Orlando Barrantes es un dirigente social y político perseguido por la justicia desde hace 22 años, en otro caso de evidente intento de criminalizar la protesta social en Costa Rica. No ha existido “justicia pronta y cumplida”, si la hubiera hace muchos años se habrían desestimado los cargos, que de manera evidente fueron inventados por la policía y que por esa razón nunca han sido probados.
El 12 de diciembre del año 2,000 se efectuó una manifestación pacífica de obreros bananeros afectados por el Nemagón y campesinos pobres que luchaban por la titulación de tierras. En esa protesta participaron también ex ferrocarrileros y personas trabajadoras de la provincia de Limón. Hubo un enfrentamiento en el que algunos policías antimotines fueron retenidos por la multitud. El Ministerio Público calificó de “secuestro extorsivo” lo ocurrido, y pidió 60 años de cárcel para Orlando Barrantes y un regidor local.
En el transcurso de estos 22 años Orlando Barrantes ha sido sometido a juicio ocho veces ante los Tribunales. En algunas ocasiones ha sido absuelto y, en otras, condenado. Ha estado privado de libertad o con medidas cautelares como no poder salir de su cantón. Ahora, a partir de setiembre de este año 2022, es juzgado de nuevo, no porque haya cometido algún delito, sino por actos de persecución de la lucha social y política.
Orlando Barrantes en la actualidad es coordinador del Bloque de Vivienda, una agrupación que reúne comités de lucha por vivienda digna de todo el país, que se opone a los recortes presupuestarios al BANHVI; y dirigente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), un partido político con asiento en la provincia de Limón, que se opone a los convenios con el FMI.
Desde la Comisión Política del Partido Frente Amplio expresamos a Orlando Barrantes, al Bloque de Vivienda y al MTC, nuestra solidaridad. Llamamos a la opinión pública y a los movimientos sociales a pronunciarse por la libertad definitiva de Orlando Barrantes y la desestimación de los cargos inventados que se le imputan. Esperamos que cesen en Costa Rica la persecución política y los intentos de criminalizar la protesta social.
Comisión Política del Partido Frente Amplio
