Comunicado de la Comisión Política de Frente Amplio
Ante las propuestas publicadas por el Gobierno para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Frente Amplio manifiesta:
- La pregunta es: ¿No más impuestos para quién? No más impuestos para la clase media ni para los hogares más pobres, pero las grandes riquezas sí deberían gravarse y sí se requiere fortalecer las muy necesarias medidas anti fraude fiscal.
- El problema fiscal es real. De acuerdo con las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, el año 2020 podría acabar con un déficit financiero superior al 9% del PIB y una deuda superior al 70% del PIB. Ambos números son un problema serio que no debe ser tomado a la ligera. Nuestra situación fiscal actual es aún peor que la que teníamos hace 2 años en medio del debate de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como combo fiscal.
- Es imperativo señalar que esta situación fiscal es responsabilidad de las élites que han gobernado durante décadas y su deficiente gestión sobre el Ministerio de Hacienda. Han sido incapaces de reducir las vergonzosas cifras de incumplimiento tributario, que ascienden a varios puntos del Producto Interno Bruto. Además, su oposición a medidas para combatir el fraude fiscal ha causado una gravísima erosión a las finanzas públicas. Este problema perjudica a los sectores más vulnerables ya que afecta la capacidad del Estado de brindar servicios públicos esenciales.
- Sobre la propuesta anunciada por el Gobierno, observamos que propone varios impuestos con fuerte inclinación regresiva (con cargas proporcionalmente más pesadas sobre sectores de menores ingresos), como el impuesto a los bienes inmuebles y el impuesto a las transacciones que deben ser radicalmente transformados de forma tal que se garantice progresividad. Por ejemplo, que el impuesto adicional de bienes inmuebles solo aplique a casas de lujo y que el impuesto a las transacciones solamente aplique a las grandes transacciones especulativas, de la Bolsa de Valores e interbancarias. Al mismo tiempo, nos preocupa que la propuesta incluye iniciativas que rechazamos contundentemente por nuestra vocación democrática, como la privatización de empresas públicas como FANAL, los recortes asociados a la aplicación austericida de la regla fiscal, la anti-democrática “Ley de Empleo Público” y el proyecto de jornada de 12 horas. Rechazamos, además, la venta de activos del Estado que realizan grandes aportes a las finanzas públicas mediante impuestos o contribuciones de sus utilidades, como el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros.
- Adicionalmente, contempla algunas medidas con potencial progresivo (donde las cargas se distribuyen con justicia, proporcionalmente al ingreso de cada sector y quienes más tienen pagan más) como el impuesto extraordinario de renta, la renta global y la devolución del IVA pagado por hogares pobres en la canasta básica que requieren ser pulidas y afinadas para garantizar progresividad plena.
- Esta mezcla de iniciativas ha generado dos reacciones que son simultáneas pero que, de fondo, son profundamente diferentes. Por un lado, la derecha neoliberal ha reaccionado con mucho enojo. Su rechazo rotundo a la propuesta de Gobierno se debe a que tenía la expectativa de que esta fuera una oportunidad para consolidar su anhelada agenda: venta de empresas públicas como Kolbi o el BCR, despidos masivos y cierre de instituciones. Del lado de los ingresos esperaban que el peso se pusiera en el IVA, evidenciado en las recientes declaraciones de la Superintendente Rocío Aguilar que afirmó que el IVA debería ser mayor. Les ha molestado profundamente que en el impuesto extraordinario de renta se incluyera no solo gravar a las clases medias (las cuales, poco o nada les interesa), sino también a los tramos más altos de riqueza (tanto en personas jurídicas como físicas). La derecha está enojada porque esperaba una propuesta más regresiva.
- Por otro lado, los sectores populares, los hogares más pobres y de clase media, personas trabajadoras, dueños de micro y pequeñas empresas y pequeños productores agropecuarios también han reaccionado con enojo, y con justa razón. Su rechazo proviene de la evidente regresividad que tienen varios de los impuestos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. El Frente Amplio se suma a esa indignación colectiva. La iniciativa del impuesto extraordinario sobre la renta está gravando a la clase media, el impuesto a las transacciones fue diseñado de forma tal que también grava el retiro de efectivo en cajeros automáticos y el pago con tarjeta en los supermercados, perjudicando a los hogares de menores ingresos y fomentando la desbancarización de los sectores más vulnerables. Varios de estos sectores señalan el faltante de medidas mucho más densas en materia de fraude fiscal y la necesidad de garantizar mayor progresividad .
- Dado lo anterior, el Frente Amplio rechaza la propuesta que ofrece el gobierno de Carlos Alvarado al FMI si se mantiene como una unidad por su evidente regresividad e injusticia tributaria que continúa recargando el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables, venta de valiosos activos del Estado, regresión en derechos laborales y empeoramiento de la calidad de vida de los sectores medios y más empobrecidos de la sociedad.
- Las propuestas publicadas por el Gobierno para iniciar negociaciones con el FMI deben valorarse de una en una, para hacer un balance minucioso y serio. Debemos combatir aquellas que dañan a los sectores más vulnerables, que erosionan el cumplimiento de derechos y el Estado Social de Derecho. Debemos exigir el mejoramiento de las propuestas que tienen potencial para distribuir las cargas de manera justa, haciendo que los aportes sean según la capacidad económica de cada quien (progresivos).
- Debemos decir con claridad y honestidad que Costa Rica se enfrenta a un reto gigante y que desde el Frente Amplio lo asumimos no desde la dicotomía “negociar con el FMI/no negociar con el FMI” si no como el momento de construir una salida justa a la crisis. Para eso requerimos un análisis sensato y la unión entre quienes queremos un Estado Social de Derecho fortalecido y que asegure salud, educación, justicia, y oportunidades, sin hacerle el juego a quienes quieren impulsar su “estrategia de las patadas”.
Compañeros y compañeras, unamos esfuerzos en estos duros momentos que requieren de sensatez, compromiso y organización. Hacemos un llamado a los sectores populares y progresistas al estudio colectivo y a la organización popular que defienda los intereses de las grandes mayorías sobre los intereses de las élites dominantes. La manifestación pacífica (tomando todas las prevenciones sanitarias) será un instrumento necesario para exigir al Gobierno que escuche el clamor popular por una solución justa a la crisis. Es importante señalar que las medidas anunciadas por el gobierno no son exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Son nada más las propuestas que ofrece el Presidente Carlos Alvarado a ese organismo. Existe un espacio para construir acuerdos pluralistas a partir del diálogo y exigimos al gobierno que se abran esos canales.
