“ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. (…)” (Constitución Política de Costa Rica de 1949)
El artículo 85 de la Constitución política de Costa Rica fue redactado visionariamente con la idea proteger y fortalecer a las instituciones de formación superior, enmarcadas en el aparato estatal, de posibles políticas que perjudiquen a las universidades públicas y a sus estudiantes. Como está expuesto en el artículo anterior, las universidades tienen constitucionalmente el derecho a recibir financiamiento del estado para continuar con su labor formadora, y además, de tener un autogobierno. Estas ideas, entre otras, plasmadas en nuestra Constitución son probablemente una de las principales las razones del avance y diferenciación regional que ha caracterizado al país en los años posteriores a la formación de la Segunda República.
El enfrentamiento que actualmente se está desarrollando en la sociedad costarricense tiene como uno de sus ejes fundamentales la concepción de sociedad que se quiere imponer y la que históricamente nos ha caracterizado y diferenciado. Una evidencia notoria de esta pugna son las nociones entre las personas sentadas en los curules de la Asamblea legislativa actual y lo que planteó la junta fundadora de la Segunda República.
El ataque escalofriantemente solapado que desarrollan quienes suscriben el último Dictamen de Mayoría sobre el análisis del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) (Comisión Especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FEES, Expediente Legislativo 21. 052) llama la atención en muchos aspectos, consideramos urgente señalar al menos dos: la intensificación en la necesidad de flexibilizar la autonomía universitaria y la inminente “reducción” en el financiamiento de las entidades públicas de educación superior. A continuación haremos una serie de apuntes no definitivos que buscan ampliar la discusión dentro de la sociedad costarricense.
En primera instancia debemos señalar como un elemento de rigor que en este informe se denota no solo la evidente y profunda degradación del nivel de debate político costarricense, sino también una sintomatología mucho más grave que evidencia las intenciones cuestionables de las voces que dirigen el debate público.
El dictamen de mayoría, producto de una supuesta “investigación” de la Comisión especial del FEES fue redactado con una carencia particular de los más básicos estándares investigativos, teniendo una ausencia muy evidente de argumentos técnicos y objetivos. Como una mala broma, en el informe se ataca frecuentemente a la formación humanística que proporcionan, irónicamente, las herramientas básicas de investigación, que los diputados ignoran. Parecemos estar enfrentando un neo-oscurantismo temerario.
El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, por ejemplo, declara abiertamente que “no le interesa si los datos son falsos, y que esto no será un impedimento para votar a favor del informe” (1). Benavides, al igual que los 9 diputados y diputadas a cargo del informe parecen muy ocupados para hacer su trabajo.
El informe señala que, en Costa Rica se requiere fortalecer el sistema nacional de innovación, a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico, ignorando -al parecer- que son justamente las universidades públicas del país las responsables de la mayoría de los avances en este campo(2), por ejemplo “Con más de 1.200 proyectos de investigación en desarrollo, con el respaldo de una gran infraestructura de apoyo y una labor exitosa en transferencia, incubación y emprendimiento, la Universidad de Costa Rica (UCR) cumple con su compromiso de generar conocimiento y aportar en la solución de las diferentes problemáticas del país, además de que se coloca en el primer lugar de la lista de instituciones de Centroamérica con más publicaciones científicas. El aporte de la UCR es de 2.433 publicaciones (21%) del total de publicaciones científicas de la región, Universidad Nacional (UNA) con 486 (4,2%)” (3) (4).
Si en algo podemos tener claridad en este momento del desarrollo de la historia de Costa Rica, es que muchas de las decisiones que se tomaron en la década de los años 40, fueron decisivas para consolidar un Estado Social de Derecho, en este sentido el desarrollo del pensamiento académico fue planteado con una óptica de avanzada y con un sentido libertario, en tanto no debe haber miedo para que exista libertad, y de ahí que exista el derecho de la autonomía para el desarrollo de un corpus que pretende brindar innovación y ser motor del conocimiento de la sociedad. Gran parte de los logros en materia de salud y tecnología los debemos a los profesionales que trabajan en estas instancias investigativas, y por supuesto a las bases sociales sólidas cementadas en la construcción de la Segunda República.
En esta coyuntura del COVID-19, hemos podido evidenciar el grandisimo aporte de las universidades públicas e instituciones estatales al bienestar y avance tecnológico del país. Peligrosamente los diputados y diputadas descartan este valor social de las universidades públicas en este informe de mayoría.
Los diputados y diputadas que redactaron y aprobaron el informe temerariamente buscan sobrepasar sus alcances, sugiriendo incluso modificación a la constitución, sin siquiera apegarse a los elementos básicos establecidos en el artículo 196 de la Constitución.
Por ejemplo, el informe recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades públicas en el régimen de caja única del Estado. Hacer esto sería equivalente a convertir a las universidades públicas en bancos para las demás instituciones del Estado, lo cual acabaría con la autonomía financiera, de nuevo, los diputados y diputadas que apoyan este dictamen desconocen aparentemente la naturaleza formadora de las universidades (5). Al igual que como se ha venido realizando la desfinanciación sistemática de la CCSS, se pretende aplicar la misma lógica neoliberal para acabar con la educación superior pública.
Recomendaciones de este tipo son frecuentes a lo largo del dictamen y apelan a la discusión salarial, sin embargo, como es frecuente, los y las diputadas ignoran datos fehacientes, por ejemplo: en la UCR 4 636 personas o el 47% de los empleados de la universidad reciben una remuneración menor a 1 millón de colones, y el 32% recibe una remuneración de entre 1 y 2 millones de colones. Hay 3 417 profesores en interinato, los cuales reciben en promedio un millón trescientos mil colones, y esta es significativamente la mayor masa de personal docente de la universidad (6).
La discusión salarial debe realizarse, esto ha sido aceptado por las federaciones de las universidades públicas y por los sus rectores, pero para esta discusión existe el marco de la autonomía universitaria, y es en ese marco en el cual debe realizarse, con participación estudiantil y administrativa, de acuerdo con nuestra Constitución y con los valores de diálogo que ha representado históricamente a nuestro país (7).
Por otro lado, se habla sobre acercar las necesidades productivas a las agendas universitarias, como si fueran las universidades las responsables de ofrecer soluciones al sector privado, se pretende enfocar el aparato estatal para beneficiar a los sectores de la producción, y ya no a los individuos. La universidades públicas, como instituciones de formación superior están y deben seguir estando al servicio del país, y no al de empresas privadas con intereses particulares.
Aquí estamos ante una agresión directa a la institucionalidad costarricense y a los principios que han permitido que exista, en Costa Rica, un desarrollo social que pone a los individuos en el centro del aparato estatal.
La perspectiva que manejan los 31 diputados y diputadas que votaron a favor de este dictamen plantea un escenario complejo, donde se utiliza la falacia, la prepotencia y el poder con demagogia en contra de la sociedad costarricense y en contra de los acuerdos fundacionales del conjunto. Es una responsabilidad estudiantil y civil defender lo que constitucionalmente se ha acordado a través de las instancias y vías correspondientes, sin embargo si se agotan esas vías y la demagogia continúa, será necesario evaluar los mecanismos que nos permitan garantizar la constitucionalidad.
Ahora que se aproxima la negociación del presupuesto del FEES debemos prestar especial atención a los actores que protagonizarán en ese escenario, un debate de trascendental importancia, y del cual debemos apropiarnos y hacer escuchar nuestras preocupaciones legítimas.
Fuentes:
https://www.ucr.ac.cr/investigacion/
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/07/26/en-que-se-invierte-el-fees.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4980/498054614006/html/index.html
https://www.ucr.ac.cr/acerca-u/la-u-publica-se-defiende/salarios-ucr.html
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/31852
Sebastián Bermúdez y Fernando Bermúdez . Organización Política Carmen Lyra-Costa Rica.
