Los disturbios de Stonewall constituyen un punto de ebullición clave en la consolidación de lo que en aquellos años se llegó a llamar en Estados Unidos: el Movimiento de Liberación Gay. Los actos de desobediencia civil y resistencia, protagonizados por hombres homosexuales sin techo, mujeres trans, drags y lesbianas empobrecidas, afro o migrantes, fueron la reacción ante el odio institucional y cultural, el sexismo, la discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género, el racismo y el clasismo que orientaban el ejercicio de las funciones de agentes y funcionarios de gobierno y policía.
A la patologización y criminalización de prácticas contrarias a la “moral y las buenas costumbres” hay que sumar el macartismo institucional, que además de personas sospechosas de actividades y afiliación comunista, fijó como blanco de sus prácticas persecutorias a personas homosexuales, un término que se usaba como sombrilla para englobar a trans, trabajadoras sexuales o artistas y performers drag; incluso, a principios de los 50, el presidente Dwight Eisenhower vía orden ejecutiva prohibió a personas homosexuales ejercer cargos de gobierno, en nombre de la “seguridad nacional”.
Ahora bien, la resistencia de las minorías sexuales empobrecidas y racializadas, no fue un hecho aislado. Los años 60 estuvieron marcados por el repunte y profundización de múltiples movimientos sociales y políticos que desde hacía décadas exigían el reconocimiento de ciudadanía plena y derechos.
Desde las vetas del black power: los movimientos por los derechos civiles y económicos de las personas afro en Estados Unidos; pasando por la consolidación de lo que hoy conocemos como feminismo de segunda ola, resultado de la salida masiva de mujeres del ámbito doméstico al mundo del trabajo y la educación universitaria; hasta los activismos y movimientos pro-desarme, antibelicistas y críticos de los modelos metrópoli-colonia y protectorados. 
En ese marco se inscriben los disturbios y el trabajo político y activista posterior al 28 de junio del 69, donde el Frente de Liberación Gay, por ejemplo, se acercó y trabajó en conjunto con las Panteras Negras a inicios de los 70. La resistencia se extendió y tuvo que asumir y enfrentar los estigmas que sobrevinieron después, en el marco de la pandemia del llamado “cáncer gay” en los 80. Esa lucha colectiva contra la clandestinidad, las redadas, la patologización y la criminalización, para existir públicamente sin temor al oprobio, la discriminación cultural e institucional y la violencia física, no se limitó a los Estados Unidos.
En nuestro país, no es casual que la historia de resistencia de minorías sexuales previo a los 80, esté marcada por los vacíos, el silencio y las omisiones; la persecución del delito de sodomía -consignado en el Código Penal hasta el 2002-, consiguió borrar casi en su totalidad la vida de los y las protagonistas y sus relatos de disidencia y desobediencia civil, nuestro Stonewall criollo.
La homosexualidad en Costa Rica, entendida como una conducta consensuada entre personas adultas, está despenalizada desde principio de los 70. Sin embargo, la despenalización fue insuficiente para impedir la criminalización y persecución, que se tradujeron en las primeras redadas, suscitadas cuando las personas no heterosexuales y trans en esa misma década optan por romper la cárcel del ámbito privado, por dejar de ocultarse, para buscar sitios de reunión -como el histórico bar “La Avispa”- que les permitieran construir redes comunitarias de apoyo y acompañamiento para enfrentar las múltiples formas de violencia que cruzaban por sus cuerpos y vidas.
En aquellos años, la persecución buscaba preservar y proteger “la moral y las buenas costumbres”. Sin embargo, en los 80, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez, la represión se torna más virulenta e insidiosa; en el marco de la epidemia de VIH-SIDA, resultado del estigma y el desconocimiento, funcionarios de gobierno, altos jerarcas del Estado, sectores clericales y conservadores, justifican la intensificación de las redadas y la violencia, así como la política de creación de “Listas de personas sospechosas de infección” del Ministerio de Salud, como una cuestión de sanidad pública.
Ese odio y discriminación estructural y sus correlatos institucionales, se prolonga hasta nuestros días; sin embargo, no hay que desconocer que gracias al esfuerzo y la presión de las organizaciones que comenzaron a consolidarse en los 90, que consiguieron canalizar demandas a través del Estado, a día de hoy las poblaciones LGBTI disponen de más herramientas para denunciar y luchar por la democratización de las condiciones de vida digna. Tampoco hay que perder de vista que en la medida en que rebasamos y superamos dificultades y limitaciones, los retos se actualizan, las formas de violencia se tornan más insidiosas; el activismo LGBTI en su configuración actual, y no solo en Costa Rica, no está exento de reproducir el mismo patrón de poder y de exclusión que cuestiona, que no pocas veces, en determinado momento de la historia, al sistema le resulta rentable colocarse del lado correcto de la historia, y que también le resulta insostenible conservar intactas discriminaciones jurídicas y formales.
El activismo LGBTI debería constituirse en un movimiento por la justicia social en general, porque sus demandas no son abstracciones identitarias ni desconectadas de las necesidades de las clases empobrecidas y racializadas a las que las personas gays, lesbianas y trans también pertenecen. El activismo LGBTI debe cuestionar la inclusión meramente formal y la mortífera industria arcoíris y en lugar de celebrar que personas gays lesbianas y trans se incorporen a la industria militar y de ocupación, debe exigir el desarme y se sumarse a los boicots y a las demandas anti-belicistas, como alguna vez lo hicieron las personas que encabezaron los disturbios que consolidaron un movimiento de liberación de escala global que perdura hasta nuestros días.
Desde el Frente Amplio celebramos todos los avances que se han logrado, tras años de injusticias y exclusión. En la pasada campaña electoral los sectores más conservadores y violentos de la sociedad lograron un importante aumento de su fuerza parlamentaria usando como base el discurso del odio y la exclusión. Seguiremos, como desde nuestro nacimiento en la vida política, comprometidos y comprometidas por el desarrollo de todas las iniciativas parlamentarias, ciudadanas y de políticas públicas que busquen la igualdad de derechos, que persigan la violencia sistémica y que promuevan una Costa Rica donde no existan ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría.
Secretaría General Frente Amplio
Frente de Derechos Humanos de la Juventud Frente Amplio
