solas a las comunidades en la defensa del agua, y hasta ha actuado en contra de ellas en sus luchas ante proyectos turísticos y productivos (Monte verde, Lorena en Santa Cruz, Barva de Heredia, piñeras, hidroeléctricas, mega-hoteles, marinas, chancheras, tajos, empresas contaminantes, etc
Pero nunca antes AyA se había despojado tan grotescamente de sus obligaciones de entidad estatal y de servicio público para convertirse en aplicada sirvienta de los empresarios privados.El faraónico e ilegal acueducto de AyA y los empresarios privados para sus proyectos en Ocotal y el Coco, evidencia que la entidad estatal actúa como parte del Estado secuestrado por el capital privado. Esto es perfectamente coherente con la lógica del modelo neoliberal que promueve todas las formas posibles de desestatización, privatización, concesión, concentración de riqueza, etc, incluyendo el agua como mercancía y negocio lucrativo. Esta es una muestra clara de la fusión público-privada que el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,PNUD, en su Informe de desarrollo humano (2003) señala como “fracaso social. Cualquier forma de sociedad del AyA y el Poder ejecutivo con empresarios privados del Grupo Mapache, que son los favorecidos, resulta ser una forma de privatización del agua. Esas sociedades público-privadas son promovidas por la Global water partnership, GWP, entidad de la que la diputada oficialista Ballestero –que irónicamente “representa” a Guanacaste- ha sido funcionaria. Su argumento es “mejorar la gobernabilidad del agua”, pero el resultado real en los países en los que se ha aplicado, es que agravaron la exclusión de la gente más pobre, subieron las tarifas de manera prohibitiva, no mejoraron los sistemas de saneamiento, demostraron ser ineficientes, irresponsables, corruptas, etc.
Esa vocación privatizadora del Estado también queda establecida en el proyecto “mejorado” de ley de recurso hídrico que el MINAE entregó al Legislativo, y en los planes oficiales para elevar la explotación energética del agua, favoreciendo al sector privado. La complicidad y la fusión operativa del Estado con el capital privado, han permitido un crecimiento de enclave, excluyente, concentrador y desnacionalizador de la riqueza, que convirtieron a Guanacaste en la provincia más pujante en cuanto a la atracción de inversión privada, pero con la gente originaria más pobre del país. Esas fortunas no se hacen solas: se hacen sobre la espalda de la gente humilde y la usurpación de la naturaleza.
AyA está apoyando obras privadas que ni siquiera cuentan con los estudios indispensables. No sólo no cumple sus propias funciones sino que además intenta desconocer los mandatos de otras entidades como SETENA. En el informe rendido por SETENA a la Sala Constitucional, como parte de la indagatoria que abrió el Recurso de amparo interpuesto por la Confraternidad guanacasteca (Expediente No. 08-005154-0007-CO), SETENA indica: “En el caso que corresponde a la explotación del acuífero del Tempisque y específicamente en la zona de Sardinal, estos estudios NO han sido presentados al SETENA para su valoración, por lo que, continuar con las obras sin contar con todos los elementos que garanticen la protección del ambiente y específicamente, los mantos acuíferos, representa una situación de riesgo. A esto se suma la negligencia y defensa de los mismos intereses privados por parte de la Municipalidad de Carrillo que, lejos de planificar, más bien estimula el crecimiento desordenado del mega-turismo.
Sardinal es una lucha de alcance mundial
“Ante los negocios privados locales y transnacionales del agua las organizaciones comunitarias que participan en su manejo, como las ASADAS en Costa Rica, son las que mejor pueden asegurar la propiedad comunitaria del agua, su condición de servicio público y el principio de que sea un derecho humano fundamental” (PROAL. Mundo verde. Marzo 2006)
Los argumentos del miedo: “extrema izquierda”, instigación foránea, etc, igual que el ofrecimiento de un acueducto mejorado, ofenden la inteligencia colectiva de la gente de Sardinal y de todo el país (¡les falta decir que somos de las FARC, narcos, terroristas; la intifada de la pampa, etc, etc. Cada persona de Costa Rica tiene pleno derecho de participar en esta lucha, que ahora se manifiesta en este episodio comunitario, pero que es nacional y mundial. Ante el auge de la protesta y la resistencia social, el gobierno acusa, asusta y trata de aislar y callar a Sardinal, porque sabe que este foco de conflicto provocado por su favorecimiento y defensa de los intereses privados, tiene alcances mucho mayores que los linderos de Guanacaste.
La participación ciudadana responsable y la inteligencia colectiva de nuestro pueblo, hace apenas unos meses fue contundente con la derrota del TLC en Guanacaste. Ese tratado es la expresión más acabada del modelo de economía que pretenden imponernos, y que convierte el agua en simple objeto de lucro nacional y transnacional, como ya está quedando absolutamente claro. Efectivamente lo que están haciendo es saqueando y despojando a las comunidades del agua a la que tienen derecho prioritario, para entregársela a las empresas privadas. Si eso no es privatización ¿cómo se llama? Por eso, intentar taparle la boca a Sardinal con infraestructura –ésa es la talmeca-, además de ser ofensivo, resulta ingenuo por parte del gobierno, porque tanto en esa comunidad, como en todo el país, ya se está comprendiendo que el plan de subasta privada del agua es parte de los negocios de la administración actual, y de la extensa red mundial de mercaderes privados que incluye corporaciones, bancos multilaterales, político-as, organizaciones civiles, etc
La participación ciudadana de las comunidades de Lorena-Santa Cruz fue lo único que puso límites al asalto del agua del acuífero Nimboyores. Ésa es una lucha vigente y es un aprendizaje acumulado; como quien dice “nadie nos quita lo bailado”. La participación ciudadana es también lo que está dejando al descubierto la fusión Estado-privados que opera en contra de Sardinal, de Guanacaste y del país. Esa participación es una responsabilidad irrenunciable y es un derecho nacional ya refrendado por convenios internacionales, como el Convenio de Río. Es la participación social la que está creciendo como movimiento social de defensa y des-privatizador del agua desde Bolivia, Argentina, Uruguay, Filipinas, Sudáfrica, India, etc, etc; de tal forma que Sardinal es un movimiento de lucha con alcance global.
Si AyA ofrece más de 500 millones para mejorar el acueducto de Sardinal, lo primero que demuestra es que sí puede gestionar recursos y que por tanto ha sido negligente en la atención de necesidades en otros sitios del país. Pero no en todo lado hay de fondo meganegocios, y por lo tanto tenemos que resolver por otras vías legales y limpias las carencias sociales. Si en todo el país se aplicaran al menos 5 condiciones –entre muchas otras- habría plata suficiente para atender las necesidades de agua en cantidad, calidad y servicio permanente por parte de todas las entidades administradoras: AyA, ASADAS, Comités, etc, y entidades privadas que la explotan y lucran con ella. Estas 5 condiciones mínimas son:
protección efectiva de los ecosistemas que garantizan el ciclo vital del agua, aplicando, mejorando y creando nueva legislación nacional,
planificar la utilidad del agua (comúnmente se dice uso, como “valor de uso” de las cosas creadas) desde una visión ecosistémica de cuencas, incluido el balance hídrico actualizado, y asegurando la participación ciudadana,
-definición de utilidad del agua priorizando el consumo humano y doméstico comunitario, agricultura para la seguridad y la soberanía alimentarias, energía, turismo, agroindustria, etc, etc, bajo la concepción de agua como derecho humano
-tarifas diferenciadas para distintas utilidades del agua sin exclusión de ninguna utilidad según prioridades y disponibilidad del líquido, y
-pago efectivo según tipo y niveles de consumo, aplicado especialmente a los proyectos privados de todo tipo que utilizan y se apropian del agua para su lucro privado sin pagar lo que por ley, y sobre todo, por equidad, deberían.
Pero lo que tenemos en este país es un sistema de subsidio indirecto de los más pobres a los más ricos, y entre esos ricos están los empresarios del megaturismo que han convertido a Guanacaste en una plaza de enclaves excluyentes sin beneficio para su propia gente. Al pueblo de Guanacaste no le sobra la plata, para fachentear como turistas en los hoteles cercanos al mar”, como indica Álvaro Villegas en “Grito de la pampa
Mejorar, construir, remodelar, etc, el acueducto Sardinal o cualquiera otro, sólo puede ser aceptado como cumplimiento de obligaciones por parte del AyA, pero nunca como un soborno o regalo y menos como un tapabocas. Si AyA mejora Sardinal, esto debe ser ejemplo para que muchas más ASADAS y comunidades exijan el mismo derecho. El carácter público del agua y su condición de derecho humano inalienable, tiene que ver fundamentalmente con la participación efectiva de la población para asegurar su propiedad colectiva, su administración y manejo solidario, justo y equitativo. Hace apenas unos años, arrancado la etapa final de la gesta contra el TLC, era claro que el futuro de agua en Costa Rica incluiría el enfrentamiento directo de los pueblos con los negocios privados. En Sardinal se vive ese futuro, pero el pueblo está defendiendo sus legítimos derechos.
La lucha de Sardinal revela la corrupción política, el favorecimiento de los privados, el desprecio de las comunidades, la negligencia municipal, etc, a tal grado que La Defensoría de los habitantes presentó una Coadyuvancia al Recurso de amparo de Confraternidad Guanacasteca (Exp. No. 08-005154-007-CO). AyA defiende y está aliada con los negocios privados. Esto la hace incompetente para resguardar y atender los derechos y necesidades de las comunidades. En todo caso, aún podría salir bien de este trance retomando su sentido social, y en esa recuperación deberían involucrarse plenamente los y las trabajadoras de la institución. Al Presidente ejecutivo, que olvidó sus obligaciones de empleado público y por escogencia y voluntad política hace de peón de los acólitos privados del gobierno de los Arias, tenemos que exigirle su inmediata renuncia recordándole a Don Pepe: lo mejor que puede hacer es irse.
* Talmeca es una tabla sujeta a la nariz de los-as terneros-as que les impide mamar. Alvaro Villegas en “Grito de la Pampa” escribe: “Despierta hermano guanacasteco, despierta de tu espíritu indómito, suéltate el bozal, quítate la talmeca, demuestra tu coraje y altivez Chorotega”.
