En oficio remitido a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) expresó su respaldo a la Ley para promover la participación ciudadana en materia ambiental (Oficio Nº. 6873-TSE-2006, 14 de noviembre de 2006).
El Tribunal Supremo de Elecciones indica que “apoya y comparte el interés del legislador en este tipo de iniciativas que procuran proveer a la ciudadanía de mecanismos o instrumentos de participación en una materia tan sensible como la ambiental”
En su respuesta el propio Tribunal señala que el legislador a través de ese proyecto le encomienda una serie de funciones relacionadas con la organización y desarrollo de las consultas populares que en materia ambiental se vayan a realizar.
El Tribunal Supremo de Elecciones señaló su preocupación en relación con que el proyecto que se le había enviado para su consulta, en el tanto establecía plazos distintos de restricción para realizar las consultas populares según fueran previas a elecciones municipales o a las nacionales . Señalando que de no ser corregido este punto, no podría avalar la iniciativa.
El señalamiento puntual del Tribunal Supremo de Elecciones fue incorporado en el punto 3.4 del artículo 6 bis, indicando que.
“(…) No podrán realizarse consultas populares de conformidad con este artículo dentro de los ocho meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales o a la elección de autoridades municipales.
De manera que se unificó el período de restricción para celebrar consultas
Dicha modificación se incorporó en el texto que hoy solo espera la firma del Presidente de la República para ser publicada, para convertirse en Ley de la República, como una gran conquista de nuestro país, ejemplo reconocido mundialmente en el fortalecimiento de la democracia y en la profundización constante de la aplicación real de ésta. En este sentido se fortalecería otro baluarte que ha exhibido nuestra patria como distintivo en el concierto de las naciones: La consagración como derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El proyecto además viene a consolidar en el ámbito ambiental, mecanismos concretos que hacen más efectiva la participación ciudadana, como un derecho fundamental de la población, tal y como lo incorporó la reforma al párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política, que establece :
“ARTÍCULO 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.
